México
'Congelado', plan que autoriza Ejército en calles
Buscan dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para actuar en seguridad pública
CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2015).- El Congreso de la Unión expresó su disposición para dar certeza jurídica a las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y al efecto diputados y senadores están abiertos a recibir proyectos que les envíe el Ejecutivo federal.
La salida del Ejército a las calles, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, carece de un marco jurídico específico, pese a los intentos que realizó el propio ex presidente con una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que presentó al Senado y avanzó a la Cámara de Diputados, donde quedó como un asunto de primera lectura.
El 23 de abril de 2009, el Ejecutivo envió a la Cámara Alta el proyecto que dotaría a las Fuerzas Armadas de facultades legales para actuar en actividades de la seguridad pública y, en particular, en el combate al crimen organizado.
Los senadores aprobaron la reforma, en 2010, dentro de la 60 Legislatura, y la remitieron a la Cámara de Diputados, donde quedó estancada en comisiones de la Legislatura que concluyó en 2012, tras protestas de organizaciones de la sociedad civil, en las que figuró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia.
Fuentes legislativas aseguran que las Fuerzas Armadas respaldan la minuta que el Senado aprobó entonces y que quedó registrada como de Primera Lectura en la Mesa Directiva de la Cámara Baja el 13 de diciembre de 2011.
El senador Roberto Gil (PAN), presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo este viernes que ''es impostergable concluir el proceso legislativo de una ley que dé certeza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública''.
Afirmó que Ejército y la Marina participan en la protección ciudadana frente a la amenaza del crimen organizado y ante la ausencia de cuerpos de policía capaces y confiables o por la incapacidad de instituciones.
La presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la diputada panista Adriana González Carrillo, dijo que los integrantes de la Cámara de Diputados están abiertos a recibir de parte del Ejecutivo federal una iniciativa para regular el marco legal de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas.
La también secretaria de la Comisión de Defensa Nacional adelantó que es probable que tengan encuentros con los integrantes del Ejército y de la Marina para abordar este tema en los próximos días.
''Aún no recibimos las propuestas que quedaron de presentarnos en noviembre, pero estamos listos para cumplir lo acordado. Trabajaremos con los jurídicos de la Sedena y la Marina para construir y presentar las leyes de seguridad interior y de defensa nacional en lo que resta de la Legislatura'', dijo González Carrillo.
El 7 de noviembre de 2013, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acudió a la Cámara Baja a conmemorar los 100 años del Ejército y pidió al Poder Legislativo y a sus coordinadores, legislar un marco jurídico para las Fuerzas Armadas para tener instrumentos legales apropiados, modernos y funcionales.
En abril de 2014, el Congreso concluyó la reforma sobre el fuero militar, que ordena presentar ante tribunales a los militares involucrados en delitos contra civiles.
La salida del Ejército a las calles, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, carece de un marco jurídico específico, pese a los intentos que realizó el propio ex presidente con una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que presentó al Senado y avanzó a la Cámara de Diputados, donde quedó como un asunto de primera lectura.
El 23 de abril de 2009, el Ejecutivo envió a la Cámara Alta el proyecto que dotaría a las Fuerzas Armadas de facultades legales para actuar en actividades de la seguridad pública y, en particular, en el combate al crimen organizado.
Los senadores aprobaron la reforma, en 2010, dentro de la 60 Legislatura, y la remitieron a la Cámara de Diputados, donde quedó estancada en comisiones de la Legislatura que concluyó en 2012, tras protestas de organizaciones de la sociedad civil, en las que figuró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia.
Fuentes legislativas aseguran que las Fuerzas Armadas respaldan la minuta que el Senado aprobó entonces y que quedó registrada como de Primera Lectura en la Mesa Directiva de la Cámara Baja el 13 de diciembre de 2011.
El senador Roberto Gil (PAN), presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo este viernes que ''es impostergable concluir el proceso legislativo de una ley que dé certeza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública''.
Afirmó que Ejército y la Marina participan en la protección ciudadana frente a la amenaza del crimen organizado y ante la ausencia de cuerpos de policía capaces y confiables o por la incapacidad de instituciones.
La presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la diputada panista Adriana González Carrillo, dijo que los integrantes de la Cámara de Diputados están abiertos a recibir de parte del Ejecutivo federal una iniciativa para regular el marco legal de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas.
La también secretaria de la Comisión de Defensa Nacional adelantó que es probable que tengan encuentros con los integrantes del Ejército y de la Marina para abordar este tema en los próximos días.
''Aún no recibimos las propuestas que quedaron de presentarnos en noviembre, pero estamos listos para cumplir lo acordado. Trabajaremos con los jurídicos de la Sedena y la Marina para construir y presentar las leyes de seguridad interior y de defensa nacional en lo que resta de la Legislatura'', dijo González Carrillo.
El 7 de noviembre de 2013, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acudió a la Cámara Baja a conmemorar los 100 años del Ejército y pidió al Poder Legislativo y a sus coordinadores, legislar un marco jurídico para las Fuerzas Armadas para tener instrumentos legales apropiados, modernos y funcionales.
En abril de 2014, el Congreso concluyó la reforma sobre el fuero militar, que ordena presentar ante tribunales a los militares involucrados en delitos contra civiles.
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