México
Caso Rubí: ¿Quién tiene la culpa?
En Chihuahua, lo saben bien los periodistas, ningún agente del Ministerio Público del Estado se presenta a la escena de un crimen
¿Sergio Barraza Bocanegra, el asesino de Rubí está libre porque tres jueces no hicieron bien su trabajo, o porque el Ministerio Público de Chihuahua no investigó y fue incapaz de demostrar su culpabilidad durante el juicio? Y más allá de este caso ¿quiénes son los responsables de que la inmensa mayoría de los sujetos presentados por las policías como temibles criminales salgan libres?
En el caso de Rubí Marisol Freyre Escobedo, asesinada la noche del 29 de agosto de 2008, la opinión pública en Chihuahua parece ser unánime: la incompetencia e insensibilidad de los jueces son las culpables. Y es que la imagen del 29 de abril de 2010, día de la audiencia, es terrible: la juez Catalina Ochoa en toga y escoltada por sus dos compañeros pronuncia el veredicto: “Se absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio agravado, previsto y sancionado por los artículos”… antes de que la juez termine sus palabras, el grito desgarrador de Marisela Escobedo, la madre de Rubí, la interrumpe.
La imagen la vimos todos y supimos entonces de la lucha de Marisela por demostrar que Sergio Barraza, la pareja sentimental de Rubí Freyre, era el culpable. Sergio aprovechó ese veredicto para fugarse y a Marisela la mataron en diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras pedía justicia para su hija. Peor desenlace no podía haber y la indignación general hizo que las autoridades estatales buscaran —ahora sí— a los responsables de que no se haga justicia.
Pero el asunto no es tan sencillo. En el juicio contra Sergio Barraza, el Ministerio Público no pudo demostrar la causa de la muerte de Rubí ni presentó pruebas que apoyaran la confesión que había hecho Sergio ante su padrastro y dos policías municipales y que por ley no podía ser prueba suficiente para condenarlo.
En Chihuahua, lo saben bien los periodistas, ningún agente del Ministerio Público del Estado se presenta a la escena de un crimen, por lo tanto, no recogen evidencias ni testimonios.
César Duarte Jáquez, el nuevo gobernador del Estado, pidió que el peso de la ley cayera sobre los tres jueces que liberaron a Sergio Barraza, y quizá tenga razón en este caso, pero en su calidad de gobernador debería estar más preocupado por lo que a él le corresponde: que la Procuraduría de Chihuahua funcione y que el Ministerio Público estatal investigue y aporte pruebas.
Ayer, por unanimidad, los diputados locales de Chihuahua decidieron iniciarles un juicio político a los tres jueces del caso Rubí Freyre e investigar la actuación de los agentes del Ministerio Público que integraron el expediente y a los efectivos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez que intervinieron en el caso. A ver qué resulta.
En el caso de Rubí Marisol Freyre Escobedo, asesinada la noche del 29 de agosto de 2008, la opinión pública en Chihuahua parece ser unánime: la incompetencia e insensibilidad de los jueces son las culpables. Y es que la imagen del 29 de abril de 2010, día de la audiencia, es terrible: la juez Catalina Ochoa en toga y escoltada por sus dos compañeros pronuncia el veredicto: “Se absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio agravado, previsto y sancionado por los artículos”… antes de que la juez termine sus palabras, el grito desgarrador de Marisela Escobedo, la madre de Rubí, la interrumpe.
La imagen la vimos todos y supimos entonces de la lucha de Marisela por demostrar que Sergio Barraza, la pareja sentimental de Rubí Freyre, era el culpable. Sergio aprovechó ese veredicto para fugarse y a Marisela la mataron en diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras pedía justicia para su hija. Peor desenlace no podía haber y la indignación general hizo que las autoridades estatales buscaran —ahora sí— a los responsables de que no se haga justicia.
Pero el asunto no es tan sencillo. En el juicio contra Sergio Barraza, el Ministerio Público no pudo demostrar la causa de la muerte de Rubí ni presentó pruebas que apoyaran la confesión que había hecho Sergio ante su padrastro y dos policías municipales y que por ley no podía ser prueba suficiente para condenarlo.
En Chihuahua, lo saben bien los periodistas, ningún agente del Ministerio Público del Estado se presenta a la escena de un crimen, por lo tanto, no recogen evidencias ni testimonios.
César Duarte Jáquez, el nuevo gobernador del Estado, pidió que el peso de la ley cayera sobre los tres jueces que liberaron a Sergio Barraza, y quizá tenga razón en este caso, pero en su calidad de gobernador debería estar más preocupado por lo que a él le corresponde: que la Procuraduría de Chihuahua funcione y que el Ministerio Público estatal investigue y aporte pruebas.
Ayer, por unanimidad, los diputados locales de Chihuahua decidieron iniciarles un juicio político a los tres jueces del caso Rubí Freyre e investigar la actuación de los agentes del Ministerio Público que integraron el expediente y a los efectivos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez que intervinieron en el caso. A ver qué resulta.
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