México
Aumentan pruebas contra Gómez Urrutia para su extradición
Al acusado se le imputan los delitos de adquirir, cambiar, depositar y transferir recursos que proceden de una actividad ilegal
CIUDAD DE MÉXICO.- La orden de aprehensión obsequiada la víspera por un juez de Distrito contra
Napoleón Gómez Urrutia será integrada al proceso de extradición que las autoridades mexicanas iniciaron entre sus contrapartes de Canadá contra el ex líder minero.
Los abogados de los trabajadores defraudados por el ex dirigente minero explicaron que esta decisión del juez noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal contribuirá a fortalecer dicho proceso.
Indicaron que proporcionará elementos probatorios aún más sólidos sobre la presunta responsabilidad del fugitivo en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y los demás por los que ha sido procesado Gómez Urrutia.
Lo anterior, señalaron, sustenta la acción penal del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO.
El acusado incurrió en dicho delito al adquirir, cambiar, depositar y transferir recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilegal, explicaron.
Esto se acreditó luego de una investigación de más de 40 meses, con la participación de peritos en contabilidad y en materia documental que analizaron más de 100 operaciones realizadas en el sistema financiero y de la declaración de múltiples testigos de los hechos y diligencias ministeriales de investigación.
Precisaron que el juez consideró que hay elementos suficientes para establecer que Napoleón Gómez y otros realizaron diversas maniobras a efecto de ocultar la procedencia ilícita o las ganancias del mal uso de un fideicomiso.
En relación a esto, precisaron, se trata de la disposición indebida de los recursos que debían ser repartidos entre trabajadores o ex trabajadores sindicalizados de distintas empresas mineras y que ascendían a 55 millones de dólares.
Gómez Urrutia y coacusados realizaron diversas operaciones bancarias, que van desde el cambio hasta la transferencia de recursos del territorio nacional hacia el extranjero, específicamente hacia Estados Unidos, puntualizaron.
Además de la adquisición de bienes a nombre de terceros, así como los depósitos en cuentas bancarias nacionales que fueron abiertas a nombre del sindicato minero las firmas autorizadas y mancomunadas para el manejo de las mismas estaban a su nombre.
Los abogados de los trabajadores defraudados por el ex dirigente minero explicaron que esta decisión del juez noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal contribuirá a fortalecer dicho proceso.
Indicaron que proporcionará elementos probatorios aún más sólidos sobre la presunta responsabilidad del fugitivo en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y los demás por los que ha sido procesado Gómez Urrutia.
Lo anterior, señalaron, sustenta la acción penal del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO.
El acusado incurrió en dicho delito al adquirir, cambiar, depositar y transferir recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilegal, explicaron.
Esto se acreditó luego de una investigación de más de 40 meses, con la participación de peritos en contabilidad y en materia documental que analizaron más de 100 operaciones realizadas en el sistema financiero y de la declaración de múltiples testigos de los hechos y diligencias ministeriales de investigación.
Precisaron que el juez consideró que hay elementos suficientes para establecer que Napoleón Gómez y otros realizaron diversas maniobras a efecto de ocultar la procedencia ilícita o las ganancias del mal uso de un fideicomiso.
En relación a esto, precisaron, se trata de la disposición indebida de los recursos que debían ser repartidos entre trabajadores o ex trabajadores sindicalizados de distintas empresas mineras y que ascendían a 55 millones de dólares.
Gómez Urrutia y coacusados realizaron diversas operaciones bancarias, que van desde el cambio hasta la transferencia de recursos del territorio nacional hacia el extranjero, específicamente hacia Estados Unidos, puntualizaron.
Además de la adquisición de bienes a nombre de terceros, así como los depósitos en cuentas bancarias nacionales que fueron abiertas a nombre del sindicato minero las firmas autorizadas y mancomunadas para el manejo de las mismas estaban a su nombre.
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