México
Ayotzinapa: un año de errores e impunidad, coinciden expertos
Especialistas jaliscienses revisan el caso y sus repercusiones en la Entidad
GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2015).- Al cumplirse un año desde que desaparecieron
43 estudiantes normalistas y tres fueron asesinados, expertos en derechos humanos, líderes de organizaciones civiles y el fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Jalisco, coincidieron que Ayotzinapa evidenció un sistema de justicia colapsado y se mantiene como uno de los sucesos que afectan la credibilidad y confianza hacia el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además de los cuestionamientos sobre corrupción y la estrecha relación del poder con el crimen organizado, Ayotzinapa puso sobre la mesa los altos índices de desapariciones forzadas en México, tema que según consideraron los expertos, se había invisibilizado, pero hoy es uno de los principales retos por atender en Jalisco, el cuarto Estado con más personas desaparecidas.
Jalisco, tierra de desaparecidos
“Si a esos muchachos que los apoya tanta gente, que presionan hasta de otros países para que los busquen y ni así los encuentran, entonces, ¿qué esperanza me queda a mí?, cuestiona Alma Rosa, madre de Israel, un joven de 24 años que desapareció en Guadalajara el 23 de octubre del año pasado, casi un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Alma Rosa se acompaña por Juan Zaragoza y la esposa de él, los tres son padres de jóvenes jaliscienses que desaparecieron y que de su paradero no hay una sola pista. Cargan con ellos el mismo dolor que los padres de 43 estudiantes normalistas de Guerrero y viven día a día ante la misma incertidumbre que dos mil 029 familias con desaparecidos en Jalisco.
Juan Zaragoza y su esposa no pueden evitar reflejar el cansancio en sus rostros. Su hijo Juan Carlos de 19 años desapareció hace apenas cuatro meses y en ese corto tiempo sus vidas han cambiado por completo. Cada mes asisten al SEMEFO para revisar fotografías de cuerpos no identificados. La primera vez salieron de ahí destruidos, ahora se ha vuelto parte de su rutina.
Sin saber si se trata del efecto Ayotzinapa o el cambio de mandos en la Fiscalía General del Estado, los padres de desaparecidos admiten que por lo menos el trato de las autoridades hacia ellos ha mejorado, sin embargo, los avances en la investigación de sus hijos son nulos.
César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, señaló que la Fiscalía de Jalisco ha asumido varios compromisos con los padres de desaparecidos, los cuales hasta el momento no se han cumplido en su totalidad.
En marzo de este año, la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco entregó a la Fiscalía un listado con ocho demandas que consisten en dar acceso a las familias a los expedientes de sus desaparecidos, toma de muestras de ADN a todas las familias, reubicación de la Agencia Especializada en Desapariciones del Ministerio Público hacia un lugar más céntrico y seguro.
También se pide la creación de una Unidad de Búsqueda Rápida que actúe de inmediato al notificar de una desaparición, que se firmen acuerdos con compañías de telecomunicaciones para tener acceso inmediato a las llamadas de los desaparecidos.
Piden no volverlos criminales
Una de las prioridades por parte de diversos organismos es que se erradique la revictimización de los familiares de desaparecidos por parte de las autoridades cuando se habla públicamente de los motivos por los que desaparecen las personas.
“Suponer que toda persona desaparecida tendrá vínculo con crimen organizado es una idea incorrecta. Esa esquematización hace todavía más dolorosa la búsqueda de decena de madres, hermanas, hijos, seres queridos que están con la esperanza de encontrar en algún lugar, vivos, o en algunos casos ya siquiera el cuerpo”, enfatizó Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
El visitador de la CEDH consideró que la revictimización es una de las grandes deudas de las instituciones hacia los familiares de desaparecidos. Sin embargo, consideró que en los meses recientes se han comenzado a observar resultados y cambios en la Fiscalía a favor de los familiares de desaparecidos.
“Yo creo que el Gobierno del Estado está en el camino correcto para establecer políticas públicas eficiente que le permita a las familias y la sociedad tener mayor certeza. Hacen falta más acciones que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, profesionalización de los elementos para realizar procesos de investigación” destacó.
