México
De libertad de expresión y vida privada
Por Vicente BELLO
La resolución de la Corte en favor del ejercicio de la libertad de expresión ha caído como un fardo sobre los lomos de la clase política representada en el Congreso de la Unión. Una noticia de tanta trascendencia, sólo había merecido al pardear la tarde dos o tres comentarios; ninguno de éstos, de legisladores con encargo partidista de coordinador parlamentario.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado la primacía de la libertad de expresión aun sobre el derecho de la vida privada de los hombres y mujeres públicas de la República.
Los ministros del Poder Judicial de la Federación de plano han dicho que la libertad de expresión está por arriba “de los derechos de honor e intimidad de los funcionarios públicos”, por la sencilla razón de que siendo sujetos al servicio de las cosas públicas, tienen que estar permanentemente bajo un “escrutinio exhaustivo”.
Es un parteaguas en la relación periodismo-res pública lo que ha sucedido ayer, confiaban entre sí algunos periodistas en el Senado de la República. Y será, sin duda, tema de conversación de todos los periodistas del país, porque éste que ha sido un viejo argumento de la clase política mexicana —la de que existe una vida privada, intocable, en cada hombre público— también ha sido objeto de polémicas casi siempre entreveradas con la corrupción y la impunidad.
Aparejada a esta noticia fausta para el ejercicio del periodismo, habrá de llegar también la exigencia de que es hora en México de legislar en torno de la auto regulación del ejercicio periodístico.
Y cobrarán una gran actualidad, para su discusión, temas como el de la ética en periodistas y medios de información. Un asunto, por cierto, que fue tema de conversación la semana pasada cuando la presentación del libro “Códigos de ética periodística en México”, de Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía.
Entonces, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, Armando Prida Huerta, decía al reportero que la libertad de expresión es la “esencia de todas las libertades”, porque con ella —apostilló— “defendemos todos los demás derechos fundamentales”.
—¿Qué es la libertad de expresión? —se le preguntó a Prida, y éste respondió desde su condición de primer responsable de una Fundación en la que también confluyen como miembros personalidades como Ernesto Villanueva, Jorge Carpizo, Elena Poniatowsca, Ángeles Mastretta y, entre otros, don Rafael Loret de Mola.
“La libertad de expresión”, dijo Armando Prida Huerta, “es el motivo y la razón de ser de todos; es reconocer la dignidad de un ser humano al escucharlo; es promover los cambios a través de ella en cualquier lugar; es aceptar que todos somos iguales; es vivir el derecho de ser de cada uno. Y, esencialmente, la Fundación nace porque el Gobierno no cumple su función. Si fuéramos escuchados y atendidos en la razón de nuestros derechos, la Fundación no cubriría el hueco que viene a ocupar la obligación del Gobierno en respetar esos derechos”.
No está por demás decir que esta Fundación singular, cuyo presidente es también el presidente de los diarios “Síntesis” editados en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, va a dar mucho de qué hablar.
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al parecer ha creado jurisprudencia, a partir de un fallo mediante el cual otorgó amparo al periodista José Sacramento Orozco Herrera, quien como director del periódico “La Antorcha”, de Guanajuato, publicó hace tres años una entrevista con el chofer de un ex presidente municipal de Acámbaro, quien en una demanda contra el periodista de marras dijo que las declaraciones del subordinado habían provocado en él descrédito y daño moral.
Con sus criterios y argumentaciones en los cuales sustentó el amparo, la Corte ha establecido —dicho esto en otras palabras— que un hombre dedicado a la vida pública debe estar su vida privada sujeta al escrutinio y vigilancia. Y para ello, nada menos que el ejercicio periodístico.
Claro; dará pie esta resolución a vertientes como la de la ética periodística, en los días por venir.
El diputado federal panista Eduardo de la Torre, uno de los pocos opinantes de ayer en torno de este asunto, dijo: “El pronunciamiento de la Corte empodera a los medios de comunicación como vigilantes del ejercicio de los poderes públicos, al tiempo que contribuirá a reducir la impunidad que padece México”.
