Jalisco

Zapopan prepara estrategia jurídica contra laudo cuestionado

La autoridad municipal insiste en el presunto contubernio entre una magistrada del Tribunal de Arbitraje y ex trabajadores que recibirán 30 MDP.

ZAPOPAN.- Juan Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapopan, insiste en señalar a la magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García como implicada en el laudo.

La autoridad municipal insiste en el presunto contubernio entre una magistrada del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y los ex trabajadores que recibirán 30 MDP

Será la siguiente semana cuando el Ayuntamiento de Zapopan tenga definida una estrategia jurídica con respecto al laudo que emitió el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco que le ordena pagar 30 millones de pesos a siete ex trabajadores y que, según el alcalde, Juan Sánchez Aldana, fue producto del contubernio de estos con una magistrada.

“No es un tema que podamos dejar pasar, estamos hablando de 30 millones de pesos, y estamos hablando de muchos millones de pesos más que nos ha obligado a pagar el tribunal libres de impuestos”, declaró el alcalde, quien insiste en señalar a la magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García como implicada en el laudo por ser abogada de los beneficiarios.

Ésta ha señalado que al momento de tomarse la resolución, en el año 2004, ella sí era representante de los ex trabajadores, pero no fungía como magistrada del tribunal, pues fue designada como tal hasta el 1 de julio de 2007, además de que firmó una excusa para no participar en el tema ahora que forma parte de la autoridad (EL INFORMADOR 14/5/2008).

Sánchez Aldana sostendrá una reunión con Juan Pelayo Ruelas, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Jalisco, organización que llevó el caso de los ex trabajadores ante el tribunal a través de Cuevas García, cuando era su directora jurídica, antes de que la designara como magistrada el año pasado.

“Voy a platicar con Juan (Pelayo) precisamente para mostrar qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que él tiene que argumentar. No podemos seguir permitiendo que las instituciones paguen indemnizaciones millonarias porque el tribunal no está cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, más aún cuando una magistrada es el abogado de las personas que están haciendo la demanda al municipio y cuando ésta la hacen reclamando un derecho como servidores públicos cuando no lo eran”.

Los ex trabajadores eran ejecutores fiscales del Ayuntamiento, que recibían como paga un porcentaje de lo cobrado a los contribuyentes.

El tribunal ordenó que se les creen puestos de base, lo que continúa en estudio en las comisiones edilicias, así como las transferencias presupuestales necesarias para cumplir con el pago de la indemnización por salarios caídos.
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