Jalisco
Se flexibilizan recursos privados a campañas
Los candidatos independientes serán tratados como partidos nuevos, por lo que tendrán condiciones financieras complicadas para competir
GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2014).- El sistema electoral mexicano se construye sobre la base del gasto público. Sin embargo, siempre ha existido una pequeña rendija a que el gasto privado constituya una pieza de apoyo para los partidos políticos. Según la nueva Ley General de Partidos Políticos (LGPP), los militantes de un partido político podrán aportar hasta 2% del total de recursos ordinarios que se reparten a los partidos. En el caso de Jalisco, tomando como base el año 2014, el límite de aportaciones privadas sería de cuatro millones 600 mil pesos. Sin embargo, debido a ser año electoral y las nuevas reglas de financiamiento, las aportaciones de militantes a sus partidos podrían superar los siete millones de pesos. Y si a esto se agrega las aportaciones de simpatizantes que quedan restringidas a 10% del tope de la elección a gobernador anterior, la suma total de recursos privados para partidos podría acercarse a la cifra de 10 millones de pesos. Una cifra muy superior a la que registra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) en 2012.
Uno de los argumentos esgrimidos para empujar la actual reforma política fue precisamente el hecho de que la “democracia mexicana es la más cara del mundo”. Los datos publicados por distintas organizaciones internacionales y universidades ponen a México como un país donde se gasta mucho en realizar elecciones. En el caso de Jalisco, en 2014, el costo del IEPC más el dinero que va a los partidos asciende a 355 millones de pesos. De los cuales, 60% son para partidos políticos y 40% para el órgano regulador de los comicios. Según Integralia Consultores, el costo por elector en Jalisco es uno de los más bajos entre los estados del país, 62.39 pesos por elector, en el periodo 2004-2012 (contando años electorales y no electorales). Por el contrario, dos estados del sur, Campeche y Tabasco, son los más caros: 216 y 222 pesos por elector, respectivamente.
En donde todavía no hay claridad sobre los recursos que necesitarán es en el IEPC. Y es que a nivel federal todavía deben elegir a más de 200 consejeros electorales de los nuevos “Organismos Públicos Locales”, por lo que, hasta que no exista definición, será difícil que comience la preparación del Instituto rumbo a los comicios de 2015. En 2013, el IEPC presentó su propuesta de presupuesto el 31 de julio, solicitando 221 millones de pesos de gasto operativo, aunque al final el Congreso aprobó 117 millones de pesos más una ampliación que alcanzó los 141 millones de pesos. A todo gasto, debe venir la fiscalización. Antes, la ley electoral le daba facultad a los institutos de los estados, de llevar todo el proceso: desde la entrega de las ministraciones mensuales a los partidos políticos hasta su fiscalización y las sanciones. Con la nueva legislación electoral, ahora los estados reparten las ministraciones, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) se encarga de fiscalizar. Sólo “extraordinariamente”, y si el órgano público local cumple con una serie de requisitos, podrá el INE concederle al Estado la posibilidad de fiscalizar los gastos de los partidos políticos estatales. Otra área gris donde la ley electoral no es contundente.
En la nueva LGPP, existen otras modificaciones que vale la pena mencionar. A raíz de la introducción de las cuotas de género obligatorias para candidaturas de los partidos políticos (50% deben ser mujeres), también se les obliga a los partidos políticos a que destinen 3% de su presupuesto ordinario a actividades relacionadas con la promoción y consolidación de las mujeres en los partidos políticos. Hasta la ley electoral anterior, la obligación era de 2 por ciento.
A remar contra la corriente
Deben reunir miles de firmas y sin dinerito. Por fin los partidos políticos cedieron algo de terreno y aprobaron las candidaturas independientes de partidos políticos, pudiendo ser utilizadas ya en la elección intermedia de 2015. Sin embargo, en materia de financiamiento público, los candidatos independientes serán tratados como partidos de reciente creación que buscan su registro electoral. La ley dice que a los candidatos independientes se repartirá el 2% del total de los recursos públicos que van a los partidos políticos.
