Salas de juicios orales resultaron caras y con fallas
En el informe de la cuenta pública 2015 de la ASF se observó que un par de contratos se elevaron entre un 30 y 90 por ciento
GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- La construcción de algunas de las salas de juicios orales para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco, resultaron caras y con fallas. En el informe de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se observó que un par de contratos se elevaron entre un 30 y 90 por ciento respecto al monto original.
En la fiscalización realizada al edificio que alberga los juzgados ubicados en el sistema penitenciario Puente Grande, se detectó que sin informar al órgano interno de control, el contrato SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 establecido inicialmente por 197 millones de pesos se amplió a 375 millones, lo que provocó un aumento del 90 por ciento.
Se agrega que la construcción se licitó y contrató con un proyecto ejecutivo y un catálogo de conceptos que no correspondían a los trabajos ejecutados; se hicieron pagos por 686 mil pesos por una integración incorrecta de precios extraordinarios (ya se reintegró el importe observado); y pagos por 11 millones debido a diferencias entre lo pagado y lo cuantificado en planos.
El secretario de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida, informó que de los 190 millones de pesos observados ya sólo quedan pendientes por aclarar 1.2 millones. Por su parte la ASF determinó posibles recuperaciones por 12.2 millones.
En otra de las auditorías, se señala fallas en la construcción del inmueble que complementó el Sistema de Justicia Penal en Tepatitlán, "obra de mala calidad en la ejecución del concepto 'Suministro y colocación de manto impermeable', al presentar filtraciones de agua en diferentes áreas del inmueble".
Además, sin existir convenio, se autorizaron conceptos de obra extraordinarios que representaron 36.3 por ciento del monto contratado; se autorizaron 74 conceptos de obra extraordinarios sin contar con la investigación de mercado; y no se comprobó el destino de 1.7 millones que no fueron erogados.
EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