VOCES
Ante una “guerra de versiones” sobre lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Jorge Rocha Quintero, especialista en Derechos Humanos y Desarrollo Local Sustentable, consideró que el caso Ayotzinapa aún se mantiene en la impunidad. “Ayotzinapa se une a la lista de casos en los que ha pasado lo mismo, 22 de abril, Colosio, Posadas Ocampo, podríamos remontarnos hasta el 68 y ninguno de estos sucesos han tenido una explicación satisfactoria. Seguimos ante un sistema de justicia incapaz de procesar de manera adecuada este tipo de eventos. A pesar de la presión social tan grande, tuvimos el mismo resultado: impunidad”.
Jorge Rocha Quintero, especialista.
Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, lamentó que con el cruce de versiones que ponen en duda la investigación oficial del Gobierno federal se lastime a los familiares y a la sociedad.
El especialista en derechos humanos consideró que las autoridades han equivocado el manejo de Ayotzinapa al no darle prioridad a los derechos humanos y la atención a las víctimas.
El especialista señaló que en los últimos meses se han percibido esfuerzos de las autoridades para modificar el sistema de atención a familiares de personas desaparecidas, auque faltan mejoras en los esquemas de búsqueda
Alfonso Hernández, visitador de la CEDHJ.
Dante Haro Reyes, fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado, señaló que los 43 normalistas desaparecidos evidencian tres vulnerabilidades del estado mexicano: la opacidad en sus investigaciones, un sistema de justicia colapsado y una Procuraduría General debilitada y la desconfianza del ciudadano hacia sus instituciones.
Al respecto, Haro Reyes, aseguró que el efecto Ayotzinapa ha dado un vuelco en todas las instituciones a nivel nacional y Jalisco no es la excepción.
Señaló que como un primer paso, la Fiscalía ha dejado de negar el problema de las desapariciones y lo reconoce como uno de los principales retos.
Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos.
Desde la óptica de la sociedad organizada, César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, señaló que la actuación de las autoridades refleja cómo se está operando en los miles de casos de desapariciones forzadas para los que aún no existen protocolos de investigación y no se apegan a estándares internacionales. “No vemos que el Estado mexicano se haya comprometido porque si el caso Iguala no ha sido aseado, no ha sido investigado con toda la diligencia, objetividad y la pericia que se necesita, entonces la pregunta es ¿cómo se están atendiendo los miles de casos de desaparición en el país?”, reclamó el activista.
César Pérez Verónica, activista.
Además de los cuestionamientos sobre corrupción y la estrecha relación del poder con el crimen organizado, Ayotzinapa puso sobre la mesa los altos índices de desapariciones forzadas en México, tema que según consideraron los expertos, se había invisibilizado, pero hoy es uno de los principales retos por atender en Jalisco, el cuarto Estado con más personas desaparecidas.
Jalisco, tierra de desaparecidos
“Si a esos muchachos que los apoya tanta gente, que presionan hasta de otros países para que los busquen y ni así los encuentran, entonces, ¿qué esperanza me queda a mí?, cuestiona Alma Rosa, madre de Israel, un joven de 24 años que desapareció en Guadalajara el 23 de octubre del año pasado, casi un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Alma Rosa se acompaña por Juan Zaragoza y la esposa de él, los tres son padres de jóvenes jaliscienses que desaparecieron y que de su paradero no hay una sola pista. Cargan con ellos el mismo dolor que los padres de 43 estudiantes normalistas de Guerrero y viven día a día ante la misma incertidumbre que dos mil 029 familias con desaparecidos en Jalisco.
Juan Zaragoza y su esposa no pueden evitar reflejar el cansancio en sus rostros. Su hijo Juan Carlos de 19 años desapareció hace apenas cuatro meses y en ese corto tiempo sus vidas han cambiado por completo. Cada mes asisten al SEMEFO para revisar fotografías de cuerpos no identificados. La primera vez salieron de ahí destruidos, ahora se ha vuelto parte de su rutina.
Sin saber si se trata del efecto Ayotzinapa o el cambio de mandos en la Fiscalía General del Estado, los padres de desaparecidos admiten que por lo menos el trato de las autoridades hacia ellos ha mejorado, sin embargo, los avances en la investigación de sus hijos son nulos.
César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, señaló que la Fiscalía de Jalisco ha asumido varios compromisos con los padres de desaparecidos, los cuales hasta el momento no se han cumplido en su totalidad.
