México
Amnistía Internacional pide a Peña acciones concretas en DH
La organización destaca que abusos como las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se convirtieron en rutina
LONDRES, GRAN BRETAÑA (18/DIC/2012).- Amnistía Internacional instó el martes al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a transformar en "acciones concretas" sus promesas de campaña para enfrentar las cuestiones más acuciantes en materia de derechos humanos.
En una carta abierta a Peña Nieto, la organización de derechos humanos con sede en Londres destaca que abusos como las "desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se convirtieron en rutina con la anterior administración" de Felipe Calderón (2006-2012), especialmente en el marco de la crisis de seguridad.
"El discurso positivo de Peña Nieto sobre los derechos humanos, incluidos compromisos de avanzar con la Ley General de Víctimas (de la guerra contra el narcotráfico) y la reforma de las leyes que criminalizan la desaparición forzada son bienvenidas, pero las promesas y las buenas intenciones no bastan para erradicar y prevenir las violaciones de los derechos humanos", declaró Javier Zúñiga, consejero especial de la organización en un comunicado.
"Un muy buen primer paso que el presidente Peña Nieto puede dar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es ordenarles que respeten los derechos humanos o enfrenten las consecuencias", agregó el experto.
Amnistía afirma que el representante del PRI respondió durante la campaña a una carta de la organización a los candidatos a las elecciones presidenciales con una serie de compromisos, incluido el de desarrollar un nuevo programa de derechos humanos con propuestas concretas y que implicara a la justicia, a las autoridades locales y a las organizaciones que defienden esos derechos.
"El tiempo se agota para México. El presidente Peña Nieto no debe perder otros tres años con políticas de derechos humanos fallidas", agregó Zúñiga.
Peña Nieto, que asumió el cargo el 1 de diciembre, anunció la semana pasada una serie de medidas en este ámbito, entre ellas su intención de adecuar la tipificación penal de la desaparición forzada a las normas internacionales y ampliar el marco legal para "asegurar el respeto de los derechos humanos en los casos de suspensión de garantías y de expulsión" de extranjeros.
En una carta abierta a Peña Nieto, la organización de derechos humanos con sede en Londres destaca que abusos como las "desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se convirtieron en rutina con la anterior administración" de Felipe Calderón (2006-2012), especialmente en el marco de la crisis de seguridad.
"El discurso positivo de Peña Nieto sobre los derechos humanos, incluidos compromisos de avanzar con la Ley General de Víctimas (de la guerra contra el narcotráfico) y la reforma de las leyes que criminalizan la desaparición forzada son bienvenidas, pero las promesas y las buenas intenciones no bastan para erradicar y prevenir las violaciones de los derechos humanos", declaró Javier Zúñiga, consejero especial de la organización en un comunicado.
"Un muy buen primer paso que el presidente Peña Nieto puede dar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es ordenarles que respeten los derechos humanos o enfrenten las consecuencias", agregó el experto.
Amnistía afirma que el representante del PRI respondió durante la campaña a una carta de la organización a los candidatos a las elecciones presidenciales con una serie de compromisos, incluido el de desarrollar un nuevo programa de derechos humanos con propuestas concretas y que implicara a la justicia, a las autoridades locales y a las organizaciones que defienden esos derechos.
"El tiempo se agota para México. El presidente Peña Nieto no debe perder otros tres años con políticas de derechos humanos fallidas", agregó Zúñiga.
Peña Nieto, que asumió el cargo el 1 de diciembre, anunció la semana pasada una serie de medidas en este ámbito, entre ellas su intención de adecuar la tipificación penal de la desaparición forzada a las normas internacionales y ampliar el marco legal para "asegurar el respeto de los derechos humanos en los casos de suspensión de garantías y de expulsión" de extranjeros.
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