México
Cuidar los términos
La senadora marca las diferencias entre terrorismo y delincuencia organizada
CIUDAD DE MÉXICO (10/SEP/2011).- En los últimos tiempos hemos escuchado a las autoridades referirse a las atrocidades cometidas por la delincuencia organizada como actos terroristas. En mi opinión, debe tenerse mucho cuidado de no caer en confusiones. En primer lugar, porque las acciones terroristas responden a ideologías que plantean el uso de la violencia como táctica para el logro de sus objetivos políticos, mientras que la delincuencia organizada la utiliza para proteger sus intereses económicos.
En segundo lugar, porque a la luz de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, pueden generar una mayor injerencia estadounidense en nuestro país.
Recordemos que la doctrina Bush de seguridad nacional, también conocida como de “agresión preventiva”, es consecuencia directa de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La entonces consejera de Seguridad, Condoleezza Rice, elaboró el documento que daría a conocer el presidente Bush en septiembre de 2002. En su discurso, el mandatario estadounidense habló de la defensa de la libertad y advirtió que la protegería en cualquier rincón del planeta, solo o en compañía de sus aliados y amigos, comprometiéndose a pelear no sólo contra el terrorismo, sino también por la supremacía de los valores estadounidenses. Se lanzó contra Irak y Afganistán y se fue a su casa cuando terminó su segundo mandato, pero la doctrina se quedó.
El profesor James Petras señala que al plantearse la defensa de la libertad, particularmente la del “fracasado sistema económico neoliberal”, la doctrina estadounidense de seguridad nacional tiene “relevancia específica para América Latina”, al reducir los conflictos regionales a un problema de “cárteles de la droga” y de “terroristas y grupos extremistas” y considerar ejemplar la intervención militar en Colombia.
El comentario anterior cobra relevancia a la luz de la escalada de violencia en México y la respuesta de Estados Unidos, montando operaciones clandestinas como la denominada Rápido y furioso, incrementando la presencia de sus agentes de la DEA, la CIA, el FBI y demás en nuestro suelo, y realizando sobrevuelos de aviones no tripulados sobre territorio nacional, con el pretexto de recolectar información sobre actividades criminales. Y si para colmo empezamos a llamar terrorismo a las atrocidades que cometen las bandas criminales, podríamos estar abriendo la puerta a quienes consideran que la mejor defensa es el ataque.
También es importante tomar en consideración los tiempos. Si en momentos preelectorales, de gran presión de los republicanos conservadores a favor del endurecimiento de la política migratoria, se intenta vincular el término terrorismo con acusaciones airadas por el consumo de drogas en el país vecino se corre el riesgo de alentar respuestas como la de Alan Bersin, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quien advirtió que no habrá más “regresos voluntarios” de nuestros indocumentados, sino castigos corporales a partir de la puesta en marcha, en Arizona, del nuevo Sistema de Aplicación de Consecuencias, que prevé encarcelar a quien ingrese ilegalmente a ese país.
Lo urgente para México es recuperar el terreno que perdió frente a Estados Unidos cuando en Mérida pidió corresponsabilidad en lugar de exigirla. Es un hecho, demostrado en estos últimos años, que la Unión Americana está muy lejos de ver en nuestro país a un socio confiable y que, sin que sea necesario especificarlo, desearía tomar las riendas del tema seguridad, principalmente en la frontera. De ahí la urgencia de que México haga su propio trabajo al respecto y lo haga bien.
No ha faltado quien plantee sellar nuestra frontera con ese país mediante la fuerza pública, a fin de que en verdad no entren las armas que llegan a manos criminales. Tampoco han estado ausentes aquellos a los que esta medida les parece excesiva, con el argumento de no hacerles la “tarea sucia” a los estadounidenses, y señalan que bastaría con un buen sistema de aduanas. No dudo de la seriedad de unos y otros, pero me pregunto, ¿cuál es el interés nacional? Y mi respuesta automática es: proteger a México y los mexicanos contra las mafias de ambos lados, de los traficantes de armas que se amparan en la segunda enmienda estadounidense y de los grupos criminales que al narcotráfico añaden el control del fenómeno migratorio, a base de violencia, e incluyen en sus fechorías el tráfico de órganos y la trata de personas.
