México
Amnistía Internacional exige liberación de dos indígenas compañeras de Jacinta
La organización pro derechos humanos declara a las mujeres 'presas de conciencia'
MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) de México nombró hoy presas de conciencia a las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que permanecen en prisión desde 2006 acusadas de secuestrar a seis policías, en lo que la ONG ve como un "un castigo por expresar su descontento con la autoridad".
La organización ha hecho así un llamamiento a las autoridades mexicanas "por la inmediata liberación" de las dos mujeres.
Alcántara y González, de la etnia otomí, fueron detenidas hace tres años y medio en un operativo antipiratería en un mercadillo de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, de donde ambas proceden.
Junto a ellas, la Policía capturó a la también indígena Jacinta Francisco, liberada el pasado septiembre por lo que la fiscalía mexicana denominó "conclusiones no acusatorias".
En una conferencia conjunta con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) -coadyuvante en la defensa de Alcántara y González-, el director de éste último, Luis Arriaga Valenzuela, aseguró que este encarcelamiento es una medida disuasiva para todos los indígenas marginados.
"Con casos así, saben que, si se levantan, corren el peligro de perderse en los laberintos del deficiente sistema de justicia mexicano", afirmó.
También acudió al Prodh Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y marido de Teresa, quien explicó que esta situación es común en "familias de bajos recursos" como la suya y deseó la pronta libertad de su hermana, su esposa y la hija de ambos, que nació en prisión y tiene un año.
El delito de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes, según el Prodh, presentaban un historial previo de discriminación por razones de etnia, sexo y clase social, consistió en "exigir la identificación a los agentes que participaban en un despojo irregular de mercancías".
Los policías llegaron a Santiago Mexquititlán vestidos de civil y, con violencia, desmontaron unos puestos de venta e incautaron la mercancía, desencadenando la oposición de los comerciantes.
"Desgraciadamente, ellas estaban allí. Desde que estoy solo, mi vida es mucho más difícil", confesó el campesino Gabriel Alcántara.
La principal prueba empleada por la fiscalía federal para señalar a las acusadas es una fotografía publicada por un diario local, en la que las tres aparecen junto a los policías de la Agencia Federal de Investigaciones que las denunciaron. La ya liberada Jacinta Francisco figura en segundo término.
A pesar de que los argumentos inculpatorios, recalcó el director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera, sean los mismos para las tres indígenas, una fue puesta en libertad y las otras dos continúan en la cárcel.
AI también recordó que, en el momento de las detenciones, a ninguna de las mujeres se le proporcionó un traductor (las tres hablan ñañú, el dialecto otomí) ni se les informó de los medios de los que disponían para su defensa.
Tras la salida de prisión de Jacinta Francisco, la Procuraduría General de la República mantuvo los cargos de los que ya acusó en enero de 2009 a sus otras dos compañeras y celebró un nuevo juicio el pasado 3 de febrero.
La decisión definitiva está en manos del juez IV del Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien podrá emitir su sentencia hasta principios de marzo.
Su actuación despierta preocupación en AI, ya que el magistrado "convalidó en su momento la irregular actuación de la PGR".
La organización ha hecho así un llamamiento a las autoridades mexicanas "por la inmediata liberación" de las dos mujeres.
Alcántara y González, de la etnia otomí, fueron detenidas hace tres años y medio en un operativo antipiratería en un mercadillo de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, de donde ambas proceden.
Junto a ellas, la Policía capturó a la también indígena Jacinta Francisco, liberada el pasado septiembre por lo que la fiscalía mexicana denominó "conclusiones no acusatorias".
En una conferencia conjunta con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) -coadyuvante en la defensa de Alcántara y González-, el director de éste último, Luis Arriaga Valenzuela, aseguró que este encarcelamiento es una medida disuasiva para todos los indígenas marginados.
"Con casos así, saben que, si se levantan, corren el peligro de perderse en los laberintos del deficiente sistema de justicia mexicano", afirmó.
También acudió al Prodh Gabriel Alcántara Juan, hermano de Alberta y marido de Teresa, quien explicó que esta situación es común en "familias de bajos recursos" como la suya y deseó la pronta libertad de su hermana, su esposa y la hija de ambos, que nació en prisión y tiene un año.
El delito de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes, según el Prodh, presentaban un historial previo de discriminación por razones de etnia, sexo y clase social, consistió en "exigir la identificación a los agentes que participaban en un despojo irregular de mercancías".
Los policías llegaron a Santiago Mexquititlán vestidos de civil y, con violencia, desmontaron unos puestos de venta e incautaron la mercancía, desencadenando la oposición de los comerciantes.
"Desgraciadamente, ellas estaban allí. Desde que estoy solo, mi vida es mucho más difícil", confesó el campesino Gabriel Alcántara.
La principal prueba empleada por la fiscalía federal para señalar a las acusadas es una fotografía publicada por un diario local, en la que las tres aparecen junto a los policías de la Agencia Federal de Investigaciones que las denunciaron. La ya liberada Jacinta Francisco figura en segundo término.
A pesar de que los argumentos inculpatorios, recalcó el director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera, sean los mismos para las tres indígenas, una fue puesta en libertad y las otras dos continúan en la cárcel.
AI también recordó que, en el momento de las detenciones, a ninguna de las mujeres se le proporcionó un traductor (las tres hablan ñañú, el dialecto otomí) ni se les informó de los medios de los que disponían para su defensa.
Tras la salida de prisión de Jacinta Francisco, la Procuraduría General de la República mantuvo los cargos de los que ya acusó en enero de 2009 a sus otras dos compañeras y celebró un nuevo juicio el pasado 3 de febrero.
La decisión definitiva está en manos del juez IV del Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien podrá emitir su sentencia hasta principios de marzo.
Su actuación despierta preocupación en AI, ya que el magistrado "convalidó en su momento la irregular actuación de la PGR".
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