México
Afirman que aprobarán ley contra tortura en Guerrero
Proponen que los servidores públicos con sanciones menores de cuatro años sean inhabilitados
CHILPANCINGO, GUERRERO (17/FEB/2013).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, adelantó que para la primera quincena de marzo los legisladores locales aprobarán la Ley de la Tortura en el estado.
El legislador aseguró que se ha logrado ya consensos con los integrantes de los organismos de defensa de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en torno a la redacción y adecuación de artículos.
Precisó que en el análisis se agregan títulos al Código de Procedimientos, para especificar el supuesto que se habla de un examen y con una pericial médicos de la víctima, para sancionar a los responsables de actos de tortura.
Se habla de penas que van desde 5 a 7, de los 4 a 8 años y de 6 a 15 años de prisión.
Además de que las penalidades mayores de tres años de prisión ya no tengan derecho a fianza y en caso de ser servidor público con sanción menor de cuatro años, tiene que ser inhabilitado.
Salazar Marchán señaló que en el punto de diferendo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Juan Alarcón Hernández y con el director de Tlachinollan, Abél Barrera Hernández, era la cantidad de años de sanciones.
Para este caso dijo que se recurrió al derecho comparado, es decir de cómo la ley se aplica en otras entidades de la República y con base a ello radicarla en Guerrero, con las características de particulares de la entidad, punto en el que se logró el consenso.
El legislador aseguró que se ha logrado ya consensos con los integrantes de los organismos de defensa de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en torno a la redacción y adecuación de artículos.
Precisó que en el análisis se agregan títulos al Código de Procedimientos, para especificar el supuesto que se habla de un examen y con una pericial médicos de la víctima, para sancionar a los responsables de actos de tortura.
Se habla de penas que van desde 5 a 7, de los 4 a 8 años y de 6 a 15 años de prisión.
Además de que las penalidades mayores de tres años de prisión ya no tengan derecho a fianza y en caso de ser servidor público con sanción menor de cuatro años, tiene que ser inhabilitado.
Salazar Marchán señaló que en el punto de diferendo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Juan Alarcón Hernández y con el director de Tlachinollan, Abél Barrera Hernández, era la cantidad de años de sanciones.
Para este caso dijo que se recurrió al derecho comparado, es decir de cómo la ley se aplica en otras entidades de la República y con base a ello radicarla en Guerrero, con las características de particulares de la entidad, punto en el que se logró el consenso.
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