México
Aboga CNDH por Ramón Ayala
El abogado de ''El Rey del Acordeón'' insiste en que el músico sólo fue a cantar en la fiesta y no sabía quiénes eran sus clientes
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la adopción urgente de medidas cautelares de protección en favor de Ramón Luis Ayala, por el tiempo que sea necesario.
Ayala, quien toca el acordeón y vive en Hidalgo, Texas, formaba parte de los músicos invitados en una fiesta navideña presuntamente organizada por el cartel de narcotraficantes, la cual fue allanada por el ejército en una mansión en el Estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México, y él quedó detenido.
En un comunicado, precisó que el primer visitador general de la CNDH, Luis García López Guerrero, dirigió un oficio con la petición al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, con el fin de evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación.
Especificó que ello es resultado de las llamadas telefónicas que realizaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el abogado Jorge Reynoso Martínez y Linda Benavides, esposa de Ramón Ayala.
Ambos quejosos señalaron que Ramón y José Luis Ayala fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la procuraduría.
La Comisión Estatal remitió el caso a las CNDH por estar involucrados servidores públicos federales, y se informó que Ramón Luis Ayala se encuentra arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la PGR, relacionados con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/168/2009.
Con base en los Artículos 40 de la ley de la CNDH, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, se solicitó la aplicación de medidas cautelares consistentes en que se garantice la seguridad e integridad física y emocional de los señores Ayala por servidores públicos adscritos a la PRG.
De acuerdo con lo que establece el Artículo 4 de su ley, la CNDH permanecerá atenta a la evolución de los hechos, en tanto se realiza la investigación y se emite la resolución correspondiente.
Senadores exigen indagar red de protección
Senadores exigieron al Gobierno federal ir a fondo en las investigaciones en las que se involucra a militares y policías ministeriales y municipales como parte de los cinturones de seguridad en Morelos de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”.
El presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), dijo que la revelación de ese cinturón de seguridad del capo, demuestra que el Gobierno federal no va a ceder en la persecución de la delincuencia.
Se pronunció porque todos los implicados respondan por sus actos. “Hay que mandarlos al juez… este es un país de leyes que está dentro de la legalidad, tenemos que regresar a regirnos en un estado de derecho”. González insistió en que la señal que se manda es la de “cero impunidad”.
“Todos aquellos implicados en estas situaciones, tendrán que estar ante la ley y responder por sus actos, porque es la única manera que podamos nosotros depurar lo que son los cuerpos de seguridad”.
El también ex gobernador de Aguascalientes recordó que en el Ejército hay un área de control para evitar esas situaciones, pero lejos de lamentarlo dijo que le habría preocupado que no se hubieran dado cuenta.
Por separado, el secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres (PRD), reconoció que “es preocupante” que se haya encontrado al Ejército en las redes de protección de criminales.
Pidió investigar a fondo porque si no se estará en un escenario “de caos” para la seguridad pública.
El senador por Zacatecas dijo que es la oportunidad de que el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, dé muestras de que tiene un convencimiento pleno del valor de las instituciones.
“La PGR por su característica y función está llamada a responder circunstancias como esta. A responderle no al Senado sino a la sociedad mexicana que está ávida de paz y tranquilidad”.
El senador del PRI Carlos Jiménez Macías reconoció como “muy preocupante” la detección de funcionarios, militares y policías en estas redes de protección; coincidió en que se debe investigar a todos los involucrados.
Ayala, quien toca el acordeón y vive en Hidalgo, Texas, formaba parte de los músicos invitados en una fiesta navideña presuntamente organizada por el cartel de narcotraficantes, la cual fue allanada por el ejército en una mansión en el Estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México, y él quedó detenido.
En un comunicado, precisó que el primer visitador general de la CNDH, Luis García López Guerrero, dirigió un oficio con la petición al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, con el fin de evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación.
Especificó que ello es resultado de las llamadas telefónicas que realizaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el abogado Jorge Reynoso Martínez y Linda Benavides, esposa de Ramón Ayala.
Ambos quejosos señalaron que Ramón y José Luis Ayala fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la procuraduría.
La Comisión Estatal remitió el caso a las CNDH por estar involucrados servidores públicos federales, y se informó que Ramón Luis Ayala se encuentra arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la PGR, relacionados con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/168/2009.
Con base en los Artículos 40 de la ley de la CNDH, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, se solicitó la aplicación de medidas cautelares consistentes en que se garantice la seguridad e integridad física y emocional de los señores Ayala por servidores públicos adscritos a la PRG.
De acuerdo con lo que establece el Artículo 4 de su ley, la CNDH permanecerá atenta a la evolución de los hechos, en tanto se realiza la investigación y se emite la resolución correspondiente.
Senadores exigen indagar red de protección
Senadores exigieron al Gobierno federal ir a fondo en las investigaciones en las que se involucra a militares y policías ministeriales y municipales como parte de los cinturones de seguridad en Morelos de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”.
El presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), dijo que la revelación de ese cinturón de seguridad del capo, demuestra que el Gobierno federal no va a ceder en la persecución de la delincuencia.
Se pronunció porque todos los implicados respondan por sus actos. “Hay que mandarlos al juez… este es un país de leyes que está dentro de la legalidad, tenemos que regresar a regirnos en un estado de derecho”. González insistió en que la señal que se manda es la de “cero impunidad”.
“Todos aquellos implicados en estas situaciones, tendrán que estar ante la ley y responder por sus actos, porque es la única manera que podamos nosotros depurar lo que son los cuerpos de seguridad”.
El también ex gobernador de Aguascalientes recordó que en el Ejército hay un área de control para evitar esas situaciones, pero lejos de lamentarlo dijo que le habría preocupado que no se hubieran dado cuenta.
Por separado, el secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres (PRD), reconoció que “es preocupante” que se haya encontrado al Ejército en las redes de protección de criminales.
Pidió investigar a fondo porque si no se estará en un escenario “de caos” para la seguridad pública.
El senador por Zacatecas dijo que es la oportunidad de que el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, dé muestras de que tiene un convencimiento pleno del valor de las instituciones.
“La PGR por su característica y función está llamada a responder circunstancias como esta. A responderle no al Senado sino a la sociedad mexicana que está ávida de paz y tranquilidad”.
El senador del PRI Carlos Jiménez Macías reconoció como “muy preocupante” la detección de funcionarios, militares y policías en estas redes de protección; coincidió en que se debe investigar a todos los involucrados.
Síguenos en