México
Calderón envía propuesta de la Ley Antisecuestro
El Mandatario propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas
CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente
Felipe Calderón envió al Senado una nueva propuesta de Ley Antisecuestro, a la cual se dará entrada oficial en la sesión de este jueves, y que contempla colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que salgan de cárcel, después de purgar una condena, para prevenir nuevas conductas delictivas.
Propone intervenir comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un secuestro y se justifique ante el Ministerio Público, por lo que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato y sin demora, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la COFETEL suspender una línea telefónica.
También incluye avalar las "operaciones encubiertas", es decir, infiltrar agentes policiacos a las organizaciones delictivas para conocer su operación, y recurrir a informantes anónimos, la protección de personas y apoyos a las víctimas.
Propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas. También promueve permitir la obtención de información anónima.
La reforma del Presidente Calderón incluye que las autoridades creen unidades especiales para prevenir estos delitos.
Los jueces podrán embargar bienes de los secuestradores cuando el producto, instrumentos u objetos sancionados por la ley no sean localizados.
Con la reforma se busca además tener más coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
A quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se le impondrán de 30 años a prisión vitalicia, propone el Ejecutivo; además, se prevé de 40 años de cárcel a prisión vitalicia para aquellos casos en que la víctima muera por cualquiera de los sujetos activos.
Endurecen además las penas a los servidores públicos y cuando se encarcele a un secuestrador se propone que sea en una entidad distinta a la que cometió el delito.
El Ejecutivo establece distintas conductas delictivas en materia de secuestro, como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro, la intimidación, y la intermediación en una negociación de secuestro, entre otras.
La propuesta penaliza con mayor rigor el encubrimiento; sancionará a servidores públicos que no coadyuven con el Ministerio Público en estos ilícitos.
En la exposición de motivos, enviada a través de la Secretaría de Gobernación se señala que una de los retos de los tres órdenes de gobierno es el relativo a la recopilación de información.
La iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Propone intervenir comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un secuestro y se justifique ante el Ministerio Público, por lo que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato y sin demora, cuando les sea requerida, e incluso por órdenes de la COFETEL suspender una línea telefónica.
También incluye avalar las "operaciones encubiertas", es decir, infiltrar agentes policiacos a las organizaciones delictivas para conocer su operación, y recurrir a informantes anónimos, la protección de personas y apoyos a las víctimas.
Propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas. También promueve permitir la obtención de información anónima.
La reforma del Presidente Calderón incluye que las autoridades creen unidades especiales para prevenir estos delitos.
Los jueces podrán embargar bienes de los secuestradores cuando el producto, instrumentos u objetos sancionados por la ley no sean localizados.
Con la reforma se busca además tener más coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
A quienes se hagan pasar por una autoridad sin serlo para perpetrar un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se le impondrán de 30 años a prisión vitalicia, propone el Ejecutivo; además, se prevé de 40 años de cárcel a prisión vitalicia para aquellos casos en que la víctima muera por cualquiera de los sujetos activos.
Endurecen además las penas a los servidores públicos y cuando se encarcele a un secuestrador se propone que sea en una entidad distinta a la que cometió el delito.
El Ejecutivo establece distintas conductas delictivas en materia de secuestro, como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro, la intimidación, y la intermediación en una negociación de secuestro, entre otras.
La propuesta penaliza con mayor rigor el encubrimiento; sancionará a servidores públicos que no coadyuven con el Ministerio Público en estos ilícitos.
En la exposición de motivos, enviada a través de la Secretaría de Gobernación se señala que una de los retos de los tres órdenes de gobierno es el relativo a la recopilación de información.
La iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Síguenos en