México
Amnistía Internacional critíca intención de reinstaurar pena de muerte
El Estado mexicano, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la clara imposibilidad de reincorporar la pena capital
CIUDAD DE MÉXICO.-
Amnistía Internacional (AI) criticó hoy a los sectores que justifican el restablecimiento de la pena de muerte en México, a raíz del debate surgido esta semana por la solicitud que hizo un estado al Congreso Federal para que discuta el asunto.
"Las propuestas e iniciativas que buscan una salida fácil a la situación que vive el país no hacen más que reforzar un clima de venganza social", opinó AI.
La organización consideró, además, que "se corre el riesgo, no solo de justificar el uso de la pena de muerte, sino la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos tales como el uso de la tortura, el maltrato, las ejecuciones o las detenciones arbitrarias".
Estas medidas, agregó en un comunicado, provocarían "ilegalidad, injusticia e inseguridad".
Amnistía Internacional recordó que "la reimplantación de la pena de muerte como método de disuasión de la delincuencia ha sido probada como inútil e ineficaz en una gran diversidad de países y contextos".
Además, pidió a las autoridades que no olviden que "el Estado mexicano, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la clara imposibilidad de reincorporar la pena de muerte a su sistema judicial".
El estado de Coahuila, en el norte del país y fronterizo con Texas (EU), solicitó el pasado martes al Congreso Federal que apruebe una reforma a la Constitución para restablecer ese castigo en el caso concreto de los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
Varios gobernadores de otros estados, representantes de partidos políticos, diputados y senadores se han mostrado favorables al proyecto o, al menos, a considerar la iniciativa.
Al respecto, AI lamentó que "tanto partidos políticos como representantes de gobierno utilicen el tema de la seguridad pública de manera irresponsable sugiriendo que la reimposición de la pena de muerte significará una respuesta efectiva frente a la delincuencia".
"Es esencial que el Gobierno demuestre liderazgo para enfrentar estos propósitos erróneos y peligrosos con el pleno compromiso público de retener la abolición de la pena de muerte", concluyó la organización.
La pena de muerte, que no está en los códigos penales de ninguno de los 32 estados, figuraba en la Constitución mexicana hasta 2005, año en el que fue abolida, para los casos de traición a la patria, parricidio, homicidio agravado y otros delitos.
Sin embargo, no se aplicaba en el país desde 1961, cuando fue ejecutado un soldado en Saltillo, precisamente la capital de Coahuila.
La imparable escalada de violencia del crimen organizado, que este año ha dejado más de cinco mil asesinatos, casi el doble que en 2007, así como las crecientes denuncias de secuestros, han llevado de nuevo la cuestión a la palestra pública.
"Las propuestas e iniciativas que buscan una salida fácil a la situación que vive el país no hacen más que reforzar un clima de venganza social", opinó AI.
La organización consideró, además, que "se corre el riesgo, no solo de justificar el uso de la pena de muerte, sino la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos tales como el uso de la tortura, el maltrato, las ejecuciones o las detenciones arbitrarias".
Estas medidas, agregó en un comunicado, provocarían "ilegalidad, injusticia e inseguridad".
Amnistía Internacional recordó que "la reimplantación de la pena de muerte como método de disuasión de la delincuencia ha sido probada como inútil e ineficaz en una gran diversidad de países y contextos".
Además, pidió a las autoridades que no olviden que "el Estado mexicano, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la clara imposibilidad de reincorporar la pena de muerte a su sistema judicial".
El estado de Coahuila, en el norte del país y fronterizo con Texas (EU), solicitó el pasado martes al Congreso Federal que apruebe una reforma a la Constitución para restablecer ese castigo en el caso concreto de los secuestradores que asesinen a sus víctimas.
Varios gobernadores de otros estados, representantes de partidos políticos, diputados y senadores se han mostrado favorables al proyecto o, al menos, a considerar la iniciativa.
Al respecto, AI lamentó que "tanto partidos políticos como representantes de gobierno utilicen el tema de la seguridad pública de manera irresponsable sugiriendo que la reimposición de la pena de muerte significará una respuesta efectiva frente a la delincuencia".
"Es esencial que el Gobierno demuestre liderazgo para enfrentar estos propósitos erróneos y peligrosos con el pleno compromiso público de retener la abolición de la pena de muerte", concluyó la organización.
La pena de muerte, que no está en los códigos penales de ninguno de los 32 estados, figuraba en la Constitución mexicana hasta 2005, año en el que fue abolida, para los casos de traición a la patria, parricidio, homicidio agravado y otros delitos.
Sin embargo, no se aplicaba en el país desde 1961, cuando fue ejecutado un soldado en Saltillo, precisamente la capital de Coahuila.
La imparable escalada de violencia del crimen organizado, que este año ha dejado más de cinco mil asesinatos, casi el doble que en 2007, así como las crecientes denuncias de secuestros, han llevado de nuevo la cuestión a la palestra pública.
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