México
Analizan sancionar a quienes incumplan derecho de réplica
La Comisión de Gobernación ya inició los trabajos, con base en propuestas hechas en las tres últimas legislaturas
CIUDAD DE MÉXICO (07/JUN/2013).- La Cámara de Diputados analiza aplicar sanciones equivalentes de 500 a 10 mil días de salario mínimo a los medios de comunicación que incumplan la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución en materia de Derecho de Réplica, próxima a expedirse.
El Congreso de la Unión debió expedir “a más tardar el 30 de abril de 2008’’ dicha ley reglamentaria, cuyo derecho fue establecido en el primer párrafo del Artículo Sexto Constitucional, enmienda promulgada el 13 de noviembre de 2007.
Al interior de la Comisión de Gobernación ya se empezó a discutir el tema, a partir de las distintas iniciativas promovidas en las tres últimas legislaturas.
La última propuesta en la materia, impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y que incluye partes de las ya presentadas, considera que el derecho de réplica es un derecho y no una facultad ya que puede ser ejercido por personas físicas o morales, y que es complemento de las libertades de expresión y de prensa.
Cuando las personas físicas afectadas se encuentren imposibilitadas para ejercer por sí mismas el derecho o hubieren fallecido, se sugiere que puedan ejercer el derecho el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado.
En el caso de las personas morales, se precisa que el ejercicio del derecho de réplica correspondería al representante legal.
El procedimiento en materia de derecho de réplica se iniciaría siempre a instancia de parte, es decir de la persona a la que se refiera de manera directa la información dada a conocer a través de los medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes.
La persona afectada podría hacer valer su derecho ante el sujeto obligado en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes al de la publicación o transmisión de la información que se desee rectificar.
A partir de entonces, el sujeto obligado tendría un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud.
El Economista
> COMISIÓN DE JUSTICIA DEBE ACELERAR SU APROBACIÓN
Lavado de dinero es tema relevante
CIUDAD DE MÉXICO.- Por tratarse de un tema relevante, la Cámara de Diputados está obligada a acelerar la aprobación de las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto que buscan fortalecer el marco jurídico para combatir el lavado de dinero y delitos relacionados como el terrorismo, afirmó Julio César Moreno Rivera.
Integrante de la Comisión de Justicia, instancia de trabajo a la que fue remitida la iniciativa presidencial para reformar los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y Federal de Extinción de Dominio, el perredista anticipó que la próxima semana propondrá la suscripción de un acuerdo entre los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD para ubicar el tema como prioritario y de urgente desahogo.
El acuerdo es fundamental, amplió el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, porque el proyecto es importante aunque no haya sido resultado de los consensos entre el Gobierno federal y las principales fuerzas políticas del país en el contexto del Pacto por México.
El Economista
> INICIATIVA PROPUESTA POR LA BANCADA PANISTA
Recursos a sindicatos, punto de acuerdo
CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas, presentó un punto de acuerdo para que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pida a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la relación de sindicatos, federaciones y confederaciones a las que les proporcionan recursos públicos.
De aprobarse el punto, el secretario deberá pedir a las instituciones que publiquen en sus páginas de Internet los montos y conceptos de los recursos que les asignan a sindicatos, pues algunos de estos “han tendido ciertos vicios que conllevan opacidad, presiones indebidas o ajenas a su propia función, así como el manejo indebido de sus recursos”.
Rojas también propuso que la Comisión Permanente exhorte a otras instituciones, entre ellas el Banco de México y al IFAI, a que transparenten en su página de Internet estos mismos requisitos.
En 2011, de los 47.1 millones que integran la Población Económicamente Activa, sólo cinco millones pertenecían a un sindicato.
El Congreso de la Unión debió expedir “a más tardar el 30 de abril de 2008’’ dicha ley reglamentaria, cuyo derecho fue establecido en el primer párrafo del Artículo Sexto Constitucional, enmienda promulgada el 13 de noviembre de 2007.
Al interior de la Comisión de Gobernación ya se empezó a discutir el tema, a partir de las distintas iniciativas promovidas en las tres últimas legislaturas.
La última propuesta en la materia, impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y que incluye partes de las ya presentadas, considera que el derecho de réplica es un derecho y no una facultad ya que puede ser ejercido por personas físicas o morales, y que es complemento de las libertades de expresión y de prensa.
Cuando las personas físicas afectadas se encuentren imposibilitadas para ejercer por sí mismas el derecho o hubieren fallecido, se sugiere que puedan ejercer el derecho el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado.
En el caso de las personas morales, se precisa que el ejercicio del derecho de réplica correspondería al representante legal.
El procedimiento en materia de derecho de réplica se iniciaría siempre a instancia de parte, es decir de la persona a la que se refiera de manera directa la información dada a conocer a través de los medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes.
La persona afectada podría hacer valer su derecho ante el sujeto obligado en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes al de la publicación o transmisión de la información que se desee rectificar.
A partir de entonces, el sujeto obligado tendría un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud.
El Economista
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Lavado de dinero es tema relevante
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Integrante de la Comisión de Justicia, instancia de trabajo a la que fue remitida la iniciativa presidencial para reformar los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y Federal de Extinción de Dominio, el perredista anticipó que la próxima semana propondrá la suscripción de un acuerdo entre los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD para ubicar el tema como prioritario y de urgente desahogo.
El acuerdo es fundamental, amplió el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, porque el proyecto es importante aunque no haya sido resultado de los consensos entre el Gobierno federal y las principales fuerzas políticas del país en el contexto del Pacto por México.
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De aprobarse el punto, el secretario deberá pedir a las instituciones que publiquen en sus páginas de Internet los montos y conceptos de los recursos que les asignan a sindicatos, pues algunos de estos “han tendido ciertos vicios que conllevan opacidad, presiones indebidas o ajenas a su propia función, así como el manejo indebido de sus recursos”.
Rojas también propuso que la Comisión Permanente exhorte a otras instituciones, entre ellas el Banco de México y al IFAI, a que transparenten en su página de Internet estos mismos requisitos.
En 2011, de los 47.1 millones que integran la Población Económicamente Activa, sólo cinco millones pertenecían a un sindicato.
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