Como ejemplo, tomando de referencia el año 2014, esa cifra asciende a 227 millones de pesos. Por lo que la bolsa a repartir sería de cuatro millones y medio de pesos a todos los candidatos a elección que se postulen. Así, por cada candidato que se registre, la cantidad se va dividiendo entre el número de aspirantes registrados. Por lo que entre menos se registren, más dinero va directo a financiar la campaña del aspirante.
Distritación pendiente
Ahora la geografía electoral queda en manos del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE). Es decir, a partir de la reforma aprobada y según lo indican las leyes secundarias, al INE le toca la redistritación federal y local.
En Jalisco actualmente existen 19 distritos federales y 20 locales. Sin embargo, algunos de ellos ya superaron la norma poblacional que se decretó hace algunos años.
Un ejemplo es el distito siete de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y El Salto. Por población, ya tendría que haber un distrito único en Tlajomulco o hasta dos.
A pesar de esto, el INE decidió postergar esta discusión que suele ser muy acalorada entre partidos hasta después del proceso electoral. Por lo que no habrá cambios en los distritos hasta finales de 2015 o incluso hasta 2016.
TELÓN DE FONDO
Consenso en contra
Pocas veces, una reforma había generado tanto consenso, pero en contra. La reforma política, tanto su dimensión constitucional como sus leyes secundarias, puso a todos los académicos y expertos en contra. No sólo por los postulados que se aprueba, sino también por los supuestos objetivos que persigue, según sus promotores. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, señaló que se buscaban dos objetivos con la iniciativa: quitarle a los gobernadores el control de los institutos locales, lo que dañaba la imparcialidad de los comicios, y segundo, reducir los costos de la democracia mexicana, la más cara del mundo en distintos estudios.
Para el primer caso, se creó el Instituto Nacional de Elecciones (INE) que centraliza un sinnúmero de atribuciones que antes quedaban en manos de los órganos electorales de los estados. De la misma manera, a través de dos artículos de las leyes secundarias, se faculta al INE a atraer procesos electorales de los estados, cuando no exista “paz social” o “esté en riesgo la imparcialidad” del órgano local. Dos supuestos que generan discrecionalidad e incertidumbre. Así lo dijo el ex presidente del ya extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg. “Me extraña que en una reforma constitucional en lugar de establecer con claridad cuáles son las facultades de una autoridad y cuáles son de la otra, se multiplique la palabra podrá. Podrá, podrá, podrá. ¡Es potestativo desde la constitución! Esto no creo que nos vaya a ayudar a fortalecer el sistema electoral”.
En el segundo caso, tal parece que las cifras no van a cuadrar. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, César Astudillo, ha calculado unos números que dan un norte sobre los costos totales de los comicios tras la reforma constitucional y las leyes secundarias. A los estados irán cerca de cuatro mil millones de pesos para prerrogativas de partidos políticos y organización electoral, lo que supondría un 70% más de los poco más de dos mil 300 millones que se asignan actualmente. Como gasto ordinario, también a los partidos, aumenta según cálculos de l investigador, un poco más de 50 por ciento (en muchos estados). Más barato, no es el nuevo sistema.
GUÍA
El ABC del gasto de los partidos
— ¿En qué gastan los partidos políticos?
— Los partidos políticos reciben fondos ordinarios y extraordinarios. Los primeros se dan cada año sin importar si hay comicios o es año no electoral. Por el contrario, los segundos sólo se entregan en años electorales: 30% más cuando son elecciones intermedias y 50% cuando son elecciones presidenciales.
— ¿Cómo se reparte el dinero que va a los partidos?
— La fórmula con que se reparte el dinero es simple. Del total de la bolsa que va a partidos políticos, tres de cada 10 pesos se reparten de forma equitativa entre todas las fuerzas políticas que alcanzaron el voto mínimo para tener dinero público. Y los restantes siete pesos se reparten según los resultados electorales de los últimos comicios. Por lo que los partidos que más votos sacaron son los que más dinero reciben.
