México
Cañerías del Legislativo
Hoy jueves se espera que el pleno del Congreso del Estado aborde el caso del auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo. Sea que los diputados estén a favor de que continúe en el cargo
Hoy jueves se espera que el pleno del Congreso del Estado aborde el caso del auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo. Sea que los diputados estén a favor de que continúe en el cargo, lo cesen de manera temporal o lo hagan de manera definitiva, por las oscuras, escandalosas y millonarias cantidades que cobró, ni duda cabe que la credibilidad e imagen del funcionario están cada vez peor.
Pero ¿qué sucederá con los responsables de avalar esos pagos? ¿Habría alguna sanción? ¿Se les seguirá protegiendo por no convenir a los intereses políticos de diputados y sus partidos? ¿Y las otras anomalías?
Las respuestas “poco claras” que dio Godoy Pelayo al comparecer ante la Comisión de Vigilancia, el pasado 4 de febrero, que lo tienen en la picota, podrían también extenderse a la mayoría de los actuales diputados: saben del cochinero administrativo y financiero que dejó la Legislatura pasada, pero dicen mucho y actúan poco.
Lo hacen de manera medrosa. Con cautela. Hasta ahora no hay sanciones ejemplares. Ni al parecer habrá. Lo que sí hay son solapamientos, vacilaciones y, de igual manera, respuestas “poco claras” que conduzcan a los responsables de las graves anomalías.
Los memorándum de “observaciones y recomendaciones para fortalecer los sistemas internos” que tras realizar auditorías a los ingresos y gastos de la LVIII Legislatura entregó Russell Bedford Guadalajara al Congreso del Estado, revelan una enorme cantidad de anomalías que en otros países generarían protestas y sanciones ejemplares.
Tan sólo de la auditoría al año 2009 se desprenden numerosas irregularidades y hasta posibles delitos. La observación número dos de los auditores, por ejemplo, muestra la perversión en el manejo de nuestros impuestos por parte de los entonces coordinadores de las fracciones parlamentarias, al depositarse en sus cuentas y en las de funcionarios del Congreso 189 millones de pesos.
“Ninguna póliza de partidas parlamentarias”, indica la auditoría, “tiene documentación comprobatoria”, lo cual viola el artículo 28 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
A lo anterior, ya denunciado, faltaría incluir otras anomalías como el sobregiro del ingreso presupuestal e ingresos no registrados, cobros de cheques del ex presidente de la Comisión de Administración, cuenta bancaria no registrada en la contabilidad, gastos sin comprobar, falta de pólizas de egresos, falta de comité de adquisiciones, etcétera. Un cochinero, pues.
De las cañerías del Congreso brota lodazal. Sean el auditor superior, ex legisladores o ex funcionarios del Poder Legislativo, que se les aplique el mismo rasero: la ley. Y que los diputados hagan las reformas necesarias para garantizar la transparencia y el manejo adecuado de sus finanzas públicas.
Pero ¿qué sucederá con los responsables de avalar esos pagos? ¿Habría alguna sanción? ¿Se les seguirá protegiendo por no convenir a los intereses políticos de diputados y sus partidos? ¿Y las otras anomalías?
Las respuestas “poco claras” que dio Godoy Pelayo al comparecer ante la Comisión de Vigilancia, el pasado 4 de febrero, que lo tienen en la picota, podrían también extenderse a la mayoría de los actuales diputados: saben del cochinero administrativo y financiero que dejó la Legislatura pasada, pero dicen mucho y actúan poco.
Lo hacen de manera medrosa. Con cautela. Hasta ahora no hay sanciones ejemplares. Ni al parecer habrá. Lo que sí hay son solapamientos, vacilaciones y, de igual manera, respuestas “poco claras” que conduzcan a los responsables de las graves anomalías.
Los memorándum de “observaciones y recomendaciones para fortalecer los sistemas internos” que tras realizar auditorías a los ingresos y gastos de la LVIII Legislatura entregó Russell Bedford Guadalajara al Congreso del Estado, revelan una enorme cantidad de anomalías que en otros países generarían protestas y sanciones ejemplares.
Tan sólo de la auditoría al año 2009 se desprenden numerosas irregularidades y hasta posibles delitos. La observación número dos de los auditores, por ejemplo, muestra la perversión en el manejo de nuestros impuestos por parte de los entonces coordinadores de las fracciones parlamentarias, al depositarse en sus cuentas y en las de funcionarios del Congreso 189 millones de pesos.
“Ninguna póliza de partidas parlamentarias”, indica la auditoría, “tiene documentación comprobatoria”, lo cual viola el artículo 28 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
A lo anterior, ya denunciado, faltaría incluir otras anomalías como el sobregiro del ingreso presupuestal e ingresos no registrados, cobros de cheques del ex presidente de la Comisión de Administración, cuenta bancaria no registrada en la contabilidad, gastos sin comprobar, falta de pólizas de egresos, falta de comité de adquisiciones, etcétera. Un cochinero, pues.
De las cañerías del Congreso brota lodazal. Sean el auditor superior, ex legisladores o ex funcionarios del Poder Legislativo, que se les aplique el mismo rasero: la ley. Y que los diputados hagan las reformas necesarias para garantizar la transparencia y el manejo adecuado de sus finanzas públicas.
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