Jalisco
Urgen 600 MDP para que la Ciudad Judicial inicie operaciones
Para finalizar la edificación del inmueble se destinarían 300 millones; el resto sería para que los juzgados empiecen a funcionar
GUADALAJARA, JALISCO (09/DIC/2011).- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en la Entidad, Celso Rodríguez González, urgió en la necesidad de atender la propuesta de presupuesto para esa instancia, una ampliación a más de 600 millones de pesos (MDP) —el doble de lo que actualmente ejerce—, con el propósito de que una vez que el Gobierno de Jalisco acepte la entrega del edificio de la Ciudad Judicial, que registra un avance de 85%, 300 millones se dispongan para la conclusión del inmueble.
“Nosotros para iniciar con todo este tema pediríamos como única vez mínimo 300 millones de pesos, para que llegue la aportación a los juzgados y después tener a todo el personal que se tiene que implementar y con la Ciudad Judicial sería menos porque tendríamos, por lo menos, toda la estructura”, dijo al momento que recalcó la necesidad de capacitación para reforzar la impartición de justicia en el Estado.
Rodríguez González lamentó la forma en que los diputados han retrasado la aprobación de las reformas nacionales, pues a decir del presidente del STJ lo que más se necesita es que el Congreso tenga participación activa para que las normas federales se adecúen a las normas estatales “y se pueda entrar a cada una de ellas en materias de oralidad, de justicia para adolescentes”.
Buscan “correcta” reinserción de menores
Sin embargo, también los problemas de coordinación se presentan con el Ejecutivo. Mientras el Supremo Tribunal creó seis nuevas Unidades de Justicia Integral para Adolescentes, el Gobierno de Jalisco no tiene los Centros de Diagnóstico para dar a los menos infractores una correcta reinserción a la sociedad.
“Ahorita tenemos revueltos a los menores con los adultos, o bien dentro de una casa que no cumple con los requisitos que se necesitan, que en la misma ley de Derechos Humanos establezca”.
Comentó que en Puerto Vallarta, donde hay una unidad, los menores están en un “bodegón” por no contar con este Centro de Diagnósticos, en donde reconoce el magistrado presidente que los adolescentes infractores están en condiciones peores que los adultos. “Es una obligación del Estado que los abra y que se los encargue a la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, nos los dé a nosotros. Tenemos en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán y todos ellos no tienen Centro de Diagnóstico”. Por ello afirmó que el menor no tiene un tratamiento adecuado y terminan en manos de la delincuencia.
Impartición, a paso lento
El magistrado hizo un llamado a la coordinación entre los tres poderes para mejorar y promover que en Jalisco se efectúe una justicia integral, pues la falta de coordinación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha provocado que la ejecución de la justicia en Jalisco vaya a pasa lento.
El presidente de STJ, quien rinde hoy su informe de actividades, enfatizó que aún hay temas pendientes que analizar y aplicar dentro de las reformas nacionales en materia de Justicia.
Comentó que aunque las reformas impulsadas a nivel nacional en materia de narcomenudeo, justicia integral para adolescente, extinción de dominio, ejecución de penas, en Jalisco no han sido “eficientadas” por no contar con normas locales. Apuntó que otras iniciativas como la ejecución de juicios orales continúan en la congeladora del Congreso.
“Oralidad, hay una reforma en el Congreso, desde hace años, que nosotros participamos activamente, igual que la de mediación, y ojalá y pronto los juicios orales los aprueben para que el instituto camine y lleguemos a la oralidad”.
Enfatizó que para impulsar éstas iniciativas, además de la aprobación se requiere la consolidación de una estructura, recursos y principalmente la capacitación profesionalizada en el caso de los funcionarios. “La capacitación no se cubre con el dinero, tiene que haber tiempo suficiente para hacerlo”.
Sin embargo, pese a la falta de recursos para capacitar al personal, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ha sido apoyado por las entidades de Oaxaca, Estado de México, Nuevo León, Distrito Federal (DF) y Michoacán.
“Nosotros tenemos una asociación de todos los presidentes de los tribunales. Entonces a través de ahí nos traemos varios expositores, principalmente Oaxaca y el Estado de México, porque tienen una estructura bien formada. En el Estado de México hay una universidad y en Oaxaca tienen su Escuela Judicial. El DF tiene una Escuela Judicial fuerte, Morelia tiene una fuerte escuela y una buena impartición de justicia”.
Con estos antecedentes Celso Rodríguez reconoció la urgente necesidad de reforzar en Jalisco los temas de capacitación para poder salir adelante.
NECESIDADES
Aparato judicial
Para impartir justicia familiar, mercantil, civil, justicia alternativa, ejecución de pena, extinción de dominio y oralidad, se necesita de una infraestructura de tres salas. Cada una representa un costo de 25 millones de pesos anuales.
