Jalisco
Urge debate sobre militarización en Jalisco: Álvarez Cibrián
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo cuestiona propuesta de reforma constitucional
GUADALAJARA, JALISCO.- El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián envió un comunicado para aclarar que su postura no es a favor de la militarización en Jalisco, sino de que urge convocar a un debate nacional sobre el tema.
Sin embargo, en la versión estenográfica el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ) es muy claro, en el sentido de que si en el debate se llega a la conclusión de que ésa es la única solución, se tendrá que reformar la Constitución para que la presencia del Ejército en las calles no sea violatoria de los derechos humanos.
En la entrevista que concedió en el Congreso del Estado el miércoles pasado, Álvarez Cibrián dijo que “en estos momentos debe debatirse con urgencia (la posibilidad de militarizar las calles), y es preferible que si ésa va a ser la solución, si va a ser una medida porque las corporaciones policíacas ya no tienen la capacidad de combatirla (la inseguridad), entonces vamos reglamentando, vamos definiendo y analizando el marco constitucional”.
Y aunque señaló que no convalida tales actuaciones, abre la puerta para que se reforme la Constitución y así se permita la presencia del Ejército en temas de seguridad pública.
—¿No sería violatorio de derechos humanos?
—No es violatorio si se reforma. En este momento, como se están dando esas funciones, llámesele por necesidad o porque no hay la capacidad de los cuerpos policíacos, se transgrede el ordenamiento constitucional y ése no es el mensaje que se debe dar.
Si no existe otra salida, y si después del debate a esa conclusión se llega, debe haber una reforma constitucional.
El Cepad cuestiona propuesta de reforma constitucional
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) opina que habilitar a las fuerzas armadas del país en tareas que le corresponden a instituciones de seguridad pública de los municipios, los estados y la federación, “se traduce en violaciones graves a derechos humanos de la población civil”.
Y la declaración del presidente de la CEDHJ omite las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales (como el Consejo y Comité de Derechos Humanos de la ONU), respecto a que las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles.
Finalmente, resaltan que las violaciones a los derechos humanos no dejarán de serlo al modificar leyes. “El reconocimiento de los derechos humanos está establecido por el derecho internacional público y garantizar su ejercicio corresponde al Estado mexicano, de lo contrario se cuenta con tribunales internacionales que los hagan valer”.
Medidas cautelares para el Consejo Estatal de la Familia
La CEDHJ dictó medidas cautelares a la secretaria ejecutiva del consejo Estatal de la Familia, Claudia Corona Marseille, por separar a dos niñas de la casa hogar Ríos en el Desierto, de las cuales se desconoce su paradero, Êy por llevarse a otros cinco niños de Nacidos para Triunfar y de Ríos en el Desierto.
“Tomando en cuenta el interés superior de la niñez, en caso de no existir fundamentación legal alguna para que los niños sean transferidos a otro albergue, o bien, dados en adopción, autorice su permanencia y, en todo caso, reintegración a las casas hogar referidas”, dice el boletín del organismo.
El CEJ tiene 24 horas para responder.
Sin embargo, en la versión estenográfica el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ) es muy claro, en el sentido de que si en el debate se llega a la conclusión de que ésa es la única solución, se tendrá que reformar la Constitución para que la presencia del Ejército en las calles no sea violatoria de los derechos humanos.
En la entrevista que concedió en el Congreso del Estado el miércoles pasado, Álvarez Cibrián dijo que “en estos momentos debe debatirse con urgencia (la posibilidad de militarizar las calles), y es preferible que si ésa va a ser la solución, si va a ser una medida porque las corporaciones policíacas ya no tienen la capacidad de combatirla (la inseguridad), entonces vamos reglamentando, vamos definiendo y analizando el marco constitucional”.
Y aunque señaló que no convalida tales actuaciones, abre la puerta para que se reforme la Constitución y así se permita la presencia del Ejército en temas de seguridad pública.
—¿No sería violatorio de derechos humanos?
—No es violatorio si se reforma. En este momento, como se están dando esas funciones, llámesele por necesidad o porque no hay la capacidad de los cuerpos policíacos, se transgrede el ordenamiento constitucional y ése no es el mensaje que se debe dar.
Si no existe otra salida, y si después del debate a esa conclusión se llega, debe haber una reforma constitucional.
El Cepad cuestiona propuesta de reforma constitucional
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) opina que habilitar a las fuerzas armadas del país en tareas que le corresponden a instituciones de seguridad pública de los municipios, los estados y la federación, “se traduce en violaciones graves a derechos humanos de la población civil”.
Y la declaración del presidente de la CEDHJ omite las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales (como el Consejo y Comité de Derechos Humanos de la ONU), respecto a que las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles.
Finalmente, resaltan que las violaciones a los derechos humanos no dejarán de serlo al modificar leyes. “El reconocimiento de los derechos humanos está establecido por el derecho internacional público y garantizar su ejercicio corresponde al Estado mexicano, de lo contrario se cuenta con tribunales internacionales que los hagan valer”.
Medidas cautelares para el Consejo Estatal de la Familia
La CEDHJ dictó medidas cautelares a la secretaria ejecutiva del consejo Estatal de la Familia, Claudia Corona Marseille, por separar a dos niñas de la casa hogar Ríos en el Desierto, de las cuales se desconoce su paradero, Êy por llevarse a otros cinco niños de Nacidos para Triunfar y de Ríos en el Desierto.
“Tomando en cuenta el interés superior de la niñez, en caso de no existir fundamentación legal alguna para que los niños sean transferidos a otro albergue, o bien, dados en adopción, autorice su permanencia y, en todo caso, reintegración a las casas hogar referidas”, dice el boletín del organismo.
El CEJ tiene 24 horas para responder.
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