En marzo de este año, la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco entregó a la Fiscalía un listado con ocho demandas que consisten en dar acceso a las familias a los expedientes de sus desaparecidos, toma de muestras de ADN a todas las familias, reubicación de la Agencia Especializada en Desapariciones del Ministerio Público hacia un lugar más céntrico y seguro.
También se pide la creación de una Unidad de Búsqueda Rápida que actúe de inmediato al notificar de una desaparición, que se firmen acuerdos con compañías de telecomunicaciones para tener acceso inmediato a las llamadas de los desaparecidos.
Piden no volverlos criminales
Una de las prioridades por parte de diversos organismos es que se erradique la revictimización de los familiares de desaparecidos por parte de las autoridades cuando se habla públicamente de los motivos por los que desaparecen las personas.
“Suponer que toda persona desaparecida tendrá vínculo con crimen organizado es una idea incorrecta. Esa esquematización hace todavía más dolorosa la búsqueda de decena de madres, hermanas, hijos, seres queridos que están con la esperanza de encontrar en algún lugar, vivos, o en algunos casos ya siquiera el cuerpo”, enfatizó Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
El visitador de la CEDH consideró que la revictimización es una de las grandes deudas de las instituciones hacia los familiares de desaparecidos. Sin embargo, consideró que en los meses recientes se han comenzado a observar resultados y cambios en la Fiscalía a favor de los familiares de desaparecidos.
“Yo creo que el Gobierno del Estado está en el camino correcto para establecer políticas públicas eficiente que le permita a las familias y la sociedad tener mayor certeza. Hacen falta más acciones que tienen que ver con cuestiones presupuestarias, profesionalización de los elementos para realizar procesos de investigación” destacó.
VOCES
Ante una “guerra de versiones” sobre lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, Jorge Rocha Quintero, especialista en Derechos Humanos y Desarrollo Local Sustentable, consideró que el caso Ayotzinapa aún se mantiene en la impunidad. “Ayotzinapa se une a la lista de casos en los que ha pasado lo mismo, 22 de abril, Colosio, Posadas Ocampo, podríamos remontarnos hasta el 68 y ninguno de estos sucesos han tenido una explicación satisfactoria. Seguimos ante un sistema de justicia incapaz de procesar de manera adecuada este tipo de eventos. A pesar de la presión social tan grande, tuvimos el mismo resultado: impunidad”.
Jorge Rocha Quintero, especialista.
Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, lamentó que con el cruce de versiones que ponen en duda la investigación oficial del Gobierno federal se lastime a los familiares y a la sociedad.
El especialista en derechos humanos consideró que las autoridades han equivocado el manejo de Ayotzinapa al no darle prioridad a los derechos humanos y la atención a las víctimas.
El especialista señaló que en los últimos meses se han percibido esfuerzos de las autoridades para modificar el sistema de atención a familiares de personas desaparecidas, auque faltan mejoras en los esquemas de búsqueda
Alfonso Hernández, visitador de la CEDHJ.
Dante Haro Reyes, fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado, señaló que los 43 normalistas desaparecidos evidencian tres vulnerabilidades del estado mexicano: la opacidad en sus investigaciones, un sistema de justicia colapsado y una Procuraduría General debilitada y la desconfianza del ciudadano hacia sus instituciones.
Al respecto, Haro Reyes, aseguró que el efecto Ayotzinapa ha dado un vuelco en todas las instituciones a nivel nacional y Jalisco no es la excepción.
Señaló que como un primer paso, la Fiscalía ha dejado de negar el problema de las desapariciones y lo reconoce como uno de los principales retos.
Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos.
Desde la óptica de la sociedad organizada, César Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, señaló que la actuación de las autoridades refleja cómo se está operando en los miles de casos de desapariciones forzadas para los que aún no existen protocolos de investigación y no se apegan a estándares internacionales. “No vemos que el Estado mexicano se haya comprometido porque si el caso Iguala no ha sido aseado, no ha sido investigado con toda la diligencia, objetividad y la pericia que se necesita, entonces la pregunta es ¿cómo se están atendiendo los miles de casos de desaparición en el país?”, reclamó el activista.
César Pérez Verónica, activista.
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