México
Auditoría detecta fallas y engaños en ProÁrbol
Ayer la ASF detectó anomalías por 60 mil 723 millones de pesos de la Cuenta Pública 2007
CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (
ASF) confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en la instrumentación del programa gubernamental de reforestación (ProÁrbol) en 2007.
Las observaciones encontradas están incluidas en las irregularidades halladas en la revisión de la Cuenta Pública 2007, que ascendieron a 60 mil 723 millones de pesos.
La ASF dio a conocer que el gobierno federal no logró la meta fijada de reforestar 400 mil hectáreas y, a pesar de lo anterior, el órgano revisor agregó que el objetivo se incrementó en 160 mil hectáreas “para justificar el compromiso que el Ejecutivo Federal asumió ante la ONU en el marco del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.
La Auditoría menciona que la cifra real de reforestación fue de 341 mil hectáreas, ni una más.
En enero, la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL publicó que el programa de reforestación había sido un fracaso, por lo que organizaciones ecologistas manifestaron su extrañeza por el reconocimiento que Naciones Unidas dio al gobierno mexicano con el argumento de que en 2007 se habían sembrado 250 millones de árboles.
Ahora, la Auditoría Superior confirma que con las hectáreas reforestadas no se cumplió la meta fijada.
En la información difundida el 14 de enero se establece que la reforestación había fracasado, no obstante el ejercicio de 2 mil 700 millones de pesos. Para organizaciones ecologistas, el dinero “se tiró a la basura” porque 90% de lo sembrado estaba seco.
En los resultados que el auditor entregó ayer a la Cámara de Diputados se evidencia que a fin de justificar el incumplimiento de las metas pactadas con la ONU, se presentó una cifra final de reforestación con base en la siembra de plántulas —una planta en sus primeros procesos de desarrollo—, saldos de ejercicios anteriores y otros programas vegetativos.
De los 713 predios incluidos en el programa, sólo 10% tuvo visitas de verificación. Para la ASF el incumplimiento no tiene que ver con falta de recursos, sino con la carencia de capacidad técnica y logística para enfrentar el compromiso “desproporcionado” adquirido con la ONU.
En las conclusiones a la revisión del gasto también se cita que la Comisión Nacional Forestal omitió reportar 518 mil pesos que corresponden a apoyos otorgados a beneficiarios de compensación ambiental por cambio de uso de suelo. Además, este organismo no cumplió con tres de los nueve indicadores en la conservación y restauración de suelos forestales, pues logró 23% de lo programado.
La ASF señala que muchos de los solicitantes de beneficios de programas fueron rechazados sin explicarles el por qué; por el contrario, “se reflejó la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos y la falta de transparencia del proceso”.
En el documento general entregado al Congreso, se destaca la opacidad en los subejercicios del gasto, en el manejo de los excedentes petroleros, donativos, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, carteras vencidas y trámites aduaneros, entre otros.
Del total de recursos puestos bajo la lupa, 18 mil millones pertenecen a omisiones en estados y 18 mil al sector energético.
Las observaciones encontradas están incluidas en las irregularidades halladas en la revisión de la Cuenta Pública 2007, que ascendieron a 60 mil 723 millones de pesos.
La ASF dio a conocer que el gobierno federal no logró la meta fijada de reforestar 400 mil hectáreas y, a pesar de lo anterior, el órgano revisor agregó que el objetivo se incrementó en 160 mil hectáreas “para justificar el compromiso que el Ejecutivo Federal asumió ante la ONU en el marco del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.
La Auditoría menciona que la cifra real de reforestación fue de 341 mil hectáreas, ni una más.
En enero, la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL publicó que el programa de reforestación había sido un fracaso, por lo que organizaciones ecologistas manifestaron su extrañeza por el reconocimiento que Naciones Unidas dio al gobierno mexicano con el argumento de que en 2007 se habían sembrado 250 millones de árboles.
Ahora, la Auditoría Superior confirma que con las hectáreas reforestadas no se cumplió la meta fijada.
En la información difundida el 14 de enero se establece que la reforestación había fracasado, no obstante el ejercicio de 2 mil 700 millones de pesos. Para organizaciones ecologistas, el dinero “se tiró a la basura” porque 90% de lo sembrado estaba seco.
En los resultados que el auditor entregó ayer a la Cámara de Diputados se evidencia que a fin de justificar el incumplimiento de las metas pactadas con la ONU, se presentó una cifra final de reforestación con base en la siembra de plántulas —una planta en sus primeros procesos de desarrollo—, saldos de ejercicios anteriores y otros programas vegetativos.
De los 713 predios incluidos en el programa, sólo 10% tuvo visitas de verificación. Para la ASF el incumplimiento no tiene que ver con falta de recursos, sino con la carencia de capacidad técnica y logística para enfrentar el compromiso “desproporcionado” adquirido con la ONU.
En las conclusiones a la revisión del gasto también se cita que la Comisión Nacional Forestal omitió reportar 518 mil pesos que corresponden a apoyos otorgados a beneficiarios de compensación ambiental por cambio de uso de suelo. Además, este organismo no cumplió con tres de los nueve indicadores en la conservación y restauración de suelos forestales, pues logró 23% de lo programado.
La ASF señala que muchos de los solicitantes de beneficios de programas fueron rechazados sin explicarles el por qué; por el contrario, “se reflejó la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos y la falta de transparencia del proceso”.
En el documento general entregado al Congreso, se destaca la opacidad en los subejercicios del gasto, en el manejo de los excedentes petroleros, donativos, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, carteras vencidas y trámites aduaneros, entre otros.
Del total de recursos puestos bajo la lupa, 18 mil millones pertenecen a omisiones en estados y 18 mil al sector energético.
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