México
Ciberméxico criminal
Un cálculo conservador nos dice que hay un millón de menores de 18 en peligro de ser copados por estas redes, lo cual significa que el Gobierno federal invierte siete pesos anuales en cada una de esas niñas y niños
Nada se parece a la desesperación de un padre cuando su hija desaparece y en una búsqueda en internet encuentra imágenes pornográficas de ella, sin poder seguir su rastro. Así lo dice Raúl, el padre de una niña de 11 años perdida en Veracruz hace seis años.
Luego del hallazgo comenzó a navegar en internet para ver si descubría alguna clave sobre su hija. Fue un abogado quien le recomendó que dejara de hacerlo, podría ser arrestado por buscar pornografía infantil, incluso por guardar como evidencia las imágenes que encontró de su hija.
En el mundo, Estados Unidos es el país en que se alojan más servidores que circulan pornografía infantil. México es el tercer país en que circulan más imágenes fijas y de video de explotación sexual con niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y el nuestro es ahora el segundo país productor de pornografía infantil en Latinoamérica.
Superó a Brasil luego de que Lula da Silva creara una de las leyes más eficientes contra este crimen cibernético acompañada de programas de prevención.
Durante ocho meses un equipo de especialistas de la fundación española Alia2 monitoreó 24 horas al día el ciberespacio buscando evidencia de intercambio de material pornográfico con menores de 18 años.
Lo que esta organización encontró es justamente la prueba que hacía falta para entender que nuestros gobiernos y las empresas como Microsoft y Facebook no están asumiendo su responsabilidad para proteger a la infancia y asegurar que se persigan estos delitos. No se trata de censurar el ciberespacio, sino de hacerlo más seguro.
De 2002 a 2006 México dedicó 10 millones de pesos anuales para el plan de acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, para 2008 el presupuesto se redujo a siete millones anuales.
El 33% de la población mexicana es menor de 18 años y 5.1 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza extrema. Una de cada cinco niñas y adolescentes es víctima potencial de abusos y explotación sexual.
Un cálculo conservador nos dice que hay un millón de menores de 18 en peligro de ser copados por estas redes, lo cual significa que el Gobierno federal invierte siete pesos anuales en cada una de esas niñas y niños. Suficiente para una bolsita de papas al año.
Hace 20 años que el Gobierno mexicano firmó los convenios internacionales para combatir la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil.
Lo cierto es que a pesar de tener leyes al respecto, éstas aún no son eficientes por la corrupción e impunidad del Poder Judicial. Las autoridades siguen aventándose la pelota cada vez que se denuncia un delito de esta naturaleza, la Federal insiste que se juzguen a nivel estatal y viceversa; mientras tantos niñas, niños y adolescentes siguen en el limbo y los delincuentes libres como el viento.
La ciberpolicía del Distrito Federal hizo, el año pasado, una de las detenciones de pornografía infantil más notables de la historia, pero como el líder era un sacerdote veracruzano, la curia ayudada por el ex gobernador Fidel Herrera operó para liberarlo y un juez del Distrito Federal colaboró en ello. La propia ciberpolicía veracruzana estaba frustrada.
Casi 90% de los jueces y juezas no entienden cómo funcionan las redes sociales por las que circula la pornografía.
Expertos como Marcelino Madrigal nos dicen que debemos enfocarnos en cuatro temas: educación a menores, padres, madres y educadores sobre el buen uso de la tecnología. Responsabilidad civil de las empresas con obligatoriedad a que se involucren en erradicar la pornografía infantil de sus espacios.
Cambios en las leyes y redacción de nuevas mirando a la red, y no contra la red; demonizar internet es una tontería. Medios y recursos para las fuerzas de seguridad que les permita desempeñar su trabajo de una manera eficiente, interconectada y global, tal como lo hacen los pedófilos y pederastas.
Es urgente que las grandes redes (Facebook, Tuenti, Orkut, Windows Live) subscriban un acuerdo de unificación de base de datos de delincuentes, de tal manera que si se detecta un caso los demás lo conozcan y actúen.
Hasta ahora lo que Facebook hace cuando se denuncia porno infantil es cierre del perfil. Cerrar no es eliminar, es desactivar temporalmente.
Las empresas deben desarrollar filtros contra la pornografía infantil igual de efectivos que los filtros de imágenes, texto y demás que son muy eficientes cuando se trata de defender copyright, como los que se activan al subir videos de música, de F1, o enlaces a descargas de software ilegales. Los derechos de la infancia deben ser tan importantes, o más, que los de autor.
