Jalisco
Vamos por ello
Queremos unos Panamericanos a la altura de nuestra ciudad y una ciudad a la altura de los Panamericanos
Una vez más una extraña resolución jurídica busca entorpecer la construcción de la Villa Panamericana y poner piedras en el camino a los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. A unos meses de la inauguración, este tipo de acciones jurídicas no son sino artimañas de oportunistas que buscan sacar provecho de los compromisos que como sociedad, representada por nuestros gobiernos estatales y municipales, hemos contraído.
Resulta más que evidente que la resolución del magistrado Armando García Estrada no busca aportar a la justicia y al estado de derecho, sino generar un obstáculo para la construcción de la Villa Panamericana. El magistrado emitió su resolución el pasado 27 de abril, justo el día en que el tribunal estaba por tomar sus vacaciones, con toda la intención de que el afectado no pudiera defenderse en 15 días; no obligó, como corresponde en estos casos, a la parte demandante a presentar una fianza, porque, según él, se trata de un asunto de interés social; determinó, en un exceso de atribuciones, suspender actos administrativos plenamente vigentes, como son las licencias y permisos de construcción que ya se habían otorgado por otros poderes, concretamente el Ayuntamiento de Zapopan, entre otras linduras e irregularidades que muestran claramente que, más que impartir justicia, el magistrado García Estrada busca simplemente entorpecer un proceso en detrimento de toda la comunidad.
La justicia no puede ser rehén de intereses particulares, ni los intereses de la comunidad estar sujetos a resoluciones ocurrentes de un juez o magistrado. Las obras panamericanas, como toda obra pública o privada, deben cumplir a cabalidad con la ley vigente. El desarrollo armónico de nuestra ciudad y de nuestra sociedad depende en gran medida de la certeza jurídica. Los jueces y magistrados deben ser la piedra angular y el referente obligado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia del estado de derecho. Por eso, cuando se exceden en sus funciones, como es el caso de García Estrada, y actúan cual parte interesada en un proceso, el daño que causan es infinitamente mayor. La responsabilidad política y administrativa del magistrado debe ser revisada por las instancias correspondientes, la Judicatura y, de ser necesario, el Congreso.
Estamos a pocos días de que arranque en Guadalajara, y en todo el Estado, la fiesta deportiva más importante de América y el evento más significativo en la historia de nuestra ciudad. Es momento de concentrarnos en ello, de olvidar por un momento diferencias políticas e ideológicas y poner los intereses de la ciudad y la comunidad por encima de los intereses y visiones políticas y particulares. Los jaliscienses estamos listos y exigimos de nuestras autoridades de todos los niveles de Gobierno y poderes del Estado estén a la altura.
Queremos unos Panamericanos a la altura de nuestra ciudad y una ciudad a la altura de los Panamericanos. Vamos por ello.
Resulta más que evidente que la resolución del magistrado Armando García Estrada no busca aportar a la justicia y al estado de derecho, sino generar un obstáculo para la construcción de la Villa Panamericana. El magistrado emitió su resolución el pasado 27 de abril, justo el día en que el tribunal estaba por tomar sus vacaciones, con toda la intención de que el afectado no pudiera defenderse en 15 días; no obligó, como corresponde en estos casos, a la parte demandante a presentar una fianza, porque, según él, se trata de un asunto de interés social; determinó, en un exceso de atribuciones, suspender actos administrativos plenamente vigentes, como son las licencias y permisos de construcción que ya se habían otorgado por otros poderes, concretamente el Ayuntamiento de Zapopan, entre otras linduras e irregularidades que muestran claramente que, más que impartir justicia, el magistrado García Estrada busca simplemente entorpecer un proceso en detrimento de toda la comunidad.
La justicia no puede ser rehén de intereses particulares, ni los intereses de la comunidad estar sujetos a resoluciones ocurrentes de un juez o magistrado. Las obras panamericanas, como toda obra pública o privada, deben cumplir a cabalidad con la ley vigente. El desarrollo armónico de nuestra ciudad y de nuestra sociedad depende en gran medida de la certeza jurídica. Los jueces y magistrados deben ser la piedra angular y el referente obligado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia del estado de derecho. Por eso, cuando se exceden en sus funciones, como es el caso de García Estrada, y actúan cual parte interesada en un proceso, el daño que causan es infinitamente mayor. La responsabilidad política y administrativa del magistrado debe ser revisada por las instancias correspondientes, la Judicatura y, de ser necesario, el Congreso.
Estamos a pocos días de que arranque en Guadalajara, y en todo el Estado, la fiesta deportiva más importante de América y el evento más significativo en la historia de nuestra ciudad. Es momento de concentrarnos en ello, de olvidar por un momento diferencias políticas e ideológicas y poner los intereses de la ciudad y la comunidad por encima de los intereses y visiones políticas y particulares. Los jaliscienses estamos listos y exigimos de nuestras autoridades de todos los niveles de Gobierno y poderes del Estado estén a la altura.
Queremos unos Panamericanos a la altura de nuestra ciudad y una ciudad a la altura de los Panamericanos. Vamos por ello.
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