— ¿Ha crecido el dinero que va a los partidos?
— Las prerrogativas, a nivel nacional, que van a partidos políticos representan en torno a 30% del total del dinero público que va a elecciones. En Jalisco, en años no electorales, el dinero que va a partidos es mayor que el del IEPC. En el ámbito estatal, según Integralia Consultores, el dinero público a los partidos en los estados creció 10% en términos reales de 2006 a 2012.
— ¿Quién es el encargado de revisar que gasten bien?
— Antes de la reforma, los encargados de revisar a los partidos políticos en los estados eran los institutos electorales estatales. Sin embargo, con la nueva reforma, ahora le toca al INE y, sólo excepcionalmente, puede delegar en algún órgano público local la realización de la función de fiscalización.
Costos de la democracia por país y Estado
Comparación, costo por voto
México: 17 dólares (federal más estatal).
Brasil: 29 centavos de dólar.
Argentina: 41 centavos de dólar.
Colombia: 8 dólares.
Panamá: 5 dólares.
Uruguay: 3.7 dólares.
Guatemala: 0.27 dólares.
Paraguay: 1.2 dólares
España: 6.7 dólares.
Costa Rica: 4.1 dólares
COSTO ELECTORAL POR ESTADO
Los más caros Pesos por elector
1 Tabasco 222
2 Campeche 216
3 Yucatán 160
Los más baratos
1 Nayarit 51
2 Morelos 53
3 Jalisco 62
Promedio nacional 108
Fuente: Integralia
PUNTOS FINOS
Cómo quedan los recursos a partidos en la ley
Las prerrogativas de los partidos políticos quedan estipuladas en la nueva Ley General de Partidos Políticos, aprobada en conjunto con las distintas leyes secundarias en materia de reforma política.
Artículo 51 (inciso A): El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa;
Artículo 51 (inciso B) Para el caso de los partidos políticos locales, El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes.
Los partidos políticos están obligados (artículo 51 inciso C) a destinar 3% de su subsidio público al desarrollo de las mujeres al interior de la organización.
En años de campaña federal, como señala la ley electoral, se entregarán a los partidos políticos un monto equivalente al 50% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
En años de elecciones intermedias, se entregarán a los partidos el equivalente de 30% del financiamiento público extra de las prerrogativas ordinarias.
Se debe informar al Consejo General del INE sobre el criterio de prorrateo que utilizará el partido político, por lo menos 10 días antes de iniciar la campaña.
Para que un partido político reciba subsidio público, debe acreditar por lo menos 3% de la votación total.
Sigue: #debateinformador
¿Cree usted que es necesario gastar tanto dinero en partidos políticos y en las elecciones?
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Uno de los argumentos esgrimidos para empujar la actual reforma política fue precisamente el hecho de que la “democracia mexicana es la más cara del mundo”. Los datos publicados por distintas organizaciones internacionales y universidades ponen a México como un país donde se gasta mucho en realizar elecciones. En el caso de Jalisco, en 2014, el costo del IEPC más el dinero que va a los partidos asciende a 355 millones de pesos. De los cuales, 60% son para partidos políticos y 40% para el órgano regulador de los comicios. Según Integralia Consultores, el costo por elector en Jalisco es uno de los más bajos entre los estados del país, 62.39 pesos por elector, en el periodo 2004-2012 (contando años electorales y no electorales). Por el contrario, dos estados del sur, Campeche y Tabasco, son los más caros: 216 y 222 pesos por elector, respectivamente.
