México

AI pone en duda reporte gubernamental Incompleto

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordará este martes el caso de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México está dando al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una valoración incompleta sobre la situación en este país, afirmó Amnistía Internacional (AI).
El reporte del Gobierno "no refleja la realidad sobre el terreno", indicó AI al informar que presentó a ese organismo internacional un informe alternativo sobre la situación de los derechos humanos en México.

Recordó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordará este martes el caso de México.
"La lista de reformas e iniciativas positivas que enumera el informe del Gobierno es una buena noticia. El problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad", manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de AI, de acuerdo con un comunicado difundido por su oficina en México.

Aseguró que hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos y señaló una serie de pendientes en esta materia.

Consideró que continúan pendientes los casos por homicidios y desapariciones forzadas que se registraron entre las décadas de 1960 y 1980, así como las violaciones a los derechos humanos registradas durante los disturbios en San Salvador Atenco, en el Estado de México, y los de la ciudad de Oaxaca, en 2006.

Señaló que el sistema de justicia militar sigue juzgando casos de violaciones de derechos humanos pese a que las normas internacionales en esta materia insisten en que estos casos deben ser juzgados por tribunales civiles.

Durante las operaciones de las autoridades para combatir a bandas de criminales violentas se ha incrementado la detención arbitraria, tortura, malos tratos, violencia sexual y homicidios ilegítimos a manos de agentes de seguridad.
Aseguró que persisten abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente en zonas rurales del país.
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