México

CNDH pide al Senado justicia para indocumentados

Urgen cambios legislativos luego de que en julio entró en vigor la despenalización de la migración

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la CNDH, José Luis Soberanes, propuso al Senado efectuar reformas legales para permitir el acceso a la justicia a los migrantes indocumentados que sean víctimas de algún delito en México.  

Soberanes planteó derogar el Artículo 67 de la Ley General de Población que ordena a las autoridades de los tres niveles de gobierno exigir a los extranjeros que tramitan asuntos acreditar su condición o calidad migratoria para efectuarlos.  

De esta manera, cuando sean víctimas de algún delito en México, aunque no cuenten con documentación que acredite su estancia legal en el país, los migrantes podrán acudir a la justicia sin importar su situación migratoria.  

En la propuesta, que recibió este jueves la Cámara alta, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que urge dicho cambio legislativo luego de que en julio entró en vigor la despenalización de la migración.  

Soberanes Fernández afirmó que la despenalización cancela nichos de oportunidad para la corrupción, la delincuencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes.  

Sin embargo, la actual Ley General de Población es "incapaz de responder a las exigencias migratorias, pues se basa en una visión restrictiva, incongruente y contraria" a las leyes internacionales suscritas en materia de derechos humanos, añadió.  

"México se ha convertido en un escenario propicio para las más penosas violaciones a los derechos de los migrantes, quienes en su paso por el país enfrentan abusos, extorsión y secuestros por parte del crimen organizado", subrayó.  

Soberanes Fernández sostuvo que la ley, que data de 1974, restringe al extranjero carente de documentación migratoria la posibilidad de denunciar los abusos y delitos de los que es objeto, lo que viola su derecho de acceso a la justicia.  

La propuesta del ombudsman nacional fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores para su análisis y dictaminación. 
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