México

Dan formal prisión a 17 por destruir material electoral

Miembros de la CNTE destruyeron y quemaron boletas y urnas en diferentes casillas de Oaxaca el 7 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUN/2015).- Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de 17 personas involucradas en la destrucción de material electoral el pasado 7 de junio en Oaxaca; al tratarse de delitos graves no alcanzan fianza por lo que seguirán su proceso en prisión.

Bajo la causa penal 30/2015, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, informó que dictó auto de formal prisión por el delito de portación de bomba motolov, previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la jornada electoral del pasado 7 de junio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y un grupo de anarquistas encapuchados realizaron actos vandálicos en el estado de Oaxaca, incluso golpearon a algunas de las personas que se encontraban en las casillas para emitir su voto.

Durante la jornada electoral en la capital de Oaxaca, estás 17 personas destruyeron y quemaron boletas y urnas en distintas casillas.

Uno de los eventos ocurrió en la casilla ubicada en las instalaciones del Voluntariado del DIF Estatal; en el inmueble ubicado en el número 314 de la calle de Abasolo, esquina con Pino Suarez; en las calles de García Vigil y Matamoros y en la calle de Independencia, así como en otras avenidas del centro de la ciudad de Oaxaca.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el órgano jurisdiccional dictó auto de formal libertad a esas minas personas por el delito de terrorismo.

"Por otra parte, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, da a conocer que a ocho personas más que le fueron consignadas por los mismo hechos, se les suspendió el término constitucional hasta que se desahogara la declaración preparatoria de éstos, toda vez que se auto-adscribieron a diversas etnias indígenas de esta entidad, a fin de no violentar su garantía de defensa en su calidad de indígenas y de contar con un defensor público federal bilingüe que conozca la lengua y costumbres de la comunidad de origen", dijo.
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