México
Condena CIDH amenazas contra Alejandro Solalinde
El Organismo lamenta que el sacerdote activista no tenga protección del Estado mexicano
CIUDAD DE MÉXICO (23/MAY/2012).- Inconcebible, la falta de protección oficial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas de muerte que generaron la salida temporal de Oaxaca del padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes en México.
Es un hecho sumamente grave que el Estado mexicano no haya adoptado medidas de protección efectivas para prevenir que Solalinde Guerra, director del albergue “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, se viera forzado a salir del país.
Aun cuando el activista goza de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 23 de abril de 2010, éste no fue protegido en forma efectiva por el Estado mexicano, ya que en los últimos dos meses recibió seis amenazas de muerte por sus labores relativas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México.
Otorgan medidas cautelares, pero no son suficientes
El organismo internacional otorgó medidas cautelares en 2010 para proteger la vida y la integridad del Alejandro Solalinde, David Álvarez, Areli Palomo, Mario Calderón, Norma Araceli Doblado, estos últimos colaboradores del albergue.
Policías encañonan al activista
La intervención de la CIDH se dio como consecuencia de los actos de intimidación ocurridos en febrero de ese mismo año cuando fue detenido y encañonado por policías federales al acudir a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca para colaborar en la investigación por el asesinato de tres migrantes.
El pasado 15 de mayo, el padre Alejandro Solalinde, también integrante de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Iglesia Católica, anunció que se ausentaría dos meses del país para cumplir con una agenda con las organizaciones Amnistía Internacional (AI), y Brigadas Internacionales de Paz, en un “retiro táctico” que también permitirá garantizar su seguridad.
Las cartas
El clérigo reitera en sus denuncias que han echado sus cartas con agresiones constantes e intentos de amedrentar a quienes trabajan en el albergue, pues “estamos tocando intereses muy grandes”.
El activista denuncia que tras las amenazas están políticos corruptos y el crimen organizado, que ven afectados sus intereses, al ver a los migrantes como mercancía
Es un hecho sumamente grave que el Estado mexicano no haya adoptado medidas de protección efectivas para prevenir que Solalinde Guerra, director del albergue “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, se viera forzado a salir del país.
Aun cuando el activista goza de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 23 de abril de 2010, éste no fue protegido en forma efectiva por el Estado mexicano, ya que en los últimos dos meses recibió seis amenazas de muerte por sus labores relativas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en México.
Otorgan medidas cautelares, pero no son suficientes
El organismo internacional otorgó medidas cautelares en 2010 para proteger la vida y la integridad del Alejandro Solalinde, David Álvarez, Areli Palomo, Mario Calderón, Norma Araceli Doblado, estos últimos colaboradores del albergue.
Policías encañonan al activista
La intervención de la CIDH se dio como consecuencia de los actos de intimidación ocurridos en febrero de ese mismo año cuando fue detenido y encañonado por policías federales al acudir a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca para colaborar en la investigación por el asesinato de tres migrantes.
El pasado 15 de mayo, el padre Alejandro Solalinde, también integrante de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Iglesia Católica, anunció que se ausentaría dos meses del país para cumplir con una agenda con las organizaciones Amnistía Internacional (AI), y Brigadas Internacionales de Paz, en un “retiro táctico” que también permitirá garantizar su seguridad.
Las cartas
El clérigo reitera en sus denuncias que han echado sus cartas con agresiones constantes e intentos de amedrentar a quienes trabajan en el albergue, pues “estamos tocando intereses muy grandes”.
El activista denuncia que tras las amenazas están políticos corruptos y el crimen organizado, que ven afectados sus intereses, al ver a los migrantes como mercancía
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