México
Condenado a muerte
Por Raymundo Riva Palacio
La explosión emocional estaba clara ese día en que en una entrevista apresurada en la radio, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, exclamó, en tono de queja, en tono de denuncia, resignado a su destino, que ahora sí, los cárteles de la droga saben dónde vive. Para mayor comprensión, lo que señaló es que si saben dónde vive, su seguridad está comprometida, sobre todo en el momento que se vive una guerra civil entre bandas de narcotraficantes que tienen como enemigo común al Gobierno federal, y su vida y la de su familia corre peligro. Ese día era el viernes pasado, inmerso en la confusión porque policías federales habían detenido a dos personas que seguían a su esposa y a su hija de 10 años por las calles del Sur de la Ciudad de México y que al ser detenidos les encontraron un croquis con la dirección de la casa anterior y actual del secretario.
Las dos personas detenidas dijeron ser camarógrafos de Televisión por Cable, a quien su jefe inmediato les pidió un reportaje sobre las propiedades de García Luna, cuyas direcciones se habían venido manejando en algunos medios durante los últimos días. Uno de ellos fue más a fondo, Reporte Índigo, la revista electrónica que lleva varios meses en campaña contra el secretario, que tuvo durante semanas como fuente principal de sus textos a Javier Herrera Valles, ex comandante de la Policía Federal detenido por presunta relación con los cárteles de la droga, publicó el viernes la dirección exacta de las casas del secretario. La sola sugerencia de la dirección donde vivía García Luna en otros medios días antes, había sido motivo de molestia dentro del Gobierno federal porque estaban vulnerando la seguridad del secretario, quien ya había tenido que cambiar de casa en este sexenio por las mismas razones. El viernes se escaló la tensión.
García Luna se preparaba para ir a dar un curso de maestría a la Escuela de la Marina, cuando lo llamó su esposa para contarle lo que acababa de suceder. Los agentes federales le informaron que les habían encontrado un croquis con las direcciones de su ex casa y de donde vive actualmente, que habían grabado a su hija de 10 años y que, para que se abriera una averiguación, los llevaban a la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República (PGR). Las alarmas se prendieron, pues había antecedentes.
En mayo del año pasado, dos sujetos realizaron una acción con el mismo modus operandi, pero en el spa que frecuentaba la esposa de García Luna. Los escoltas sacaron a la señora por una puerta trasera y fueron seguidos en un taxi hasta que fueron detenidos, en posesión de varias armas de alto calibre. La investigación llevó a corroborar que eran sicarios del cártel de Sinaloa quienes habían planeado una acción en contra de la señora. Fue prácticamente lo mismo que sucedió este viernes, con la diferencia que en lugar de armas eran cámaras de televisión, y en lugar de sicarios eran camarógrafos. La reacción gubernamental, aparentemente desproporcionada, tiene raíces profundas.
En mayo de 2008, el mismo en que se pretendió atentar contra la familia de García Luna, el director de Investigaciones Criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Velasco, fue asesinado por unos sicarios en el Sur de la Ciudad de México. Al ser detenidos sus asesinos, les encontraron un croquis con la dirección de la casa donde vivía ese funcionario, que llevaba años de estar siguiendo los pasos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Investigaciones posteriores permitieron establecer que esos sicarios estaban trabajando para el cártel de Sinaloa. Ese mismo mes, al llegar a una casa donde no habitaba regularmente, Édgar Millán, coordinador de Inteligencia y Operativos contra el Crimen Organizado de la misma dependencia, fue asesinado por un sicario que estaba dentro de su casa. El asesino, que fue detenido inmediatamente, produjo un dato escalofriante: había una lista de la muerte del cártel de Sinaloa en la cual figuraban, por orden de ejecución, Velasco, Millán, Gerardo Garay, quien reemplazó a Millán, Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, y otro mando policial de inferior rango que no ha sido identificado.
La operación que siguió tras el asesinato de Millán permitió romper la cadena de “ejecuciones”. Garay se encuentra en la cárcel, tras acusaciones de Luis “El Rey” Zambada, hermano de uno de los jefes del cártel de Sinaloa y del ex comandante vinculado al narco, Édgar Bayardo, acusado de robo de 500 mil dólares del narco. Cárdenas ha sido sometido a una campaña, también en Reporte Índigo, que revivió un caso judicial donde fue exonerado en su juventud. Los cuatro mandos identificados en la lista, eran quienes tenían años trabajando contra el cártel de Sinaloa, uno de cuyos comandos intentó asesinar en 2007 al finado José Luis Santiago Vasconcelos, que dirigió la Unidad contra la Delincuencia Organizada de la PGR, y que pagó a un grupo de sicarios pagados por “El Rey” Zambada para que atentaran contra la vida de Julio César Sánchez Amaya, director de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal —el famoso bombazo en el Centro de la Ciudad de México en febrero de 2008—, que había dirigido una operación de un decomiso de armas importantes.
