México
De frente y de perfil
Si todos fuéramos Sicilia
Se necesita ser Javier Sicilia para ser recibido por el Presidente de la República o Isabel Miranda para ser sujetos de la justicia mexicana.
El primero alzó la voz y encontró el eco necesario para ser atendido, y los asesinos de su hijo y de otras personas más fueron detenidos.
La segunda dedicó tiempo, esfuerzo y dinero para encontrar a los responsables de la muerte de su hijo, los que se encuentran tras las rejas.
¿Y los demás? Se preguntan las decenas de familias víctimas de la violencia que no han recibido respuesta a sus reclamos de justicia.
Javier Sicilia, Alejandro Martí, Isabel Miranda, Eduardo Gallo, María Elena Morera, Nelson Vargas, entre otros, han recibido las atenciones de las autoridades, desde el Presidente de la República, pasando por ministerios públicos, procuradores y jefes policíacos, unos en forma más diligente que otros.
De la misma forma, los criminales que atentaron en contra de sus familiares fueron encontrados, unos más rápido que otros y con sistemas distintos.
Los casos de Miranda, Gallo y hasta Vargas, con la amplia participación de los deudos; en los otros, la autoridad que no muestra mayor disposición para investigar alcanzó sus logros.
Sí es cierto que esos casos han sido de renombre por el peso económico, moral o intelectual de los familiares de los asesinados, ¿pero del resto, qué?
En la Administración de Felipe Calderón Hinojosa suman más de 40 mil las personas muertas en la lucha contra la delincuencia organizada, la mayoría víctimas inocentes de criminales y hasta de las propias autoridades enfocadas a la lucha contra el crimen.
Los casos resueltos son pocos y la atención de las autoridades a los deudos es casi nula.
Diariamente nos llegan reportes de personas afectadas por la delincuencia, robos, asesinatos, extorsiones, secuestros y otro tipo de crímenes, donde las personas dañadas ni reciben la atención que esperan ante las autoridades, ni mucho menos, con familias enteras o parte de las mismas masacradas que jamás han recibido una llamada de la autoridad.
Por eso, la queja es relevante y se preguntan si hay que apellidarse Sicilia, Martí, Vargas o Morera para que el Presidente se tome la molestia de atenderte o alzar la voz en los medios para que, siquiera, una autoridad menor ponga la atención requerida en el caso.
El que sigue es un caso más de los tantos que ocurren a diario en el país, pero que muestra la colusión entre delincuentes y cuerpos policíacos y la indiferencia de las autoridades.
La persona que narra su experiencia radica en Guadalajara, pero tenía negocios en la frontera tamaulipeca, Reynosa, para ser más exactos.
Su viacrucis inició el 14 de febrero de 2008, cuando fue interceptado por unas personas, cerca de la oficina de la Policía Judicial, los que, hasta eso, en forma amable le indicaron que tenía que pagar una renta por hacer negocios en Guadalajara.
Lo tenían plenamente identificado y le señalaron que ya debía dos meses de retraso, lo que equivalía a 10 mil dólares.
La persona en cuestión accedió y al paso del tiempo, la cifra entregada ascendía a más de dos millones y medio de pesos, sin que los personajes quedaran satisfechos, por lo que aumentaron la cuota y amenazaron con matarlo y atentar contra su familia, a la que mantenían vigilada en Guadalajara.
Ante la negativa de entregar cantidades más fuertes, le pidieron una camioneta de lujo y lo retuvieron, hasta que el sujeto pudo escapar, aunque sin dinero.
En el trayecto fue golpeado por policías locales por pedir aventón en una caseta de peaje y la Policía Federal de Caminos se negó a atenderlo.
Esta es la parte amable de la historia, el personaje en cuestión acudió a denunciarlos y en la SIEDO, según cuenta, lo trataron como criminal y la agente del ministerio público federal, Denisse Romero, amenazó con detenerlo.
Identificados plenamente los secuestradores y extorsionadores como policías ministeriales de Tamaulipas, uno de ellos fue detenido en posesión de uno de los vehículos del denunciante con reporte de robo y fue dejado en libertad.
El denunciante no cejó en su empeño y buscó contactos dentro de la estructura gubernamental, por lo que Rosalba Portes fue la encargada de su asunto, sin que jamás consiguiera nada.
Buscó otros métodos y ofreció recompensa a la Policía Federal de Caminos, los que detuvieron al agente ministerial en posesión de su vehículo y después de una breve plática lo dejaron ir.
Ante esta inacción, el personaje decidió ventilarlo en medios de comunicación y el resultado fueron amenazas, tantas que llevó a cambiar de escuela a sus hijos hasta en tres ocasiones, cambiar de domicilio y esconderse por un tiempo él y su esposa.
Poco más de tres años han pasado desde el inicio de su martirio y las autoridades, como en los miles de casos, no han ejercido el poder de la autoridad ni otorgado el bienestar de la justicia.
