Jalisco
Tonalá ve por libertad de vecinos afectados por caseta: Arana
El alcalde comenta que él y el secretario general del municipio pagaron la fianza del colono detenido por la PGR
GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2013).- "Estamos con ustedes en lo que toca", expresó el alcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana, como postura del Ayuntamiento en apoyo a los habitantes de los fraccionamientos afectados por la caseta cerca del límite con Zapotlanejo.
Ante las peticiones de respaldo a los colonos, Arana comentó que él y el secretario general de Tonalá,Oswaldo Bañales Orozco, pagaron la fianza de Jesús Ruvalcaba, vecino detenido por disturbios en las vías de comunicación, y que se entrevistó con el titular de la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) para pedirle que no se moleste a los otros dos ciudadanos con órdenes de aprehensión, Juan Carlos Ruvalcaba y Omar Nava. Los tres hombres participaron en protestas en contra de la caseta.
Los vecinos acudieron a la Presidencia Municipal a solicitar que Tonalá se pronuncie por escrito y respalde a los colonos que deben cruzar la caseta para llegar a sus casas; además le solicitan que tome acción respecto al riesgo a la libertad que corren sus compañeros, explicó uno de los habitantes, Jesús Ayala.
Lo que falta, reconoció el presidente municipal, es que aún no se resuelve que quienes no figuran en el padrón de habitantes y visitan los fraccionamientos están fuera del subsidio y deben pagar 18 pesos por entrar y salir, lo que ya se negocia con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para ver si se puede correr con estos gastos desde el erario, con participación también del Gobierno estatal. Lo que espera Arana resolver en abril.
"Eso es lo que nos falta. Lo que está pidiendo la empresa es que por los que no son vecinos y pagan (al visitar los fraccionamientos), por eso se recaudan más o menos dos millones de pesos cada seis meses, eso es lo que ellos quieren para ya finiquitar el asunto".
Además, los colonos reclaman que en las protestas contra la caseta también participaron funcionarios públicos, el mismo Arana y el entonces gobernador, Emilio González Márquez, y a ellos no se les señala, lo que significa "criminalizar una manifestación ciudadana", comenta Ayala.
Al respecto, el alcalde comenta que las acusaciones de la empresa se deben a una protesta distinta de la que él participó: "Ellos cerraron parte de la Avenida Lázaro Cárdenas; fueron ellos tres y otros, y fueron a los que detectaron y presentaron la denuncia".
Antes de la sesión de Ayuntamiento a la que asistieron los vecinos, Arana mantuvo una reunión a puerta cerrada con unos 20 de ellos. Al final de la jornada, los ciudadanos se manifestaron con pancartas que anunciaban las mismas peticiones que le habían hecho al alcalde. "¡Justicia, justicia!", gritaban.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA
Ante las peticiones de respaldo a los colonos, Arana comentó que él y el secretario general de Tonalá,Oswaldo Bañales Orozco, pagaron la fianza de Jesús Ruvalcaba, vecino detenido por disturbios en las vías de comunicación, y que se entrevistó con el titular de la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) para pedirle que no se moleste a los otros dos ciudadanos con órdenes de aprehensión, Juan Carlos Ruvalcaba y Omar Nava. Los tres hombres participaron en protestas en contra de la caseta.
Los vecinos acudieron a la Presidencia Municipal a solicitar que Tonalá se pronuncie por escrito y respalde a los colonos que deben cruzar la caseta para llegar a sus casas; además le solicitan que tome acción respecto al riesgo a la libertad que corren sus compañeros, explicó uno de los habitantes, Jesús Ayala.
Lo que falta, reconoció el presidente municipal, es que aún no se resuelve que quienes no figuran en el padrón de habitantes y visitan los fraccionamientos están fuera del subsidio y deben pagar 18 pesos por entrar y salir, lo que ya se negocia con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para ver si se puede correr con estos gastos desde el erario, con participación también del Gobierno estatal. Lo que espera Arana resolver en abril.
"Eso es lo que nos falta. Lo que está pidiendo la empresa es que por los que no son vecinos y pagan (al visitar los fraccionamientos), por eso se recaudan más o menos dos millones de pesos cada seis meses, eso es lo que ellos quieren para ya finiquitar el asunto".
Además, los colonos reclaman que en las protestas contra la caseta también participaron funcionarios públicos, el mismo Arana y el entonces gobernador, Emilio González Márquez, y a ellos no se les señala, lo que significa "criminalizar una manifestación ciudadana", comenta Ayala.
Al respecto, el alcalde comenta que las acusaciones de la empresa se deben a una protesta distinta de la que él participó: "Ellos cerraron parte de la Avenida Lázaro Cárdenas; fueron ellos tres y otros, y fueron a los que detectaron y presentaron la denuncia".
Antes de la sesión de Ayuntamiento a la que asistieron los vecinos, Arana mantuvo una reunión a puerta cerrada con unos 20 de ellos. Al final de la jornada, los ciudadanos se manifestaron con pancartas que anunciaban las mismas peticiones que le habían hecho al alcalde. "¡Justicia, justicia!", gritaban.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA
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