La línea de “ejecuciones” en contra de mandos policiales que han actuado contra el cártel de Sinaloa y contra la fracción disidente de los hermanos Beltrán Leyva —la fractura se dio por la detención de Alfredo, “El Mochomo”, realizada por Garay a principio del año pasado—, es evidente. Las amenazas contra los más altos funcionarios federales son constantes. En la Secretaría de Seguridad Pública se elevó el nivel de blindaje de los vehículos para que puedan resistir la mayor potencia de las armas de los narcos y desde hace unos meses la seguridad se ha reforzado en torno a los mandos principales. García Luna y su familia están en el centro, y el secretario es la joya de la corona. Su reacción sanguínea en la radio encierra la realidad del momento. Diariamente se juega la vida, como también altos funcionarios, jefes policiales y militares, quizás no tan expuestos ni sometidos a las campañas como él. Esto no debemos olvidarlo.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Las dos personas detenidas dijeron ser camarógrafos de Televisión por Cable, a quien su jefe inmediato les pidió un reportaje sobre las propiedades de García Luna, cuyas direcciones se habían venido manejando en algunos medios durante los últimos días. Uno de ellos fue más a fondo, Reporte Índigo, la revista electrónica que lleva varios meses en campaña contra el secretario, que tuvo durante semanas como fuente principal de sus textos a Javier Herrera Valles, ex comandante de la Policía Federal detenido por presunta relación con los cárteles de la droga, publicó el viernes la dirección exacta de las casas del secretario. La sola sugerencia de la dirección donde vivía García Luna en otros medios días antes, había sido motivo de molestia dentro del Gobierno federal porque estaban vulnerando la seguridad del secretario, quien ya había tenido que cambiar de casa en este sexenio por las mismas razones. El viernes se escaló la tensión.
García Luna se preparaba para ir a dar un curso de maestría a la Escuela de la Marina, cuando lo llamó su esposa para contarle lo que acababa de suceder. Los agentes federales le informaron que les habían encontrado un croquis con las direcciones de su ex casa y de donde vive actualmente, que habían grabado a su hija de 10 años y que, para que se abriera una averiguación, los llevaban a la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República (PGR). Las alarmas se prendieron, pues había antecedentes.
En mayo del año pasado, dos sujetos realizaron una acción con el mismo modus operandi, pero en el spa que frecuentaba la esposa de García Luna. Los escoltas sacaron a la señora por una puerta trasera y fueron seguidos en un taxi hasta que fueron detenidos, en posesión de varias armas de alto calibre. La investigación llevó a corroborar que eran sicarios del cártel de Sinaloa quienes habían planeado una acción en contra de la señora. Fue prácticamente lo mismo que sucedió este viernes, con la diferencia que en lugar de armas eran cámaras de televisión, y en lugar de sicarios eran camarógrafos. La reacción gubernamental, aparentemente desproporcionada, tiene raíces profundas.
En mayo de 2008, el mismo en que se pretendió atentar contra la familia de García Luna, el director de Investigaciones Criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Velasco, fue asesinado por unos sicarios en el Sur de la Ciudad de México. Al ser detenidos sus asesinos, les encontraron un croquis con la dirección de la casa donde vivía ese funcionario, que llevaba años de estar siguiendo los pasos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Investigaciones posteriores permitieron establecer que esos sicarios estaban trabajando para el cártel de Sinaloa. Ese mismo mes, al llegar a una casa donde no habitaba regularmente, Édgar Millán, coordinador de Inteligencia y Operativos contra el Crimen Organizado de la misma dependencia, fue asesinado por un sicario que estaba dentro de su casa. El asesino, que fue detenido inmediatamente, produjo un dato escalofriante: había una lista de la muerte del cártel de Sinaloa en la cual figuraban, por orden de ejecución, Velasco, Millán, Gerardo Garay, quien reemplazó a Millán, Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, y otro mando policial de inferior rango que no ha sido identificado.
La operación que siguió tras el asesinato de Millán permitió romper la cadena de “ejecuciones”. Garay se encuentra en la cárcel, tras acusaciones de Luis “El Rey” Zambada, hermano de uno de los jefes del cártel de Sinaloa y del ex comandante vinculado al narco, Édgar Bayardo, acusado de robo de 500 mil dólares del narco. Cárdenas ha sido sometido a una campaña, también en Reporte Índigo, que revivió un caso judicial donde fue exonerado en su juventud. Los cuatro mandos identificados en la lista, eran quienes tenían años trabajando contra el cártel de Sinaloa, uno de cuyos comandos intentó asesinar en 2007 al finado José Luis Santiago Vasconcelos, que dirigió la Unidad contra la Delincuencia Organizada de la PGR, y que pagó a un grupo de sicarios pagados por “El Rey” Zambada para que atentaran contra la vida de Julio César Sánchez Amaya, director de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal —el famoso bombazo en el Centro de la Ciudad de México en febrero de 2008—, que había dirigido una operación de un decomiso de armas importantes.
La línea de “ejecuciones” en contra de mandos policiales que han actuado contra el cártel de Sinaloa y contra la fracción disidente de los hermanos Beltrán Leyva —la fractura se dio por la detención de Alfredo, “El Mochomo”, realizada por Garay a principio del año pasado—, es evidente. Las amenazas contra los más altos funcionarios federales son constantes. En la Secretaría de Seguridad Pública se elevó el nivel de blindaje de los vehículos para que puedan resistir la mayor potencia de las armas de los narcos y desde hace unos meses la seguridad se ha reforzado en torno a los mandos principales. García Luna y su familia están en el centro, y el secretario es la joya de la corona. Su reacción sanguínea en la radio encierra la realidad del momento. Diariamente se juega la vida, como también altos funcionarios, jefes policiales y militares, quizás no tan expuestos ni sometidos a las campañas como él. Esto no debemos olvidarlo.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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