Antes, De la Torre había afirmado que el fallo de la Corte “limitará la vida privada de políticos y funcionarios públicos y tendrá (ello) efectos de equilibrio en la relación de los periodistas y el poder político”.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado la primacía de la libertad de expresión aun sobre el derecho de la vida privada de los hombres y mujeres públicas de la República.
Los ministros del Poder Judicial de la Federación de plano han dicho que la libertad de expresión está por arriba “de los derechos de honor e intimidad de los funcionarios públicos”, por la sencilla razón de que siendo sujetos al servicio de las cosas públicas, tienen que estar permanentemente bajo un “escrutinio exhaustivo”.
Es un parteaguas en la relación periodismo-res pública lo que ha sucedido ayer, confiaban entre sí algunos periodistas en el Senado de la República. Y será, sin duda, tema de conversación de todos los periodistas del país, porque éste que ha sido un viejo argumento de la clase política mexicana —la de que existe una vida privada, intocable, en cada hombre público— también ha sido objeto de polémicas casi siempre entreveradas con la corrupción y la impunidad.
Aparejada a esta noticia fausta para el ejercicio del periodismo, habrá de llegar también la exigencia de que es hora en México de legislar en torno de la auto regulación del ejercicio periodístico.
Y cobrarán una gran actualidad, para su discusión, temas como el de la ética en periodistas y medios de información. Un asunto, por cierto, que fue tema de conversación la semana pasada cuando la presentación del libro “Códigos de ética periodística en México”, de Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía.
Entonces, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, Armando Prida Huerta, decía al reportero que la libertad de expresión es la “esencia de todas las libertades”, porque con ella —apostilló— “defendemos todos los demás derechos fundamentales”.
—¿Qué es la libertad de expresión? —se le preguntó a Prida, y éste respondió desde su condición de primer responsable de una Fundación en la que también confluyen como miembros personalidades como Ernesto Villanueva, Jorge Carpizo, Elena Poniatowsca, Ángeles Mastretta y, entre otros, don Rafael Loret de Mola.
“La libertad de expresión”, dijo Armando Prida Huerta, “es el motivo y la razón de ser de todos; es reconocer la dignidad de un ser humano al escucharlo; es promover los cambios a través de ella en cualquier lugar; es aceptar que todos somos iguales; es vivir el derecho de ser de cada uno. Y, esencialmente, la Fundación nace porque el Gobierno no cumple su función. Si fuéramos escuchados y atendidos en la razón de nuestros derechos, la Fundación no cubriría el hueco que viene a ocupar la obligación del Gobierno en respetar esos derechos”.
No está por demás decir que esta Fundación singular, cuyo presidente es también el presidente de los diarios “Síntesis” editados en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, va a dar mucho de qué hablar.
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al parecer ha creado jurisprudencia, a partir de un fallo mediante el cual otorgó amparo al periodista José Sacramento Orozco Herrera, quien como director del periódico “La Antorcha”, de Guanajuato, publicó hace tres años una entrevista con el chofer de un ex presidente municipal de Acámbaro, quien en una demanda contra el periodista de marras dijo que las declaraciones del subordinado habían provocado en él descrédito y daño moral.
Con sus criterios y argumentaciones en los cuales sustentó el amparo, la Corte ha establecido —dicho esto en otras palabras— que un hombre dedicado a la vida pública debe estar su vida privada sujeta al escrutinio y vigilancia. Y para ello, nada menos que el ejercicio periodístico.
Claro; dará pie esta resolución a vertientes como la de la ética periodística, en los días por venir.
El diputado federal panista Eduardo de la Torre, uno de los pocos opinantes de ayer en torno de este asunto, dijo: “El pronunciamiento de la Corte empodera a los medios de comunicación como vigilantes del ejercicio de los poderes públicos, al tiempo que contribuirá a reducir la impunidad que padece México”.
Antes, De la Torre había afirmado que el fallo de la Corte “limitará la vida privada de políticos y funcionarios públicos y tendrá (ello) efectos de equilibrio en la relación de los periodistas y el poder político”.
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