México
Concluye declaración de los 28 detenidos en Michoacán
Funcionarios, ex funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán, acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado rinden su declaración en el SIEDO
CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este miércoles concluyó la declaración ministerial de los 28 alcaldes, funcionarios y ex funcionarios de Michoacán detenidos el martes por elementos federales por presunta protección a la delincuencia organizada.
El abogado Juan Rivero, defensor del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtlahua Orihuela, informó que todos los litigantes "hemos podido hablar con nuestros clientes y estamos en el proceso de entrega de pruebas de descargo durante las próximas 24 horas".
Indicó que este día varios fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tomaron las declaraciones a los indiciados, a quienes también se les practicaron exámenes computarizados para identificar sus voces, a fin de obtener o descartar evidencias.
El litigante explicó que a cada uno de los detenidos se les interrogó en cubículos por separado, por lo que no han tenido oportunidad de conversar entre ellos.
Rivero refirió que ya presentó ante el Ministerio Público diversas pruebas de descargo sobre las imputaciones a su cliente, como las declaraciones de modificación patrimonial del alcalde cuando fue diputado y cuando inició su administración como edil.
Precisó que en la última declaración de Ixtlahua Orihuela no aparece ningún cambio desproporcionado con sus ingresos.
Aclaró que entre las pruebas también figuran los documentos que respaldan un crédito hipotecario con el que pagó la casa en la que ahora vive y que aún está en proceso de pago.
Sobre las imputaciones en el sentido de que el grupo criminal La Familia Michoacana brindaba seguridad personal al edil, el abogado presentó los nombramientos de los policías municipales que formaban parte de la escolta personal del funcionario.
Comentó que los defensores de los michoacanos han considerado que las imputaciones a sus clientes tienen poca firmeza, por lo que al vencerse el plazo constitucional, aún con la ampliación a 96 horas, que concluiría el sábado a las 18:30 horas, no habrá elementos para mantenerlos retenidos.
En ese sentido, el abogado César Ceja, defensor de dos de los 10 alcaldes detenidos, sostuvo que las evidencias para vincular a los ediles con el crimen organizado son jurídicamente débiles.
El litigante agregó que las autoridades se basaron en un documento sin firma, ni sello, ni membrete en el que se mencionan los nombres de algunos de los 28 detenidos para detenerlos por presuntos vínculos con La Familia.
César Ceja es abogado defensor de los presidentes municipales de Apatzingán, Genaro Guízar Valencia, y de Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero, de extracción perredista, quienes se encuentran en las instalaciones de la SIEDO.
Funcionarios, ex funcionarios, alcaldes, policías municipales y estatales de Michoacán, acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado, detenidos el martes, rinden su declaración en las instalaciones de la SIEDO, para determinar su situación jurídica.
El abogado Juan Rivero, defensor del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtlahua Orihuela, informó que todos los litigantes "hemos podido hablar con nuestros clientes y estamos en el proceso de entrega de pruebas de descargo durante las próximas 24 horas".
Indicó que este día varios fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tomaron las declaraciones a los indiciados, a quienes también se les practicaron exámenes computarizados para identificar sus voces, a fin de obtener o descartar evidencias.
El litigante explicó que a cada uno de los detenidos se les interrogó en cubículos por separado, por lo que no han tenido oportunidad de conversar entre ellos.
Rivero refirió que ya presentó ante el Ministerio Público diversas pruebas de descargo sobre las imputaciones a su cliente, como las declaraciones de modificación patrimonial del alcalde cuando fue diputado y cuando inició su administración como edil.
Precisó que en la última declaración de Ixtlahua Orihuela no aparece ningún cambio desproporcionado con sus ingresos.
Aclaró que entre las pruebas también figuran los documentos que respaldan un crédito hipotecario con el que pagó la casa en la que ahora vive y que aún está en proceso de pago.
Sobre las imputaciones en el sentido de que el grupo criminal La Familia Michoacana brindaba seguridad personal al edil, el abogado presentó los nombramientos de los policías municipales que formaban parte de la escolta personal del funcionario.
Comentó que los defensores de los michoacanos han considerado que las imputaciones a sus clientes tienen poca firmeza, por lo que al vencerse el plazo constitucional, aún con la ampliación a 96 horas, que concluiría el sábado a las 18:30 horas, no habrá elementos para mantenerlos retenidos.
En ese sentido, el abogado César Ceja, defensor de dos de los 10 alcaldes detenidos, sostuvo que las evidencias para vincular a los ediles con el crimen organizado son jurídicamente débiles.
El litigante agregó que las autoridades se basaron en un documento sin firma, ni sello, ni membrete en el que se mencionan los nombres de algunos de los 28 detenidos para detenerlos por presuntos vínculos con La Familia.
César Ceja es abogado defensor de los presidentes municipales de Apatzingán, Genaro Guízar Valencia, y de Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero, de extracción perredista, quienes se encuentran en las instalaciones de la SIEDO.
Funcionarios, ex funcionarios, alcaldes, policías municipales y estatales de Michoacán, acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado, detenidos el martes, rinden su declaración en las instalaciones de la SIEDO, para determinar su situación jurídica.
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