México
Descarta Segob poner libertad de mexicanos en manos de la delincuencia
Gómez Mont señaló que el Estado mexicano tiene el dilema de garantizar el principio de proteger a la ciudadanía del crimen organizado
MÉXICO (23/MAY/2010).- El secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, advirtió que los mexicanos no "estamos dispuestos a obedecer a la delincuencia organizada ni poner nuestra libertad, patrimonio y movilidad en manos de grupos de asesinos violentos".
Al participar en una de las mesas de debate del Segundo Foro Político Seguridad y Justicia ante representantes de la sociedad civil, legisladores y académicos, el encargado de la política interna del país afirmó que se apuesta a que la obediencia sea a la ley.
Reconoció que se subestimó con el pasar del tiempo lo que ha sucedido con relación a la delincuencia organizada, que se enconó en las instituciones del país y que representó una equivocación la permisibilidad al confundir ilegalidad y violencia.
Gómez Mont señaló que el Estado mexicano tiene el dilema de garantizar el principio de proteger a la ciudadanía del crimen organizado, sin lograr construir una ley de seguridad de manera democrática.
"El reto es encontrar los procedimientos que nos reconozcan dignidad y principios, y que establezcan la diferencia de quién debe ser sometido por temor y quién debe ser protegido por ser parte del esquema que nutre cabalmente el esquema de leyes", refirió.
El funcionario federal intervino en dos ocasiones en esta mesa de debate, que compartió con los líderes de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, y del Senado, Carlos Navarrete.
Durante su primera exposición destacó que el uso de las fuerzas armadas es insustituible para poder contener las acciones del crimen organizado, sin embargo reconoció que efectivamente se ha generado una reacción mayor.
Confió en que al final, en la medida en que se contengan y detengan las acciones del crimen organizado, se acabará minando esa fuerza y se regresará a un cauce más manejable.
También consideró que en esa lucha contra el crimen organizado ha habido una prueba de aprendizaje, en donde el Estado ha podido ver con visiones distintas la manera de expresión de la fuerza, que tiene que ver con la crisis económica y social en la que se da esta lucha.
Gómez Mont agregó que ello obliga a entender que el esfuerzo no es sólo someter, sino desplazar al crimen organizado en la capacidad de captar la fuerza de trabajo para sus fines.
Por ello, sostuvo que se tiene que competir contra esta delincuencia organizada, a fin de tratar de ganar para la democracia y la economía formal, aquella fuerza de trabajo que se está yendo a la delincuencia organizada.
Señaló que para lograr lo anterior se necesita construir el tejido social y ofrecer alternativas económicas al reclutamiento de las organizaciones delincuenciales, que hacen sobre todo en zonas donde ya tenían un impacto de crecimiento económico, como el caso de Ciudad Juárez.
En su segunda intervención, el secretario de Gobernación indicó que se subestimó lo que había sucedido en el transcurso del tiempo con relación a la delincuencia organizada, que se enconó en las instituciones del país.
Lo cual empezó con una incruenta como contrabando, tráfico hacia otros países y que buscaba ser discreta, pero con el pasar del tiempo el modelo de sus operaciones cambió.
"Ya incubada en las instituciones, el modelo de la actividad cambió y de ser una actividad incruenta y discreta pasó a ser una actividad pretendiendo controlar territorialmente al país, apropiándose de las instituciones y buscando destrozar por medio de la fuerza a su competencia", explicó.
Añadió que con relación a ello se tiene que entender que hubo equivocaciones, como fue la permisibilidad al confundir ilegalidad y violencia, porque en la medida que no fuera violento "lo fuimos permitiendo sin darnos cuenta que la ilegalidad gesta a la violencia".
Gómez Mont indicó que al proponer plantear la fuerza para apoyar esta lucha contra el crimen organizado, no era del todo previsible ver el grado de respuesta de la contención de lo que se iba a enfrentar.
También planteó que el crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional buscando nuevas áreas de oportunidades, por lo que intensificó sus acciones criminales, pasando del trasiego de droga al secuestro y a la extorsión.
Comentó que debido a que es una actividad clandestina, no se pudo medir el grado de crecimiento ni de protección y cobertura que tenían por parte de ciertas instituciones de seguridad, y cuando se decidió la intervención de las fuerzas armadas, se imposibilitó el grado de protección institucional con el que contaba la delincuencia organizada.
Asimismo consideró que aunque la cifra de 22 mil personas que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico es terrible, se tiene que destacar que 90 por ciento de las bajas corresponden a la delincuencia organizada y sólo 10 por ciento obedece a las bajas de las instituciones y de civiles.
Añadió que ve en toda esta estrategia un dilema ético que tiene que ver con la obediencia, por lo que planteó la pregunta de cuáles son las razones por las que los mexicanos están dispuestos a someterse a un régimen de obediencia para recobrar la paz y la libertad a la que aspiran.
En ese sentido, el funcionario aseguró que "estamos dispuestos a obedecer por intereses, por convicción o por temor. Por convicción, es porque estamos convencidos que sólo la ley nos puede garantizar el respeto a bienes y principios que son valiosos para la coexistencia, la libertad y el patrimonio", dijo.
Pero también "estamos dispuestos a obedecer mediante una ley democráticamente articulada, donde se buscan equilibrios entre los intereses legítimos de las personas y los intereses de grupos y en general", agregó.