Me parece que la anterior consideración tendría que estar en el centro de la posición de nuestro gobierno, planteando con firmeza sus reclamos soberanos y siendo extremadamente prudente en la utilización de términos que nos son ajenos.
*Senadora de la República
En segundo lugar, porque a la luz de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, pueden generar una mayor injerencia estadounidense en nuestro país.
Recordemos que la doctrina Bush de seguridad nacional, también conocida como de “agresión preventiva”, es consecuencia directa de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La entonces consejera de Seguridad, Condoleezza Rice, elaboró el documento que daría a conocer el presidente Bush en septiembre de 2002. En su discurso, el mandatario estadounidense habló de la defensa de la libertad y advirtió que la protegería en cualquier rincón del planeta, solo o en compañía de sus aliados y amigos, comprometiéndose a pelear no sólo contra el terrorismo, sino también por la supremacía de los valores estadounidenses. Se lanzó contra Irak y Afganistán y se fue a su casa cuando terminó su segundo mandato, pero la doctrina se quedó.
El profesor James Petras señala que al plantearse la defensa de la libertad, particularmente la del “fracasado sistema económico neoliberal”, la doctrina estadounidense de seguridad nacional tiene “relevancia específica para América Latina”, al reducir los conflictos regionales a un problema de “cárteles de la droga” y de “terroristas y grupos extremistas” y considerar ejemplar la intervención militar en Colombia.
El comentario anterior cobra relevancia a la luz de la escalada de violencia en México y la respuesta de Estados Unidos, montando operaciones clandestinas como la denominada Rápido y furioso, incrementando la presencia de sus agentes de la DEA, la CIA, el FBI y demás en nuestro suelo, y realizando sobrevuelos de aviones no tripulados sobre territorio nacional, con el pretexto de recolectar información sobre actividades criminales. Y si para colmo empezamos a llamar terrorismo a las atrocidades que cometen las bandas criminales, podríamos estar abriendo la puerta a quienes consideran que la mejor defensa es el ataque.
También es importante tomar en consideración los tiempos. Si en momentos preelectorales, de gran presión de los republicanos conservadores a favor del endurecimiento de la política migratoria, se intenta vincular el término terrorismo con acusaciones airadas por el consumo de drogas en el país vecino se corre el riesgo de alentar respuestas como la de Alan Bersin, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quien advirtió que no habrá más “regresos voluntarios” de nuestros indocumentados, sino castigos corporales a partir de la puesta en marcha, en Arizona, del nuevo Sistema de Aplicación de Consecuencias, que prevé encarcelar a quien ingrese ilegalmente a ese país.
Lo urgente para México es recuperar el terreno que perdió frente a Estados Unidos cuando en Mérida pidió corresponsabilidad en lugar de exigirla. Es un hecho, demostrado en estos últimos años, que la Unión Americana está muy lejos de ver en nuestro país a un socio confiable y que, sin que sea necesario especificarlo, desearía tomar las riendas del tema seguridad, principalmente en la frontera. De ahí la urgencia de que México haga su propio trabajo al respecto y lo haga bien.
No ha faltado quien plantee sellar nuestra frontera con ese país mediante la fuerza pública, a fin de que en verdad no entren las armas que llegan a manos criminales. Tampoco han estado ausentes aquellos a los que esta medida les parece excesiva, con el argumento de no hacerles la “tarea sucia” a los estadounidenses, y señalan que bastaría con un buen sistema de aduanas. No dudo de la seriedad de unos y otros, pero me pregunto, ¿cuál es el interés nacional? Y mi respuesta automática es: proteger a México y los mexicanos contra las mafias de ambos lados, de los traficantes de armas que se amparan en la segunda enmienda estadounidense y de los grupos criminales que al narcotráfico añaden el control del fenómeno migratorio, a base de violencia, e incluyen en sus fechorías el tráfico de órganos y la trata de personas.
Me parece que la anterior consideración tendría que estar en el centro de la posición de nuestro gobierno, planteando con firmeza sus reclamos soberanos y siendo extremadamente prudente en la utilización de términos que nos son ajenos.
*Senadora de la República
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