Por razones obvias el nombre de esta persona no lo revelamos, pero éste es uno más de los tantos hechos bochornosos que no son resueltos por la autoridad.
El primero alzó la voz y encontró el eco necesario para ser atendido, y los asesinos de su hijo y de otras personas más fueron detenidos.
La segunda dedicó tiempo, esfuerzo y dinero para encontrar a los responsables de la muerte de su hijo, los que se encuentran tras las rejas.
¿Y los demás? Se preguntan las decenas de familias víctimas de la violencia que no han recibido respuesta a sus reclamos de justicia.
Javier Sicilia, Alejandro Martí, Isabel Miranda, Eduardo Gallo, María Elena Morera, Nelson Vargas, entre otros, han recibido las atenciones de las autoridades, desde el Presidente de la República, pasando por ministerios públicos, procuradores y jefes policíacos, unos en forma más diligente que otros.
De la misma forma, los criminales que atentaron en contra de sus familiares fueron encontrados, unos más rápido que otros y con sistemas distintos.
Los casos de Miranda, Gallo y hasta Vargas, con la amplia participación de los deudos; en los otros, la autoridad que no muestra mayor disposición para investigar alcanzó sus logros.
Sí es cierto que esos casos han sido de renombre por el peso económico, moral o intelectual de los familiares de los asesinados, ¿pero del resto, qué?
En la Administración de Felipe Calderón Hinojosa suman más de 40 mil las personas muertas en la lucha contra la delincuencia organizada, la mayoría víctimas inocentes de criminales y hasta de las propias autoridades enfocadas a la lucha contra el crimen.
Los casos resueltos son pocos y la atención de las autoridades a los deudos es casi nula.
Diariamente nos llegan reportes de personas afectadas por la delincuencia, robos, asesinatos, extorsiones, secuestros y otro tipo de crímenes, donde las personas dañadas ni reciben la atención que esperan ante las autoridades, ni mucho menos, con familias enteras o parte de las mismas masacradas que jamás han recibido una llamada de la autoridad.
Por eso, la queja es relevante y se preguntan si hay que apellidarse Sicilia, Martí, Vargas o Morera para que el Presidente se tome la molestia de atenderte o alzar la voz en los medios para que, siquiera, una autoridad menor ponga la atención requerida en el caso.
El que sigue es un caso más de los tantos que ocurren a diario en el país, pero que muestra la colusión entre delincuentes y cuerpos policíacos y la indiferencia de las autoridades.
La persona que narra su experiencia radica en Guadalajara, pero tenía negocios en la frontera tamaulipeca, Reynosa, para ser más exactos.
Su viacrucis inició el 14 de febrero de 2008, cuando fue interceptado por unas personas, cerca de la oficina de la Policía Judicial, los que, hasta eso, en forma amable le indicaron que tenía que pagar una renta por hacer negocios en Guadalajara.
Lo tenían plenamente identificado y le señalaron que ya debía dos meses de retraso, lo que equivalía a 10 mil dólares.
La persona en cuestión accedió y al paso del tiempo, la cifra entregada ascendía a más de dos millones y medio de pesos, sin que los personajes quedaran satisfechos, por lo que aumentaron la cuota y amenazaron con matarlo y atentar contra su familia, a la que mantenían vigilada en Guadalajara.
Ante la negativa de entregar cantidades más fuertes, le pidieron una camioneta de lujo y lo retuvieron, hasta que el sujeto pudo escapar, aunque sin dinero.
En el trayecto fue golpeado por policías locales por pedir aventón en una caseta de peaje y la Policía Federal de Caminos se negó a atenderlo.
Esta es la parte amable de la historia, el personaje en cuestión acudió a denunciarlos y en la SIEDO, según cuenta, lo trataron como criminal y la agente del ministerio público federal, Denisse Romero, amenazó con detenerlo.
Identificados plenamente los secuestradores y extorsionadores como policías ministeriales de Tamaulipas, uno de ellos fue detenido en posesión de uno de los vehículos del denunciante con reporte de robo y fue dejado en libertad.
El denunciante no cejó en su empeño y buscó contactos dentro de la estructura gubernamental, por lo que Rosalba Portes fue la encargada de su asunto, sin que jamás consiguiera nada.
Buscó otros métodos y ofreció recompensa a la Policía Federal de Caminos, los que detuvieron al agente ministerial en posesión de su vehículo y después de una breve plática lo dejaron ir.
Ante esta inacción, el personaje decidió ventilarlo en medios de comunicación y el resultado fueron amenazas, tantas que llevó a cambiar de escuela a sus hijos hasta en tres ocasiones, cambiar de domicilio y esconderse por un tiempo él y su esposa.
Poco más de tres años han pasado desde el inicio de su martirio y las autoridades, como en los miles de casos, no han ejercido el poder de la autoridad ni otorgado el bienestar de la justicia.
Por razones obvias el nombre de esta persona no lo revelamos, pero éste es uno más de los tantos hechos bochornosos que no son resueltos por la autoridad.
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