En donde todavía no hay claridad sobre los recursos que necesitarán es en el IEPC. Y es que a nivel federal todavía deben elegir a más de 200 consejeros electorales de los nuevos “Organismos Públicos Locales”, por lo que, hasta que no exista definición, será difícil que comience la preparación del Instituto rumbo a los comicios de 2015. En 2013, el IEPC presentó su propuesta de presupuesto el 31 de julio, solicitando 221 millones de pesos de gasto operativo, aunque al final el Congreso aprobó 117 millones de pesos más una ampliación que alcanzó los 141 millones de pesos. A todo gasto, debe venir la fiscalización. Antes, la ley electoral le daba facultad a los institutos de los estados, de llevar todo el proceso: desde la entrega de las ministraciones mensuales a los partidos políticos hasta su fiscalización y las sanciones. Con la nueva legislación electoral, ahora los estados reparten las ministraciones, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) se encarga de fiscalizar. Sólo “extraordinariamente”, y si el órgano público local cumple con una serie de requisitos, podrá el INE concederle al Estado la posibilidad de fiscalizar los gastos de los partidos políticos estatales. Otra área gris donde la ley electoral no es contundente.
En la nueva LGPP, existen otras modificaciones que vale la pena mencionar. A raíz de la introducción de las cuotas de género obligatorias para candidaturas de los partidos políticos (50% deben ser mujeres), también se les obliga a los partidos políticos a que destinen 3% de su presupuesto ordinario a actividades relacionadas con la promoción y consolidación de las mujeres en los partidos políticos. Hasta la ley electoral anterior, la obligación era de 2 por ciento.
A remar contra la corriente
Deben reunir miles de firmas y sin dinerito. Por fin los partidos políticos cedieron algo de terreno y aprobaron las candidaturas independientes de partidos políticos, pudiendo ser utilizadas ya en la elección intermedia de 2015. Sin embargo, en materia de financiamiento público, los candidatos independientes serán tratados como partidos de reciente creación que buscan su registro electoral. La ley dice que a los candidatos independientes se repartirá el 2% del total de los recursos públicos que van a los partidos políticos.
Como ejemplo, tomando de referencia el año 2014, esa cifra asciende a 227 millones de pesos. Por lo que la bolsa a repartir sería de cuatro millones y medio de pesos a todos los candidatos a elección que se postulen. Así, por cada candidato que se registre, la cantidad se va dividiendo entre el número de aspirantes registrados. Por lo que entre menos se registren, más dinero va directo a financiar la campaña del aspirante.
Distritación pendiente
Ahora la geografía electoral queda en manos del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE). Es decir, a partir de la reforma aprobada y según lo indican las leyes secundarias, al INE le toca la redistritación federal y local.
En Jalisco actualmente existen 19 distritos federales y 20 locales. Sin embargo, algunos de ellos ya superaron la norma poblacional que se decretó hace algunos años.
Un ejemplo es el distito siete de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y El Salto. Por población, ya tendría que haber un distrito único en Tlajomulco o hasta dos.
A pesar de esto, el INE decidió postergar esta discusión que suele ser muy acalorada entre partidos hasta después del proceso electoral. Por lo que no habrá cambios en los distritos hasta finales de 2015 o incluso hasta 2016.
TELÓN DE FONDO
Consenso en contra
Pocas veces, una reforma había generado tanto consenso, pero en contra. La reforma política, tanto su dimensión constitucional como sus leyes secundarias, puso a todos los académicos y expertos en contra. No sólo por los postulados que se aprueba, sino también por los supuestos objetivos que persigue, según sus promotores. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, señaló que se buscaban dos objetivos con la iniciativa: quitarle a los gobernadores el control de los institutos locales, lo que dañaba la imparcialidad de los comicios, y segundo, reducir los costos de la democracia mexicana, la más cara del mundo en distintos estudios.
Para el primer caso, se creó el Instituto Nacional de Elecciones (INE) que centraliza un sinnúmero de atribuciones que antes quedaban en manos de los órganos electorales de los estados. De la misma manera, a través de dos artículos de las leyes secundarias, se faculta al INE a atraer procesos electorales de los estados, cuando no exista “paz social” o “esté en riesgo la imparcialidad” del órgano local. Dos supuestos que generan discrecionalidad e incertidumbre. Así lo dijo el ex presidente del ya extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg. “Me extraña que en una reforma constitucional en lugar de establecer con claridad cuáles son las facultades de una autoridad y cuáles son de la otra, se multiplique la palabra podrá. Podrá, podrá, podrá. ¡Es potestativo desde la constitución! Esto no creo que nos vaya a ayudar a fortalecer el sistema electoral”.