Y en consecuencia exigir que esa obediencia sólo puede ser impuesta por mecanismos y procedimientos que reconozcan nuestra dignidad y nuestra calidad de ser seres libres, finalizó.
Al participar en una de las mesas de debate del Segundo Foro Político Seguridad y Justicia ante representantes de la sociedad civil, legisladores y académicos, el encargado de la política interna del país afirmó que se apuesta a que la obediencia sea a la ley.
Reconoció que se subestimó con el pasar del tiempo lo que ha sucedido con relación a la delincuencia organizada, que se enconó en las instituciones del país y que representó una equivocación la permisibilidad al confundir ilegalidad y violencia.
Gómez Mont señaló que el Estado mexicano tiene el dilema de garantizar el principio de proteger a la ciudadanía del crimen organizado, sin lograr construir una ley de seguridad de manera democrática.
"El reto es encontrar los procedimientos que nos reconozcan dignidad y principios, y que establezcan la diferencia de quién debe ser sometido por temor y quién debe ser protegido por ser parte del esquema que nutre cabalmente el esquema de leyes", refirió.
El funcionario federal intervino en dos ocasiones en esta mesa de debate, que compartió con los líderes de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, y del Senado, Carlos Navarrete.
Durante su primera exposición destacó que el uso de las fuerzas armadas es insustituible para poder contener las acciones del crimen organizado, sin embargo reconoció que efectivamente se ha generado una reacción mayor.
Confió en que al final, en la medida en que se contengan y detengan las acciones del crimen organizado, se acabará minando esa fuerza y se regresará a un cauce más manejable.
También consideró que en esa lucha contra el crimen organizado ha habido una prueba de aprendizaje, en donde el Estado ha podido ver con visiones distintas la manera de expresión de la fuerza, que tiene que ver con la crisis económica y social en la que se da esta lucha.
Gómez Mont agregó que ello obliga a entender que el esfuerzo no es sólo someter, sino desplazar al crimen organizado en la capacidad de captar la fuerza de trabajo para sus fines.
Por ello, sostuvo que se tiene que competir contra esta delincuencia organizada, a fin de tratar de ganar para la democracia y la economía formal, aquella fuerza de trabajo que se está yendo a la delincuencia organizada.
Señaló que para lograr lo anterior se necesita construir el tejido social y ofrecer alternativas económicas al reclutamiento de las organizaciones delincuenciales, que hacen sobre todo en zonas donde ya tenían un impacto de crecimiento económico, como el caso de Ciudad Juárez.
En su segunda intervención, el secretario de Gobernación indicó que se subestimó lo que había sucedido en el transcurso del tiempo con relación a la delincuencia organizada, que se enconó en las instituciones del país.
Lo cual empezó con una incruenta como contrabando, tráfico hacia otros países y que buscaba ser discreta, pero con el pasar del tiempo el modelo de sus operaciones cambió.
"Ya incubada en las instituciones, el modelo de la actividad cambió y de ser una actividad incruenta y discreta pasó a ser una actividad pretendiendo controlar territorialmente al país, apropiándose de las instituciones y buscando destrozar por medio de la fuerza a su competencia", explicó.
Añadió que con relación a ello se tiene que entender que hubo equivocaciones, como fue la permisibilidad al confundir ilegalidad y violencia, porque en la medida que no fuera violento "lo fuimos permitiendo sin darnos cuenta que la ilegalidad gesta a la violencia".
Gómez Mont indicó que al proponer plantear la fuerza para apoyar esta lucha contra el crimen organizado, no era del todo previsible ver el grado de respuesta de la contención de lo que se iba a enfrentar.
También planteó que el crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional buscando nuevas áreas de oportunidades, por lo que intensificó sus acciones criminales, pasando del trasiego de droga al secuestro y a la extorsión.
Comentó que debido a que es una actividad clandestina, no se pudo medir el grado de crecimiento ni de protección y cobertura que tenían por parte de ciertas instituciones de seguridad, y cuando se decidió la intervención de las fuerzas armadas, se imposibilitó el grado de protección institucional con el que contaba la delincuencia organizada.
Asimismo consideró que aunque la cifra de 22 mil personas que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico es terrible, se tiene que destacar que 90 por ciento de las bajas corresponden a la delincuencia organizada y sólo 10 por ciento obedece a las bajas de las instituciones y de civiles.
Añadió que ve en toda esta estrategia un dilema ético que tiene que ver con la obediencia, por lo que planteó la pregunta de cuáles son las razones por las que los mexicanos están dispuestos a someterse a un régimen de obediencia para recobrar la paz y la libertad a la que aspiran.
En ese sentido, el funcionario aseguró que "estamos dispuestos a obedecer por intereses, por convicción o por temor. Por convicción, es porque estamos convencidos que sólo la ley nos puede garantizar el respeto a bienes y principios que son valiosos para la coexistencia, la libertad y el patrimonio", dijo.
Pero también "estamos dispuestos a obedecer mediante una ley democráticamente articulada, donde se buscan equilibrios entre los intereses legítimos de las personas y los intereses de grupos y en general", agregó.
Y en consecuencia exigir que esa obediencia sólo puede ser impuesta por mecanismos y procedimientos que reconozcan nuestra dignidad y nuestra calidad de ser seres libres, finalizó.
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