El ciberespacio es casi un universo paralelo. Gracias a él se ayuda a mucha gente, pero es también un lugar en que los criminales se encuentran y fortalecen; las empresas y sus usuarios debemos asumir esa realidad.
Luego del hallazgo comenzó a navegar en internet para ver si descubría alguna clave sobre su hija. Fue un abogado quien le recomendó que dejara de hacerlo, podría ser arrestado por buscar pornografía infantil, incluso por guardar como evidencia las imágenes que encontró de su hija.
En el mundo, Estados Unidos es el país en que se alojan más servidores que circulan pornografía infantil. México es el tercer país en que circulan más imágenes fijas y de video de explotación sexual con niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y el nuestro es ahora el segundo país productor de pornografía infantil en Latinoamérica.
Superó a Brasil luego de que Lula da Silva creara una de las leyes más eficientes contra este crimen cibernético acompañada de programas de prevención.
Durante ocho meses un equipo de especialistas de la fundación española Alia2 monitoreó 24 horas al día el ciberespacio buscando evidencia de intercambio de material pornográfico con menores de 18 años.
Lo que esta organización encontró es justamente la prueba que hacía falta para entender que nuestros gobiernos y las empresas como Microsoft y Facebook no están asumiendo su responsabilidad para proteger a la infancia y asegurar que se persigan estos delitos. No se trata de censurar el ciberespacio, sino de hacerlo más seguro.
De 2002 a 2006 México dedicó 10 millones de pesos anuales para el plan de acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, para 2008 el presupuesto se redujo a siete millones anuales.
El 33% de la población mexicana es menor de 18 años y 5.1 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza extrema. Una de cada cinco niñas y adolescentes es víctima potencial de abusos y explotación sexual.
Un cálculo conservador nos dice que hay un millón de menores de 18 en peligro de ser copados por estas redes, lo cual significa que el Gobierno federal invierte siete pesos anuales en cada una de esas niñas y niños. Suficiente para una bolsita de papas al año.
Hace 20 años que el Gobierno mexicano firmó los convenios internacionales para combatir la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil.
Lo cierto es que a pesar de tener leyes al respecto, éstas aún no son eficientes por la corrupción e impunidad del Poder Judicial. Las autoridades siguen aventándose la pelota cada vez que se denuncia un delito de esta naturaleza, la Federal insiste que se juzguen a nivel estatal y viceversa; mientras tantos niñas, niños y adolescentes siguen en el limbo y los delincuentes libres como el viento.
La ciberpolicía del Distrito Federal hizo, el año pasado, una de las detenciones de pornografía infantil más notables de la historia, pero como el líder era un sacerdote veracruzano, la curia ayudada por el ex gobernador Fidel Herrera operó para liberarlo y un juez del Distrito Federal colaboró en ello. La propia ciberpolicía veracruzana estaba frustrada.
Casi 90% de los jueces y juezas no entienden cómo funcionan las redes sociales por las que circula la pornografía.
Expertos como Marcelino Madrigal nos dicen que debemos enfocarnos en cuatro temas: educación a menores, padres, madres y educadores sobre el buen uso de la tecnología. Responsabilidad civil de las empresas con obligatoriedad a que se involucren en erradicar la pornografía infantil de sus espacios.
Cambios en las leyes y redacción de nuevas mirando a la red, y no contra la red; demonizar internet es una tontería. Medios y recursos para las fuerzas de seguridad que les permita desempeñar su trabajo de una manera eficiente, interconectada y global, tal como lo hacen los pedófilos y pederastas.
Es urgente que las grandes redes (Facebook, Tuenti, Orkut, Windows Live) subscriban un acuerdo de unificación de base de datos de delincuentes, de tal manera que si se detecta un caso los demás lo conozcan y actúen.
Hasta ahora lo que Facebook hace cuando se denuncia porno infantil es cierre del perfil. Cerrar no es eliminar, es desactivar temporalmente.
Las empresas deben desarrollar filtros contra la pornografía infantil igual de efectivos que los filtros de imágenes, texto y demás que son muy eficientes cuando se trata de defender copyright, como los que se activan al subir videos de música, de F1, o enlaces a descargas de software ilegales. Los derechos de la infancia deben ser tan importantes, o más, que los de autor.
El ciberespacio es casi un universo paralelo. Gracias a él se ayuda a mucha gente, pero es también un lugar en que los criminales se encuentran y fortalecen; las empresas y sus usuarios debemos asumir esa realidad.
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