Jalisco
¿Tendrán vergüenza y voluntad?
La nueva pregunta es si los actuales diputados tendrán la voluntad para renunciar a sus privilegios indebidos
La pregunta, lejos de disiparse luego de la exposición de un informe presentado sin el rigor de la norma legal, sigue presente en el ámbito legislativo y en espacios de la opinión pública: ¿Por qué Carlos Corona Martín del Campo sigue siendo el secretario general del Congreso del Estado?
Apenas cumple seis meses y medio de vida la LIX Legislatura y el responsable de conducir la marcha de este órgano lo único que ha logrado es levantar una andanada permanente de críticas y cuestionamientos a su desempeño, además de contribuir a ahondar el desprestigio que cargan (y que bien merecido se tienen) los diputados locales por su pobre trabajo y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos que les son asignados.
Sostengo que hay un vicio de origen en el papel que juega el secretario general en las tareas fundamentales que realiza la legislatura local. Que ese cargo sea ocupado a dedazo por un incondicional de la fracción mayoritaria puede parecer normal en una democracia en la que el partido que tiene la representación más grande lleva mano en la designación de los funcionarios; pero la experiencia ha demostrado que esos funcionarios, particularmente el secretario que cuenta con tan amplios poderes, miran poco por el buen funcionamiento de un poder autónomo cuya misión fundamental es hacer leyes, y se concentran más en gestionar beneficios para quienes podrían ofrecer algo a cambio.
En manos de panistas o de priistas, los cargos administrativos del Congreso se han convertido en ventanillas de trámite para que por ahí pasen, a discreción, los millonarios recursos que se le asignan al órgano parlamentario. Contratos, plazas, adjudicaciones, asignación de recursos materiales y financieros, se vuelven un botín apetecible para quienes tienen un espacio de poder que debiera orientarse a servir a los electores y no a las clientelas particulares o partidistas.
“Cada quien está cuidando su parcelita”, me decía hace unos días un prominente priista, exasperado porque los escándalos en torno al trabajo de Corona Martín del Campo, lejos de parar y dar paso a otra etapa, han entrampado a quienes presionaron para que este ex dirigente estudiantil se quedara con el cargo de secretario general y a quienes han cuestionado su desempeño discrecional en el manejo de los recursos. Un contrato por aquí, un paquete de nombramientos por allá, un beneficio personal por acá, tienen ahora a los diputados metidos en un brete y los más benévolos con Corona avizoran que deberá dejar el cargo en cuanto amaine la tormenta mediática.
Al parecer, el dirigente estatal priista Rafael González Pimienta, no tiene la menor intención de sostener a ultranza a Carlos Corona en la Secretaría General del Congreso, pero no ha logrado establecer el consenso entre los diputados de su fracción para darle una salida decorosa. Lo que sí acepta es que debe legislarse en breve para que se acote la discrecionalidad con la que actúa el secretario, ciñéndose a una labor seria y responsable que le marque la Comisión de Administración.
La nueva pregunta es si los actuales diputados tendrán la voluntad para renunciar a sus privilegios indebidos. Al menos por puritita vergüenza.
Apenas cumple seis meses y medio de vida la LIX Legislatura y el responsable de conducir la marcha de este órgano lo único que ha logrado es levantar una andanada permanente de críticas y cuestionamientos a su desempeño, además de contribuir a ahondar el desprestigio que cargan (y que bien merecido se tienen) los diputados locales por su pobre trabajo y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos que les son asignados.
Sostengo que hay un vicio de origen en el papel que juega el secretario general en las tareas fundamentales que realiza la legislatura local. Que ese cargo sea ocupado a dedazo por un incondicional de la fracción mayoritaria puede parecer normal en una democracia en la que el partido que tiene la representación más grande lleva mano en la designación de los funcionarios; pero la experiencia ha demostrado que esos funcionarios, particularmente el secretario que cuenta con tan amplios poderes, miran poco por el buen funcionamiento de un poder autónomo cuya misión fundamental es hacer leyes, y se concentran más en gestionar beneficios para quienes podrían ofrecer algo a cambio.
En manos de panistas o de priistas, los cargos administrativos del Congreso se han convertido en ventanillas de trámite para que por ahí pasen, a discreción, los millonarios recursos que se le asignan al órgano parlamentario. Contratos, plazas, adjudicaciones, asignación de recursos materiales y financieros, se vuelven un botín apetecible para quienes tienen un espacio de poder que debiera orientarse a servir a los electores y no a las clientelas particulares o partidistas.
“Cada quien está cuidando su parcelita”, me decía hace unos días un prominente priista, exasperado porque los escándalos en torno al trabajo de Corona Martín del Campo, lejos de parar y dar paso a otra etapa, han entrampado a quienes presionaron para que este ex dirigente estudiantil se quedara con el cargo de secretario general y a quienes han cuestionado su desempeño discrecional en el manejo de los recursos. Un contrato por aquí, un paquete de nombramientos por allá, un beneficio personal por acá, tienen ahora a los diputados metidos en un brete y los más benévolos con Corona avizoran que deberá dejar el cargo en cuanto amaine la tormenta mediática.
Al parecer, el dirigente estatal priista Rafael González Pimienta, no tiene la menor intención de sostener a ultranza a Carlos Corona en la Secretaría General del Congreso, pero no ha logrado establecer el consenso entre los diputados de su fracción para darle una salida decorosa. Lo que sí acepta es que debe legislarse en breve para que se acote la discrecionalidad con la que actúa el secretario, ciñéndose a una labor seria y responsable que le marque la Comisión de Administración.
La nueva pregunta es si los actuales diputados tendrán la voluntad para renunciar a sus privilegios indebidos. Al menos por puritita vergüenza.
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