México
Corte desecha demanda por extinción de LyFC
Con esta decisión el único juicio que queda pendiente de resolver es el amparo que promovió el sindicato en contra del mismo decreto
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de manera definitiva la demanda que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra del decreto que emitió el Presidente
Felipe Calderón mediante el cual extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Los ministros de la Segunda Sala ratificaron la decisión que adoptó el ministro José Ramón Cossío desde el 10 de noviembre pasado cuando desechó, por vez primera, la demanda que promovieron los asambleístas por considerar el decreto del Presidente de la República no afecta en nada las atribuciones o la esfera de competencia de las autoridades del Distrito Federal.
Con esta decisión el único juicio que queda pendiente de resolver es el amparo que promovió el sindicato en contra del mismo decreto.
La demanda en cuestión está a cargo de la juez federal Gabriela Coutiño Mata, quien celebrará mañana la audiencia constitucional en torno a este caso.
Después de dicha audiencia la juez deberá determinar si ampara o no a los electricistas contra la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En el caso que desechó la Corte, la Asamblea Legislativa había impugnado la decisión del ministro José Ramón Cossío, con la intención de que su demanda fuera admitida.
Su recurso de reclamación se le turnó al ministro Fernando Franco, quien, en menos de un mes, le propuso a sus compañeros de la Segunda Sala del alto ratificar la decisión de Cossío y desechar la demanda de los asambleístas por ser notoriamente improcedente.
La Asamblea, resolvió la Corte, carece de interés legítimo para impugnar el decreto presidencial, y, por lo mismo, no procedía ni siquiera darle entrada.
Porque, como lo argumentó Cossío, el decreto impugnado "no es susceptible de afectar, en modo alguno, la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Federal otorga al Distrito Federal, en virtud de que se refiere a una facultad de la Federación en la que solamente tienen intervención el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.
Por ende, jurídicamente es inadmisible que el Distrito Federal o su Asamblea Legislativa pueda asumir la defensa de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal".
Los ministros de la Segunda Sala ratificaron la decisión que adoptó el ministro José Ramón Cossío desde el 10 de noviembre pasado cuando desechó, por vez primera, la demanda que promovieron los asambleístas por considerar el decreto del Presidente de la República no afecta en nada las atribuciones o la esfera de competencia de las autoridades del Distrito Federal.
Con esta decisión el único juicio que queda pendiente de resolver es el amparo que promovió el sindicato en contra del mismo decreto.
La demanda en cuestión está a cargo de la juez federal Gabriela Coutiño Mata, quien celebrará mañana la audiencia constitucional en torno a este caso.
Después de dicha audiencia la juez deberá determinar si ampara o no a los electricistas contra la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En el caso que desechó la Corte, la Asamblea Legislativa había impugnado la decisión del ministro José Ramón Cossío, con la intención de que su demanda fuera admitida.
Su recurso de reclamación se le turnó al ministro Fernando Franco, quien, en menos de un mes, le propuso a sus compañeros de la Segunda Sala del alto ratificar la decisión de Cossío y desechar la demanda de los asambleístas por ser notoriamente improcedente.
La Asamblea, resolvió la Corte, carece de interés legítimo para impugnar el decreto presidencial, y, por lo mismo, no procedía ni siquiera darle entrada.
Porque, como lo argumentó Cossío, el decreto impugnado "no es susceptible de afectar, en modo alguno, la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Federal otorga al Distrito Federal, en virtud de que se refiere a una facultad de la Federación en la que solamente tienen intervención el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.
Por ende, jurídicamente es inadmisible que el Distrito Federal o su Asamblea Legislativa pueda asumir la defensa de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal".
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