México
Conflicto en Tenacatita pasará a manos de la CNDH
El organismo señala que la gravedad de los hechos ha alcanzado relevancia nacional
GUADALAJARA, JALISCO (31/DIC/2010).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción sobre la queja 7961/10/III y sus acumuladas, relacionadas con el desalojo de ejidatarios y ramaderos en Tenacatita.
Este caso lo atiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), con múltiples actuaciones encaminadas a la resolución y protección de la integridad física, legalidad, libertad de tránsito, al ambiente y salud de la población, informó el organismo.
En un comunicado, señaló que el primer visitador general de la CNDH, Luis García López, informó a este organismo que debido a que los hechos que motivaron la queja son de especial gravedad, trascienden el interés de la entidad federativa e inciden en la opinión pública nacional.
Por ello, el ombudsman nacional firmó el acuerdo de atracción, sustentado en los artículos 60 de la Ley de la CNDH y 14 de su reglamento interno.
La queja fue iniciada el 4 de agosto por la comisión estatal de manera oficiosa, con motivo de varias notas periodísticas que señalaron que el secretario del Juzgado Mixto en Cihuatlán y 136 antimotines se presentaron en la playa de Tenacatita para desalojar a ejidatarios y habitantes.
Los uniformados también bloquearon la carretera que conduce a la playa. Por este caso se acumularon 10 inconformidades más, interpuestas por pobladores de El Rebalsito y por dos diputados federales, quienes también señalaron probables abusos de autoridad por parte de policías estatales.
Desde el primer día, la Comisión trabajó para salvaguardar la integridad física y jurídica de los pobladores de El Rebalsito y Tenacatita.
La CEDHJ emitió medidas cautelares dirigidas a Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, comisario general de Seguridad Pública del Estado, para que se respetara y garantizara la integridad física de las personas que estaban siendo desalojadas en la playa.
De igual forma, como medidas precautorias la CEDHJ solicitó al oficial Rubén Hernández, adscrito a la Cárcel Pública Municipal de Cihuatlán, y a Juan Carlos Nájar, jefe de grupo de la Policía Investigadora del Estado en ese municipio, que velaran por la integridad física de los adultos y de los menores de edad retenidos.
Personal de la CEDHJ se trasladó a Cihuatlán para entrevistar a los detenidos y gestionó que sus familiares los pudieran visitar; además realizó una inspección a las oficinas de la Policía Investigadora, lugar donde se encontraban retenidos algunos menores de edad, y se verificó su integridad física.
Incluso, visitadores de la CEDHJ entrevistaron a los pobladores y se realizó una inspección en la zona, donde corroboró que la carretera se encontraba bloqueada por elementos policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado, bloqueo que continúa hasta la fecha.
En El Rebalsito encontraron vehículos dañados presuntamente por parte de elementos policiales, incluso los pobladores aseguraron que los mismos policías se metieron a varias casas, golpearon a varias personas, arrojaron gas lacrimógeno.
También indicaron que los policías dispararon 'balas de goma' cuando ya había concluido la diligencia de desalojo por parte del órgano jurisdiccional, lo que motivó la petición de apoyo psicológico para los afectados con el fin de evitar mayores afectaciones en su salud.
La CEDHJ solicitó la intervención de la Semarnat y la Profepa para que en el ámbito de sus facultades determinaran las irregularidades y afectaciones al ecosistema de la zona.
Desde el día de los hechos y periódicamente, personal de la institución ha mantenido comunicación y ha visitado a la población, recabando mayores datos y actuando en la gestión de peticiones.
Este caso lo atiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), con múltiples actuaciones encaminadas a la resolución y protección de la integridad física, legalidad, libertad de tránsito, al ambiente y salud de la población, informó el organismo.
En un comunicado, señaló que el primer visitador general de la CNDH, Luis García López, informó a este organismo que debido a que los hechos que motivaron la queja son de especial gravedad, trascienden el interés de la entidad federativa e inciden en la opinión pública nacional.
Por ello, el ombudsman nacional firmó el acuerdo de atracción, sustentado en los artículos 60 de la Ley de la CNDH y 14 de su reglamento interno.
La queja fue iniciada el 4 de agosto por la comisión estatal de manera oficiosa, con motivo de varias notas periodísticas que señalaron que el secretario del Juzgado Mixto en Cihuatlán y 136 antimotines se presentaron en la playa de Tenacatita para desalojar a ejidatarios y habitantes.
Los uniformados también bloquearon la carretera que conduce a la playa. Por este caso se acumularon 10 inconformidades más, interpuestas por pobladores de El Rebalsito y por dos diputados federales, quienes también señalaron probables abusos de autoridad por parte de policías estatales.
Desde el primer día, la Comisión trabajó para salvaguardar la integridad física y jurídica de los pobladores de El Rebalsito y Tenacatita.
La CEDHJ emitió medidas cautelares dirigidas a Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, comisario general de Seguridad Pública del Estado, para que se respetara y garantizara la integridad física de las personas que estaban siendo desalojadas en la playa.
De igual forma, como medidas precautorias la CEDHJ solicitó al oficial Rubén Hernández, adscrito a la Cárcel Pública Municipal de Cihuatlán, y a Juan Carlos Nájar, jefe de grupo de la Policía Investigadora del Estado en ese municipio, que velaran por la integridad física de los adultos y de los menores de edad retenidos.
Personal de la CEDHJ se trasladó a Cihuatlán para entrevistar a los detenidos y gestionó que sus familiares los pudieran visitar; además realizó una inspección a las oficinas de la Policía Investigadora, lugar donde se encontraban retenidos algunos menores de edad, y se verificó su integridad física.
Incluso, visitadores de la CEDHJ entrevistaron a los pobladores y se realizó una inspección en la zona, donde corroboró que la carretera se encontraba bloqueada por elementos policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado, bloqueo que continúa hasta la fecha.
En El Rebalsito encontraron vehículos dañados presuntamente por parte de elementos policiales, incluso los pobladores aseguraron que los mismos policías se metieron a varias casas, golpearon a varias personas, arrojaron gas lacrimógeno.
También indicaron que los policías dispararon 'balas de goma' cuando ya había concluido la diligencia de desalojo por parte del órgano jurisdiccional, lo que motivó la petición de apoyo psicológico para los afectados con el fin de evitar mayores afectaciones en su salud.
La CEDHJ solicitó la intervención de la Semarnat y la Profepa para que en el ámbito de sus facultades determinaran las irregularidades y afectaciones al ecosistema de la zona.
Desde el día de los hechos y periódicamente, personal de la institución ha mantenido comunicación y ha visitado a la población, recabando mayores datos y actuando en la gestión de peticiones.
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