Tambalea referéndum contra incremento al transporte

GUADALAJARA.- El referéndum derogatorio que promueve la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), para dar marcha atrás al incremento a la tarifa del transporte urbano mantiene un panorama difuso, pues mientras los feuístas obtuvieron el respaldo del Ayuntamiento tapatío para colocar un módulo de recepción de firmas para la campaña “¡Yo sí firmo!”, en el despacho de la regidora perredista Celia Fausto Lizaola, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, calificó la intención como “improcedente” y “fuera de lugar”, pues asegura que dicha figura jurídica no aplica en impuestos y tarifas como la del transporte público.
César Barba Delgadillo, presidente de la FEU, detalló que hasta el momento se cuenta con alrededor de 24 mil 900 firmas y el apoyo de 50 organizaciones de la sociedad civil para revertir el alza al transporte.
A favor de la campaña “¡Yo sí firmo!”, también se pronunciaron los regidores priistas Claudia Delgadillo González y Leobardo Alcalá Padilla.
“Parece que por primera vez en la historia de México, los ciudadanos organizados vamos a lograr que se lleve a cabo un referéndum, porque consideramos que el incremento en la tarifa es injusto”.
El líder universitario señaló que la figura del referéndum se sustenta en la Ley de Participación del Estado de Jalisco, la cual marca que existen dos vías para solicitar una consulta popular y que se ratifique por parte de la sociedad una ley o decreto presentada por el gobierno.
La primera, indicó, es a través del Congreso del Estado, mediante una iniciativa que consiga mayoría calificada. “Para esto se requiere la aprobación de 27 diputados. El viernes pasado, 28 legisladores firmaron para que este movimiento ciudadano lleve a cabo la solicitud de un referéndum”.
La otra vía, dijo Barba Delgadillo, es mediante la aprobación del 2.5% del padrón electoral del Estado, lo que representa un aproximado de 130 mil rúbricas.
“Después de que se publique el decreto (para aumentar la tarifa) en el Periódico Oficial del Estado, nosotros tenemos 30 días para recolectar las firmas para que el incremento sea rechazado”.
En contraparte, Pérez Peláez refiere que “la nueva tarifa ya entró en vigor y precisamente por eso, digo que es improcedente por materia y por sustancia tratándose de una tarifa y no de otro tipo de decisión en la que sí cabría un referéndum o plebiscito y creo que estamos ante un tema que no es objeto del referéndum”, dijo.
El funcionario consideró que estos movimientos tienen más tintes políticos que sociales, pues aseguró “suben los bonos personales de quienes lo promueven”.

EL INFORMADOR 05/03/08 ccms