México
Caso de menor muerto en Puebla se acerca a la CIDH
José Luis Alberto Tehuatluie Tamayo falleció durante una protesta en julio de 2014
CIUDAD DE MÉXICO (16/DIC/2015).- El caso del niño José Luis Alberto Tehuatluie Tamayo que
murió en julio de 2014 tras ser herido presuntamente por policías durante una protesta en el estado de Puebla puede ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (
CIDH), indicó el abogado del caso, Blas Rafael Palacios.
La madre del menor, Elia Tamayo, no ha recibido todavía alguna reparación del daño por parte del gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, no hay castigo a los responsables y no se ha cumplido la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en torno al caso.
"A pesar de los reclamos, en las instancias y cauces legales institucionales a la señora Elia Tamayo no se le ha cumplido con la reparación del daño moral, que es lo que estamos reclamando; no se ha tenido la voluntad por parte del gobernador", dijo Palacios en conferencia de prensa.
El abogado relató que la demanda de juicio de responsabilidad patrimonial en contra del gobernador, a quien se señala como responsable de la muerte del menor para el reclamo de la indemnización, fue desechada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Nosotros creemos que están actuando con desconocimiento y no con perversidad; nos hace evaluar esta posibilidad de replantear el caso y de que reconsideren en el Tribunal esta parte que no conocían", apuntó.
El representante legal dijo que la última instancia es acudir a la CIDH y que si el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "sería lo ideal".
Sostuvo que el asunto es paradigmático "por ser un menor, indígena y pobre", y añadió que el "Estado mexicano no puede seguir atropellando a los derechos humanos de la gente en este país".
A su vez, la madre dijo que lo único que pide es justicia y que un caso así nunca se repita. "En Puebla no hay justicia y el caso lo dejaremos en manos de la Corte Interamericana para que podamos encontrar esa justicia", agregó.
Sobre la recomendación de la CNDH, que contempla el compromiso de no repetición además de una serie de cursos y capacitación en materia de derechos humanos a los agentes de seguridad pública, entre otras medidas, el abogado recordó que Moreno Valle la aceptó de "manera integra", pero no la ha cumplido.
José Luis Tehuatle Tamayo, de 13 años, resultó gravemente herido el 9 de julio de 2014 durante un enfrentamiento registrado entre policías y pobladores del municipio de Chalchihuapan, Puebla, que bloqueaban una autopista para exigir la restitución de los servicios del registro civil en su comunidad.
La herida en la cabeza provocó la muerte cerebral del menor, quien fue atendido en un hospital público hasta que el 19 de julio perdió la vida.
Desde entonces, las autoridades de Puebla aseguraron en repetidas ocasiones que el niño murió por el estallido de un petardo arrojado por los manifestantes, una versión que contradice las declaraciones de la madre, testigo de los hechos.
Desde el principio, Elia Tamayo denunció que su hijo recibió el impacto de un proyectil procedente de las fuerzas de seguridad, pero luego denunció que había sido presionada por las autoridades para que modificara la versión de lo sucedido.
Además del niño, en el enfrentamiento resultaron heridos nueve civiles, incluidos otros dos menores de edad, y 49 agentes policiales.
La madre del menor, Elia Tamayo, no ha recibido todavía alguna reparación del daño por parte del gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, no hay castigo a los responsables y no se ha cumplido la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en torno al caso.
"A pesar de los reclamos, en las instancias y cauces legales institucionales a la señora Elia Tamayo no se le ha cumplido con la reparación del daño moral, que es lo que estamos reclamando; no se ha tenido la voluntad por parte del gobernador", dijo Palacios en conferencia de prensa.
El abogado relató que la demanda de juicio de responsabilidad patrimonial en contra del gobernador, a quien se señala como responsable de la muerte del menor para el reclamo de la indemnización, fue desechada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Nosotros creemos que están actuando con desconocimiento y no con perversidad; nos hace evaluar esta posibilidad de replantear el caso y de que reconsideren en el Tribunal esta parte que no conocían", apuntó.
El representante legal dijo que la última instancia es acudir a la CIDH y que si el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "sería lo ideal".
Sostuvo que el asunto es paradigmático "por ser un menor, indígena y pobre", y añadió que el "Estado mexicano no puede seguir atropellando a los derechos humanos de la gente en este país".
A su vez, la madre dijo que lo único que pide es justicia y que un caso así nunca se repita. "En Puebla no hay justicia y el caso lo dejaremos en manos de la Corte Interamericana para que podamos encontrar esa justicia", agregó.
Sobre la recomendación de la CNDH, que contempla el compromiso de no repetición además de una serie de cursos y capacitación en materia de derechos humanos a los agentes de seguridad pública, entre otras medidas, el abogado recordó que Moreno Valle la aceptó de "manera integra", pero no la ha cumplido.
José Luis Tehuatle Tamayo, de 13 años, resultó gravemente herido el 9 de julio de 2014 durante un enfrentamiento registrado entre policías y pobladores del municipio de Chalchihuapan, Puebla, que bloqueaban una autopista para exigir la restitución de los servicios del registro civil en su comunidad.
La herida en la cabeza provocó la muerte cerebral del menor, quien fue atendido en un hospital público hasta que el 19 de julio perdió la vida.
Desde entonces, las autoridades de Puebla aseguraron en repetidas ocasiones que el niño murió por el estallido de un petardo arrojado por los manifestantes, una versión que contradice las declaraciones de la madre, testigo de los hechos.
Desde el principio, Elia Tamayo denunció que su hijo recibió el impacto de un proyectil procedente de las fuerzas de seguridad, pero luego denunció que había sido presionada por las autoridades para que modificara la versión de lo sucedido.
Además del niño, en el enfrentamiento resultaron heridos nueve civiles, incluidos otros dos menores de edad, y 49 agentes policiales.
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