En el segundo caso, tal parece que las cifras no van a cuadrar. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, César Astudillo, ha calculado unos números que dan un norte sobre los costos totales de los comicios tras la reforma constitucional y las leyes secundarias. A los estados irán cerca de cuatro mil millones de pesos para prerrogativas de partidos políticos y organización electoral, lo que supondría un 70% más de los poco más de dos mil 300 millones que se asignan actualmente. Como gasto ordinario, también a los partidos, aumenta según cálculos de l investigador, un poco más de 50 por ciento (en muchos estados). Más barato, no es el nuevo sistema.
GUÍA
El ABC del gasto de los partidos
— ¿En qué gastan los partidos políticos?
— Los partidos políticos reciben fondos ordinarios y extraordinarios. Los primeros se dan cada año sin importar si hay comicios o es año no electoral. Por el contrario, los segundos sólo se entregan en años electorales: 30% más cuando son elecciones intermedias y 50% cuando son elecciones presidenciales.
— ¿Cómo se reparte el dinero que va a los partidos?
— La fórmula con que se reparte el dinero es simple. Del total de la bolsa que va a partidos políticos, tres de cada 10 pesos se reparten de forma equitativa entre todas las fuerzas políticas que alcanzaron el voto mínimo para tener dinero público. Y los restantes siete pesos se reparten según los resultados electorales de los últimos comicios. Por lo que los partidos que más votos sacaron son los que más dinero reciben.
— ¿Ha crecido el dinero que va a los partidos?
— Las prerrogativas, a nivel nacional, que van a partidos políticos representan en torno a 30% del total del dinero público que va a elecciones. En Jalisco, en años no electorales, el dinero que va a partidos es mayor que el del IEPC. En el ámbito estatal, según Integralia Consultores, el dinero público a los partidos en los estados creció 10% en términos reales de 2006 a 2012.
— ¿Quién es el encargado de revisar que gasten bien?
— Antes de la reforma, los encargados de revisar a los partidos políticos en los estados eran los institutos electorales estatales. Sin embargo, con la nueva reforma, ahora le toca al INE y, sólo excepcionalmente, puede delegar en algún órgano público local la realización de la función de fiscalización.
Costos de la democracia por país y Estado
Comparación, costo por voto
México: 17 dólares (federal más estatal).
Brasil: 29 centavos de dólar.
Argentina: 41 centavos de dólar.
Colombia: 8 dólares.
Panamá: 5 dólares.
Uruguay: 3.7 dólares.
Guatemala: 0.27 dólares.
Paraguay: 1.2 dólares
España: 6.7 dólares.
Costa Rica: 4.1 dólares
COSTO ELECTORAL POR ESTADO
Los más caros Pesos por elector
1 Tabasco 222
2 Campeche 216
3 Yucatán 160
Los más baratos
1 Nayarit 51
2 Morelos 53
3 Jalisco 62
Promedio nacional 108
Fuente: Integralia
PUNTOS FINOS
Cómo quedan los recursos a partidos en la ley
Las prerrogativas de los partidos políticos quedan estipuladas en la nueva Ley General de Partidos Políticos, aprobada en conjunto con las distintas leyes secundarias en materia de reforma política.
Artículo 51 (inciso A): El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa;
Artículo 51 (inciso B) Para el caso de los partidos políticos locales, El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes.
Los partidos políticos están obligados (artículo 51 inciso C) a destinar 3% de su subsidio público al desarrollo de las mujeres al interior de la organización.
En años de campaña federal, como señala la ley electoral, se entregarán a los partidos políticos un monto equivalente al 50% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
En años de elecciones intermedias, se entregarán a los partidos el equivalente de 30% del financiamiento público extra de las prerrogativas ordinarias.
Se debe informar al Consejo General del INE sobre el criterio de prorrateo que utilizará el partido político, por lo menos 10 días antes de iniciar la campaña.
Para que un partido político reciba subsidio público, debe acreditar por lo menos 3% de la votación total.
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