México
Análisis califica con 6.8 al Congreso en transparencia
México obtuvo buenos resultados en cuanto a la normatividad pero no se llevan a la práctica
CIUDAD DE MÉXICO (20/SEP/2012).- El Congreso de la Unión obtuvo una calificación de 6.8 en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, siendo el Senado de la República el más opaco en comparación con la Cámara de Diputados.
Los investigadores Melissa Ortiz Massó y Diego Díaz Iturbe, de Fundar e Impacto Legislativo, respectivamente, explicaron que aún hay áreas de opacidad en el manejo de los recursos públicos y de la normatividad con la que se maneja el Poder Legislativo, de acuerdo con el Índice que elaboraron en conjunto con expertos de otros países.
En el análisis se encuentra un comparativo entre cinco países de América Latina y encontraron que México y Perú ocuparon las puntuaciones más altas en diversos indicadores que abordaron presupuesto, acceso a la información, normatividad y reglas internas. Los países que le siguieron en puntuación fueron Chile, Colombia y en el último sitio se encontró el congreso de Argentina, por debajo de la media del puntaje máximo esperado.
Aunque México obtuvo buenos resultados en cuanto a la normatividad -leyes, reglamentos y marcos jurídicos- los investigadores encontraron que en los hechos no se lleva a la práctica y que el resultado del país fue "mediocre", de acuerdo a los investigadores Melissa Ortiz, de Fundar y Diego Díaz, de Impacto Legislativo.
"El Congreso Mexicano no se caracteriza por ser transparente. En ninguna de las dimensiones logra niveles óptimos o cercanos al nivel máximo, existen obstáculos reales para cumplir a cabalidad con los estándares de transparencia como lo son la información, la justificación y la sanción", concluyeron las organizaciones que elaboraron el documento.
En el análisis, elaborado para la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, se recomendó subsanar deficiencias en los reglamentos, incorporar obligaciones en materia de transparencia presupuestaria, particularmente en el Senado.
También consideraron obligatoria la publicidad de la información, sobre todo de documentos e información legislativa, resolver el conflicto de interés entre legisladores, abrir el proceso legislativo a organizaciones de la sociedad civil, mantener actualizadas sus páginas web, fortalecer la regulación de viajes, viáticos, seguros y asesorías, ampliar el servicio profesional de carrera, licitar bienes y servicios, entre otros.
Los investigadores Melissa Ortiz Massó y Diego Díaz Iturbe, de Fundar e Impacto Legislativo, respectivamente, explicaron que aún hay áreas de opacidad en el manejo de los recursos públicos y de la normatividad con la que se maneja el Poder Legislativo, de acuerdo con el Índice que elaboraron en conjunto con expertos de otros países.
En el análisis se encuentra un comparativo entre cinco países de América Latina y encontraron que México y Perú ocuparon las puntuaciones más altas en diversos indicadores que abordaron presupuesto, acceso a la información, normatividad y reglas internas. Los países que le siguieron en puntuación fueron Chile, Colombia y en el último sitio se encontró el congreso de Argentina, por debajo de la media del puntaje máximo esperado.
Aunque México obtuvo buenos resultados en cuanto a la normatividad -leyes, reglamentos y marcos jurídicos- los investigadores encontraron que en los hechos no se lleva a la práctica y que el resultado del país fue "mediocre", de acuerdo a los investigadores Melissa Ortiz, de Fundar y Diego Díaz, de Impacto Legislativo.
"El Congreso Mexicano no se caracteriza por ser transparente. En ninguna de las dimensiones logra niveles óptimos o cercanos al nivel máximo, existen obstáculos reales para cumplir a cabalidad con los estándares de transparencia como lo son la información, la justificación y la sanción", concluyeron las organizaciones que elaboraron el documento.
En el análisis, elaborado para la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, se recomendó subsanar deficiencias en los reglamentos, incorporar obligaciones en materia de transparencia presupuestaria, particularmente en el Senado.
También consideraron obligatoria la publicidad de la información, sobre todo de documentos e información legislativa, resolver el conflicto de interés entre legisladores, abrir el proceso legislativo a organizaciones de la sociedad civil, mantener actualizadas sus páginas web, fortalecer la regulación de viajes, viáticos, seguros y asesorías, ampliar el servicio profesional de carrera, licitar bienes y servicios, entre otros.
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