México
— Presunto culpable
No: no se trata de un opúsculo más acerca del polémico documental que, a raíz de su prohibición, se convirtió en el “boom” cinematográfico por excelencia en México
No: no se trata de un opúsculo más acerca del polémico documental que, a raíz de su prohibición, se convirtió en el “boom” cinematográfico por excelencia en México. Se trata, simplemente, de la secuela jurídica de un desgraciado episodio ocurrido el antepasado fin de semana en una zona residencial del Poniente de Guadalajara: un choque entre dos automóviles, en el que hubo dos lamentables protagonistas: una joven de 18 años que viajaba en uno de los vehículos y falleció a raíz del accidente, y un joven, alcoholizado según todos los indicios, que tripulaba el coche que se convirtió en arma homicida.
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Las consecuencias del accidente fueron lamentables por partida doble. Primero, por la manera —abrupta, injusta, intempestiva, brutal...— en que se segó la vida de la joven Andrea Vaca. En efecto: un daño irreparable. Segundo, por los aparentes atropellos a la ley objetiva y, sobre todo, a la noción teórica de la justicia, que se sucedieron a raíz del accidente: el influyentismo del homicida, al apelar a la supuesta relación amistosa con un alto funcionario de la Secretaría de Vialidad —una versión que pocas horas después sería oficialmente desmentida—; la insuficiencia de la ley o la incompetencia (o, peor aún, la venalidad) del agente del Ministerio Público, al no aplicar de inmediato la prueba de alcoholemia, y, a continuación, la tibieza (o, también, la venalidad) del juzgador, al pronunciarse por la liberación del acusado, cuando parecía haber más elementos de juicio a favor de su presunta culpabilidad que de su presunta inocencia.
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En el aspecto estrictamente jurídico del caso, aún queda vigente un recurso: la apelación que promoverá la Procuraduría de Justicia contra la resolución del juez, por una deficiente (o amañada) interpretación de los hechos... y por el agravante de que su historial es, por decir lo menos, turbio, ya que otras veces se ha extralimitado a favor de la más que dudosa inocencia de presuntos secuestradores y homicidas...
Eso, por una parte; por la otra, los mismos diputados locales que dieron forma, en la actual Legislatura, a la llamada “Ley Antiborrachos” (cuya intención consistía, precisamente, en defender a la sociedad, penalizando con la mayor severidad posible a los conductores alcoholizados que participen en accidentes viales), se dijeron decididos a revisar la norma para tapar, a la mayor brevedad, las lagunas, y subsanar las imperfecciones de una ley que —por lo que se infiere del asunto que ha sido noticia— exime de su cumplimiento a cualquiera que pueda burlarla a base de comprar a un juez dispuesto a prostituir la conciencia y a vender al mejor postor el compromiso con la sociedad y la justicia.
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Las consecuencias del accidente fueron lamentables por partida doble. Primero, por la manera —abrupta, injusta, intempestiva, brutal...— en que se segó la vida de la joven Andrea Vaca. En efecto: un daño irreparable. Segundo, por los aparentes atropellos a la ley objetiva y, sobre todo, a la noción teórica de la justicia, que se sucedieron a raíz del accidente: el influyentismo del homicida, al apelar a la supuesta relación amistosa con un alto funcionario de la Secretaría de Vialidad —una versión que pocas horas después sería oficialmente desmentida—; la insuficiencia de la ley o la incompetencia (o, peor aún, la venalidad) del agente del Ministerio Público, al no aplicar de inmediato la prueba de alcoholemia, y, a continuación, la tibieza (o, también, la venalidad) del juzgador, al pronunciarse por la liberación del acusado, cuando parecía haber más elementos de juicio a favor de su presunta culpabilidad que de su presunta inocencia.
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En el aspecto estrictamente jurídico del caso, aún queda vigente un recurso: la apelación que promoverá la Procuraduría de Justicia contra la resolución del juez, por una deficiente (o amañada) interpretación de los hechos... y por el agravante de que su historial es, por decir lo menos, turbio, ya que otras veces se ha extralimitado a favor de la más que dudosa inocencia de presuntos secuestradores y homicidas...
Eso, por una parte; por la otra, los mismos diputados locales que dieron forma, en la actual Legislatura, a la llamada “Ley Antiborrachos” (cuya intención consistía, precisamente, en defender a la sociedad, penalizando con la mayor severidad posible a los conductores alcoholizados que participen en accidentes viales), se dijeron decididos a revisar la norma para tapar, a la mayor brevedad, las lagunas, y subsanar las imperfecciones de una ley que —por lo que se infiere del asunto que ha sido noticia— exime de su cumplimiento a cualquiera que pueda burlarla a base de comprar a un juez dispuesto a prostituir la conciencia y a vender al mejor postor el compromiso con la sociedad y la justicia.
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