Se requieren dos juzgados en narcomenudeo, dos en extinción de dominio y cuatro juzgados de la ejecución de pena. Cada juzgado tiene un costo 3.5 millones de pesos para abrirlos, sostenerlos y darles todos los servicios.
Para juicios orales, aunado a los juzgados, la inversión para el equipo se calcula en aproximadamente 10 millones de pesos.
“Nosotros para iniciar con todo este tema pediríamos como única vez mínimo 300 millones de pesos, para que llegue la aportación a los juzgados y después tener a todo el personal que se tiene que implementar y con la Ciudad Judicial sería menos porque tendríamos, por lo menos, toda la estructura”, dijo al momento que recalcó la necesidad de capacitación para reforzar la impartición de justicia en el Estado.
Rodríguez González lamentó la forma en que los diputados han retrasado la aprobación de las reformas nacionales, pues a decir del presidente del STJ lo que más se necesita es que el Congreso tenga participación activa para que las normas federales se adecúen a las normas estatales “y se pueda entrar a cada una de ellas en materias de oralidad, de justicia para adolescentes”.
Buscan “correcta” reinserción de menores
Sin embargo, también los problemas de coordinación se presentan con el Ejecutivo. Mientras el Supremo Tribunal creó seis nuevas Unidades de Justicia Integral para Adolescentes, el Gobierno de Jalisco no tiene los Centros de Diagnóstico para dar a los menos infractores una correcta reinserción a la sociedad.
“Ahorita tenemos revueltos a los menores con los adultos, o bien dentro de una casa que no cumple con los requisitos que se necesitan, que en la misma ley de Derechos Humanos establezca”.
Comentó que en Puerto Vallarta, donde hay una unidad, los menores están en un “bodegón” por no contar con este Centro de Diagnósticos, en donde reconoce el magistrado presidente que los adolescentes infractores están en condiciones peores que los adultos. “Es una obligación del Estado que los abra y que se los encargue a la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, nos los dé a nosotros. Tenemos en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán y todos ellos no tienen Centro de Diagnóstico”. Por ello afirmó que el menor no tiene un tratamiento adecuado y terminan en manos de la delincuencia.
Impartición, a paso lento
El magistrado hizo un llamado a la coordinación entre los tres poderes para mejorar y promover que en Jalisco se efectúe una justicia integral, pues la falta de coordinación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha provocado que la ejecución de la justicia en Jalisco vaya a pasa lento.
El presidente de STJ, quien rinde hoy su informe de actividades, enfatizó que aún hay temas pendientes que analizar y aplicar dentro de las reformas nacionales en materia de Justicia.
Comentó que aunque las reformas impulsadas a nivel nacional en materia de narcomenudeo, justicia integral para adolescente, extinción de dominio, ejecución de penas, en Jalisco no han sido “eficientadas” por no contar con normas locales. Apuntó que otras iniciativas como la ejecución de juicios orales continúan en la congeladora del Congreso.
“Oralidad, hay una reforma en el Congreso, desde hace años, que nosotros participamos activamente, igual que la de mediación, y ojalá y pronto los juicios orales los aprueben para que el instituto camine y lleguemos a la oralidad”.
Enfatizó que para impulsar éstas iniciativas, además de la aprobación se requiere la consolidación de una estructura, recursos y principalmente la capacitación profesionalizada en el caso de los funcionarios. “La capacitación no se cubre con el dinero, tiene que haber tiempo suficiente para hacerlo”.
Sin embargo, pese a la falta de recursos para capacitar al personal, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ha sido apoyado por las entidades de Oaxaca, Estado de México, Nuevo León, Distrito Federal (DF) y Michoacán.
“Nosotros tenemos una asociación de todos los presidentes de los tribunales. Entonces a través de ahí nos traemos varios expositores, principalmente Oaxaca y el Estado de México, porque tienen una estructura bien formada. En el Estado de México hay una universidad y en Oaxaca tienen su Escuela Judicial. El DF tiene una Escuela Judicial fuerte, Morelia tiene una fuerte escuela y una buena impartición de justicia”.
Con estos antecedentes Celso Rodríguez reconoció la urgente necesidad de reforzar en Jalisco los temas de capacitación para poder salir adelante.
NECESIDADES
Aparato judicial
Para impartir justicia familiar, mercantil, civil, justicia alternativa, ejecución de pena, extinción de dominio y oralidad, se necesita de una infraestructura de tres salas. Cada una representa un costo de 25 millones de pesos anuales.
Se requieren dos juzgados en narcomenudeo, dos en extinción de dominio y cuatro juzgados de la ejecución de pena. Cada juzgado tiene un costo 3.5 millones de pesos para abrirlos, sostenerlos y darles todos los servicios.
Para juicios orales, aunado a los juzgados, la inversión para el equipo se calcula en aproximadamente 10 millones de pesos.
Síguenos en