México
Demandan a la Corte restablecer proceso por matanza en Acteal
En medio de la desesperanza, las madres, esposas e hijos de los sentenciados se afanan por la reconciliación comunitaria
CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Vera López, obispo de Saltillo, exigió que en la revisión que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), del caso Acteal se pronuncie por restablecer el proceso contra los responsables de la matanza de 40 indígenas y no se oculte este crimen de lesa humanidad.
Aseguró que el proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel.
Se insiste en que los implicados actuaron individualmente y no organizadamente, para deslindar responsabilidades, aseguró.
“Políticamente se quiere sacar de la verdad diciendo del debido proceso no estuvo bien, pero lo quieren ocultar es el crimen de lesa humanidad que es responsable el señor (el presidente Ernesto) Zedillo y el entonces secretario de Gobernación (Emilio Chuayffet) y el jefe militar de la zona”.
De la impunidad que priva en este caso, consideró que “el juicio de la historia ya lo tienen” y la seguridad de que Zedillo y Chuayffet son criminales “nadie se los quita”.
En tanto, los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez alertaron que en la revisión que hace la Corte del caso Acteal, los culpables de la matanza de 45 indígenas podría obtener su libertad.
Diego Cadenas, del Frayba, y Luis Arriaga, del Pro Juárez, indicaron que la Corte se pronunciará por determinar si hubo o no irregularidades en el proceso y no si son inocentes o culpables los implicados.
Cadena señaló que de acuerdo a testimonios de sobrevivientes ese grupo es responsable de la muerte de los indígenas que llevaban a cabo una jornada de oración.
“Esas personas que pueden salir libres son culpables de la masacre de Acteal, son homicidas, la resolución de la Corte de ponerlos el libertad pone en un riesgo inminente la integridad física y la vida de las testigos”, aseguró Cadena Gordillo.
Arriaga Valenzuela advirtió que existe el riesgo de que se registren enfrentamientos porque no se han desarmado a los grupos militares que existen en Chiapas aunado a la desintegración del tejido social.
Confió en que la revisión que realice la Corte sea un avance en la impartición de justicia a fin de no perpetuar la impunidad en el caso de Acteal.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alertó del riesgo que corren los familiares sobrevivientes de los presos por los hechos sucedidos en Acteal, Chiapas.
FRASE
Existe un gran descuido en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano en Chiapas. Hay graves rezagos en materia de justicia; persiste la impunidad. Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ignoran liberación de familiares
LA ESPERANZA, CHIAPAS.- La inminente liberación de los indígenas presos por la matanza de la ermita de Acteal, es desconocida aún por sus familiares en esta comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, que no ha logrado superar el odio y el rencor.
En medio de la desesperanza, las madres, esposas e hijos de los sentenciados se afanan por la reconciliación comunitaria y exigen justicia para castigar a los verdaderos responsables de la muerte de 45 personas, el 22 de diciembre de 1997.
En esta comunidad tzotzil, desde hace años intentan superar el odio y el rencor que dejó aquella masacre y el posterior encarcelamiento de los acusados en el Penal El Amate.
Aseguró que el proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel.
Se insiste en que los implicados actuaron individualmente y no organizadamente, para deslindar responsabilidades, aseguró.
“Políticamente se quiere sacar de la verdad diciendo del debido proceso no estuvo bien, pero lo quieren ocultar es el crimen de lesa humanidad que es responsable el señor (el presidente Ernesto) Zedillo y el entonces secretario de Gobernación (Emilio Chuayffet) y el jefe militar de la zona”.
De la impunidad que priva en este caso, consideró que “el juicio de la historia ya lo tienen” y la seguridad de que Zedillo y Chuayffet son criminales “nadie se los quita”.
En tanto, los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez alertaron que en la revisión que hace la Corte del caso Acteal, los culpables de la matanza de 45 indígenas podría obtener su libertad.
Diego Cadenas, del Frayba, y Luis Arriaga, del Pro Juárez, indicaron que la Corte se pronunciará por determinar si hubo o no irregularidades en el proceso y no si son inocentes o culpables los implicados.
Cadena señaló que de acuerdo a testimonios de sobrevivientes ese grupo es responsable de la muerte de los indígenas que llevaban a cabo una jornada de oración.
“Esas personas que pueden salir libres son culpables de la masacre de Acteal, son homicidas, la resolución de la Corte de ponerlos el libertad pone en un riesgo inminente la integridad física y la vida de las testigos”, aseguró Cadena Gordillo.
Arriaga Valenzuela advirtió que existe el riesgo de que se registren enfrentamientos porque no se han desarmado a los grupos militares que existen en Chiapas aunado a la desintegración del tejido social.
Confió en que la revisión que realice la Corte sea un avance en la impartición de justicia a fin de no perpetuar la impunidad en el caso de Acteal.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alertó del riesgo que corren los familiares sobrevivientes de los presos por los hechos sucedidos en Acteal, Chiapas.
FRASE
Existe un gran descuido en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano en Chiapas. Hay graves rezagos en materia de justicia; persiste la impunidad. Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ignoran liberación de familiares
LA ESPERANZA, CHIAPAS.- La inminente liberación de los indígenas presos por la matanza de la ermita de Acteal, es desconocida aún por sus familiares en esta comunidad tzotzil de los Altos de Chiapas, que no ha logrado superar el odio y el rencor.
En medio de la desesperanza, las madres, esposas e hijos de los sentenciados se afanan por la reconciliación comunitaria y exigen justicia para castigar a los verdaderos responsables de la muerte de 45 personas, el 22 de diciembre de 1997.
En esta comunidad tzotzil, desde hace años intentan superar el odio y el rencor que dejó aquella masacre y el posterior encarcelamiento de los acusados en el Penal El Amate.
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