Jalisco
Trabaja Inmujeres en problemática de violencia hacia sector femenino
Rocío García Gaytán, subrayó la necesidad de resolver el problema de la violencia hacia el sector femenino en México
PUERTO VALLARTA, JALISCO.- La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, subrayó la necesidad de resolver el problema de la violencia hacia el sector femenino en México.
Durante la clausura el Tercer Encuentro Nacional de las Areas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el Inmujeres, dijo que esperan que al final del año existan 32 Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en todo el país.
'Contar con las 32 Leyes sería un paso importante, pero esto no quiere decir que el problema estaría resuelto, ya que faltaría la creación de reglamentos, la instalación de sistemas, programas, bancos de datos y la armonización de leyes', destacó.
Sin lo anterior, explicó, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia seguirá sin dar respuesta a las féminas de los municipios y localidades de la República Mexicana.
Expuso que para que la ley dé respuesta a la población femenina tiene que llegar hasta que el Ministerio Público o un juez le pueda dar una orden de protección, hasta que haya refugios en los 32 estados y, de preferencia, en los 100 municipios más grandes.
Por otra parte, García Gaytán advirtió que en el Estado de México se han registrado 600 muertes de mujeres en los últimos cinco años por violencia, mucho más que en Ciudad Juárez, y lo más angustiante es que la sociedad civil 'no está pegando de gritos'.
Subrayó que se debe voltear hacia esa entidad y analizar la situación que se vive ahí, porque además no hay una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Enfatizó que la violencia hacia las mujeres es un problema social y de salud pública, al que se le debe de invertir en gran medida.
'El Estado tiene que atender este problema como el sarampión y el dengue, ya que es un problema de salud que más del 50 por ciento de las mujeres sean golpeadas o sean víctimas de cualquier tipo de violencia', dijo.
Por su parte, la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Carmen Lucía Pérez Camarena, señaló que ha habido estados en donde ha funcionado un esquema mixto de gobierno y sociedad para la construcción de refugios para víctimas de la violencia y habría que analizar si eso funcionaría en Jalisco.
Manifestó que la prioridad en este momento es trabajar en el fortalecimiento de los dos refugios que existen en la entidad, para que las mujeres puedan tener acceso a un lugar seguro, donde se les protejan todos sus derechos humanos.
Los responsables de las áreas jurídicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que estuvieron reunidos aquí, acordaron impulsar la revisión y armonización de los códigos penales en toda la República Mexicana.
Asimismo, superar visiones y concepciones machistas y misóginas del derecho, que han perpetuado la discriminación y violencia que sufren las mujeres; combatir de manera frontal la impunidad que ha encontrado, en muchos de los casos, en el derecho penal un aliado.
Además, hacer del hogar el espacio más seguro para las niñas y mujeres; urgir la creación del delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias, además de reconocer y proteger el trabajo doméstico.
Durante la clausura el Tercer Encuentro Nacional de las Areas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el Inmujeres, dijo que esperan que al final del año existan 32 Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en todo el país.
'Contar con las 32 Leyes sería un paso importante, pero esto no quiere decir que el problema estaría resuelto, ya que faltaría la creación de reglamentos, la instalación de sistemas, programas, bancos de datos y la armonización de leyes', destacó.
Sin lo anterior, explicó, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia seguirá sin dar respuesta a las féminas de los municipios y localidades de la República Mexicana.
Expuso que para que la ley dé respuesta a la población femenina tiene que llegar hasta que el Ministerio Público o un juez le pueda dar una orden de protección, hasta que haya refugios en los 32 estados y, de preferencia, en los 100 municipios más grandes.
Por otra parte, García Gaytán advirtió que en el Estado de México se han registrado 600 muertes de mujeres en los últimos cinco años por violencia, mucho más que en Ciudad Juárez, y lo más angustiante es que la sociedad civil 'no está pegando de gritos'.
Subrayó que se debe voltear hacia esa entidad y analizar la situación que se vive ahí, porque además no hay una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Enfatizó que la violencia hacia las mujeres es un problema social y de salud pública, al que se le debe de invertir en gran medida.
'El Estado tiene que atender este problema como el sarampión y el dengue, ya que es un problema de salud que más del 50 por ciento de las mujeres sean golpeadas o sean víctimas de cualquier tipo de violencia', dijo.
Por su parte, la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Carmen Lucía Pérez Camarena, señaló que ha habido estados en donde ha funcionado un esquema mixto de gobierno y sociedad para la construcción de refugios para víctimas de la violencia y habría que analizar si eso funcionaría en Jalisco.
Manifestó que la prioridad en este momento es trabajar en el fortalecimiento de los dos refugios que existen en la entidad, para que las mujeres puedan tener acceso a un lugar seguro, donde se les protejan todos sus derechos humanos.
Los responsables de las áreas jurídicas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que estuvieron reunidos aquí, acordaron impulsar la revisión y armonización de los códigos penales en toda la República Mexicana.
Asimismo, superar visiones y concepciones machistas y misóginas del derecho, que han perpetuado la discriminación y violencia que sufren las mujeres; combatir de manera frontal la impunidad que ha encontrado, en muchos de los casos, en el derecho penal un aliado.
Además, hacer del hogar el espacio más seguro para las niñas y mujeres; urgir la creación del delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias, además de reconocer y proteger el trabajo doméstico.
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