México
ABC
El proyecto de resolución del Ministro Arturo Zaldívar es un hecho importante por su puntualidad y consecuencias
El proyecto de resolución del Ministro Arturo Zaldívar es un hecho importante por su puntualidad y consecuencias. Es la primera vez que la facultad de indagación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da como resultado un documento que señala responsables de precisa.
La resolución dictamina que hubo violación a los derechos fundamentales de los menores, de sus padres y familias, consecuencia de la mala actuación de funcionarios de los gobiernos federal, estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo.
Este solo señalamiento debe ser suficiente para producir consecuencias. Éstas, son políticas, administrativas y penales.
En materia política se atribuye responsabilidad a dos funcionarios de primer orden del Gobierno de Felipe Calderón: Juan Molinar Horcasitas, hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el desorden generalizado en el proceso de otorgamiento y control de guarderías y Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el manejo de la atención médica, quienes por un principio de congruencia deben renunciar a sus cargos. En seguida está el hecho de señalar a la responsable de guarderías del IMSS quién tiene una muy estrecha relación con la primera dama del país.
Lo que supone otro golpe al círculo cercano al ejecutivo. La responsabilidad política de Eduardo Bours y del señor Gándara, ex gobernador de Sonora y ex presidente municipal de Hermosillo, les debe separar de cualquier responsabilidad en la vida pública y someterles a juicio.
Enseguida vienen las consecuencias administrativas que deben darse en el ámbito de los tres niveles de Gobierno en los órganos de control interno: la Secretaría de la Función pública, por el solo señalamiento debiera abrir otra investigación contra los funcionarios del Gobierno federal señalados. Lo mismo corresponde hacer a los órganos en Sonora y Hermosillo. Estos procesos deben conducir a la inhabilitación, multas y otras sanciones administrativas. Este proceso debe abrirse ahora mismo ya que el solo señalamiento es presunción suficiente, dado que se trata de una conclusión que propone un ministro del máximo tribunal de México.
En tercer lugar la Procuraduría General de la República y la correspondiente de Sonora debieran abrir una averiguación previa para determinar si hubo la comisión de algún delito, ya que las conclusiones propuestas establecen hechos muy graves, que al parecer no han sido suficientemente investigados. Sobre todo en lo que se refiere a la atención a los niños fallecidos y los que resultaron heridos. En caso afirmativo debe ejercerse acción penal contra quienes resulten responsables.
En los tres ámbitos se observa una deliberada acción dilatoria. Es claro que cuando un funcionario de primer orden es señalado como responsable de violar la Constitución del país, la consecuencia inmediata por cuestión de congruencia, honor y orden político es que dejen el cargo. No se trata de una acusación cualquiera, la hace un miembro del máximo órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Fundamental. Los hechos indican que otra vez, el Gobierno está estudiando cómo sacar provecho en la percepción ciudadana, antes de actuar directamente. Por esa misma razón no se inician las averiguaciones ni en las contralorías ni en las procuradurías. Grave cosa pretender dilatar la acción para actuar y distraer. Se trata de respetar la jerarquía y respetabilidad de la Corte. El ministro, independientemente de la resolución final, merece un reconocimiento porque en ejercicio de sus funciones, responde a un reclamo elemental: respeto a la ley y a la dignidad de 49 menores fallecidos.
Un caso de torpeza en su gestación y manejo posterior que violó la ley y debe tener graves consecuencias. La situación no está como para seguir desgastando a las instituciones con impunidad.
La resolución dictamina que hubo violación a los derechos fundamentales de los menores, de sus padres y familias, consecuencia de la mala actuación de funcionarios de los gobiernos federal, estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo.
Este solo señalamiento debe ser suficiente para producir consecuencias. Éstas, son políticas, administrativas y penales.
En materia política se atribuye responsabilidad a dos funcionarios de primer orden del Gobierno de Felipe Calderón: Juan Molinar Horcasitas, hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el desorden generalizado en el proceso de otorgamiento y control de guarderías y Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el manejo de la atención médica, quienes por un principio de congruencia deben renunciar a sus cargos. En seguida está el hecho de señalar a la responsable de guarderías del IMSS quién tiene una muy estrecha relación con la primera dama del país.
Lo que supone otro golpe al círculo cercano al ejecutivo. La responsabilidad política de Eduardo Bours y del señor Gándara, ex gobernador de Sonora y ex presidente municipal de Hermosillo, les debe separar de cualquier responsabilidad en la vida pública y someterles a juicio.
Enseguida vienen las consecuencias administrativas que deben darse en el ámbito de los tres niveles de Gobierno en los órganos de control interno: la Secretaría de la Función pública, por el solo señalamiento debiera abrir otra investigación contra los funcionarios del Gobierno federal señalados. Lo mismo corresponde hacer a los órganos en Sonora y Hermosillo. Estos procesos deben conducir a la inhabilitación, multas y otras sanciones administrativas. Este proceso debe abrirse ahora mismo ya que el solo señalamiento es presunción suficiente, dado que se trata de una conclusión que propone un ministro del máximo tribunal de México.
En tercer lugar la Procuraduría General de la República y la correspondiente de Sonora debieran abrir una averiguación previa para determinar si hubo la comisión de algún delito, ya que las conclusiones propuestas establecen hechos muy graves, que al parecer no han sido suficientemente investigados. Sobre todo en lo que se refiere a la atención a los niños fallecidos y los que resultaron heridos. En caso afirmativo debe ejercerse acción penal contra quienes resulten responsables.
En los tres ámbitos se observa una deliberada acción dilatoria. Es claro que cuando un funcionario de primer orden es señalado como responsable de violar la Constitución del país, la consecuencia inmediata por cuestión de congruencia, honor y orden político es que dejen el cargo. No se trata de una acusación cualquiera, la hace un miembro del máximo órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Fundamental. Los hechos indican que otra vez, el Gobierno está estudiando cómo sacar provecho en la percepción ciudadana, antes de actuar directamente. Por esa misma razón no se inician las averiguaciones ni en las contralorías ni en las procuradurías. Grave cosa pretender dilatar la acción para actuar y distraer. Se trata de respetar la jerarquía y respetabilidad de la Corte. El ministro, independientemente de la resolución final, merece un reconocimiento porque en ejercicio de sus funciones, responde a un reclamo elemental: respeto a la ley y a la dignidad de 49 menores fallecidos.
Un caso de torpeza en su gestación y manejo posterior que violó la ley y debe tener graves consecuencias. La situación no está como para seguir desgastando a las instituciones con impunidad.
Síguenos en