México
— Arizona
¿Tienen derecho los legisladores de cada país a establecer las normas que consideren adecuadas para preservar el orden social, o no?
A ver...
Al margen de las consecuencias jurídicas que pueda tener el debate abierto en Estados Unidos acerca de la posible inconstitucionalidad de la llamada “Ley Arizona” (se asevera que los asuntos migratorios son de carácter federal y que los estados carecen de autoridad para legislar al respecto), ¿tienen derecho los legisladores de cada país a establecer las normas que consideren adecuadas para preservar el orden social, o no?
A partir de la misma premisa, ¿los legisladores de un país deben anteponer los derechos e intereses de los extranjeros a los intereses y necesidades de sus propios ciudadanos?
*
Ya encarrerados: ¿So es de llamar la atención —por no decir “sospechosa”— la rapidez con que diputados y senadores, en México, olvidan, por una vez, sus diferencias ideológicas y unifican sus criterios para pronunciarse “enérgicamente” contra las resoluciones de carácter legal que toman, en ejercicio pleno de su soberanía, los legisladores de otro país?
Otra cosa: puestos a establecer, como criterio supremo, el respeto a los derechos humanos, ¿no es insólito que se ponga tanto celo en anticiparse a los posibles atropellos que, por el delito de “portación de cara”, puedan sufrir no sólo los indocumentados —que, por el simple hecho de serlo, ya serían, cuando menos, infractores de la ley—, sino también los mexicanos legalmente residentes en ese Estado de la Unión Americana, e incluso sus descendientes, ciudadanos estadounidenses químicamente puros a despecho de su linaje, y, en cambio, nada (o casi nada) se haga para impedir que en México se atropelle, se ultraje, se robe y se violen sistemáticamente los derechos humanos de los centroamericanos que, por hambre, osan profanar con su planta el sacrosanto territorio mexicano?
Más aún: ¿Es verdad o no que aquí mismo, en nuestras ciudades, los policías, de manera arbitraria o con violencia desmedida —no en balde la expresión “prepotencia policiaca”, en nuestro medio, es ejemplo perfecto de pleonasmo— someten a “revisiones de rutina” a pacíficos ciudadanos o a indefensos borrachitos, y que los “bolsean” y con mucha frecuencia les roban sus escasas pertenencias?
*
Nos desgarramos las vestiduras porque los estadounidenses amenazan con propasarse para ejercer su derecho de expulsar de su territorio a los visitantes que eventualmente consideren indeseables, y no reparamos en que la verdadera ignominia de esa historia estriba en que tantos mexicanos se vean obligados a correr tales riesgos, por la inoperancia de las estructuras de su propio país para permitirles vivir con un mínimo de dignidad en él.
La gran pregunta, en síntesis, sería si no estamos —parafraseando la recriminación de la sultana Aixa a Boabdil, el último rey moro— lloriqueando como mujeres lo que no supimos defender como hombres.
Al margen de las consecuencias jurídicas que pueda tener el debate abierto en Estados Unidos acerca de la posible inconstitucionalidad de la llamada “Ley Arizona” (se asevera que los asuntos migratorios son de carácter federal y que los estados carecen de autoridad para legislar al respecto), ¿tienen derecho los legisladores de cada país a establecer las normas que consideren adecuadas para preservar el orden social, o no?
A partir de la misma premisa, ¿los legisladores de un país deben anteponer los derechos e intereses de los extranjeros a los intereses y necesidades de sus propios ciudadanos?
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Ya encarrerados: ¿So es de llamar la atención —por no decir “sospechosa”— la rapidez con que diputados y senadores, en México, olvidan, por una vez, sus diferencias ideológicas y unifican sus criterios para pronunciarse “enérgicamente” contra las resoluciones de carácter legal que toman, en ejercicio pleno de su soberanía, los legisladores de otro país?
Otra cosa: puestos a establecer, como criterio supremo, el respeto a los derechos humanos, ¿no es insólito que se ponga tanto celo en anticiparse a los posibles atropellos que, por el delito de “portación de cara”, puedan sufrir no sólo los indocumentados —que, por el simple hecho de serlo, ya serían, cuando menos, infractores de la ley—, sino también los mexicanos legalmente residentes en ese Estado de la Unión Americana, e incluso sus descendientes, ciudadanos estadounidenses químicamente puros a despecho de su linaje, y, en cambio, nada (o casi nada) se haga para impedir que en México se atropelle, se ultraje, se robe y se violen sistemáticamente los derechos humanos de los centroamericanos que, por hambre, osan profanar con su planta el sacrosanto territorio mexicano?
Más aún: ¿Es verdad o no que aquí mismo, en nuestras ciudades, los policías, de manera arbitraria o con violencia desmedida —no en balde la expresión “prepotencia policiaca”, en nuestro medio, es ejemplo perfecto de pleonasmo— someten a “revisiones de rutina” a pacíficos ciudadanos o a indefensos borrachitos, y que los “bolsean” y con mucha frecuencia les roban sus escasas pertenencias?
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Nos desgarramos las vestiduras porque los estadounidenses amenazan con propasarse para ejercer su derecho de expulsar de su territorio a los visitantes que eventualmente consideren indeseables, y no reparamos en que la verdadera ignominia de esa historia estriba en que tantos mexicanos se vean obligados a correr tales riesgos, por la inoperancia de las estructuras de su propio país para permitirles vivir con un mínimo de dignidad en él.
La gran pregunta, en síntesis, sería si no estamos —parafraseando la recriminación de la sultana Aixa a Boabdil, el último rey moro— lloriqueando como mujeres lo que no supimos defender como hombres.
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