Jalisco
Roberto Marrufo pide solidez en dictamen de cuenta pública 2009
En la cuenta pública 2009, existen presuntos malos manejos financieros que superan los 280 millones de pesos
GUADALAJARA, JALISCO (27/MAR/2012).- El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, cuestionó el dictamen elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), quien determinó que en la pasada Legislatura, en la cuenta pública 2009, existen presuntos malos manejos financieros que superan los 280 millones de pesos.
El líder de los legisladores tricolores confirmó que en la orden del día de la sesión ordinaria que se realizará este martes en el pleno del Congreso sí está programado analizar la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo; no obstante, no descartó que los diputados soliciten que se regrese para su revisión a la ASEJ, pues considera que faltan elementos para que el dictamen, con observaciones de esa fiscalización, esté sólido.
En los temas que preocupan a Marrufo Torres está que dentro de los responsables sólo se enumeran a los entonces integrantes de la Comisión de Administración, entre los que están los ex legisladores, del PRI, Jorge Arana y Jorge Villanueva; del PAN, Norma Angélica Aguirre Varela; del PRD, Samuel Romero Valle; del Partido Verde, Luis Manuel Vélez Fregoso; del Panal, Lorenzo Moccia, y del PT, Alfredo Zárate.
De acuerdo con el legislador, existen elementos para responsabilizar no sólo a los integrantes de la Comisión de Administración, por el presunto mal manejo de recursos, sino a quienes entonces fungían como integrantes de la Junta de Coordinación Política.
"Hemos encontrado algunas inconsistencias. El dictamen no hace responsable a la Junta de Coordinación Política y creemos que eso es lo que se debe revisar. Queremos responsables, no solo en un área (Comisión de Administración), también donde se dio la sustracción de recursos", dijo el legislador, quien consideró que también deben incluirse como responsables de los malos manejos administrativos de la pasada Legislatura a los responsables de las áreas administrativas, a la ex Junta de Coordinación Política, y a ex diputados; "a todos los actores que sustrajeron dinero".
Marrufo Torres prefirió no personalizar la acusación. Los ex integrantes de la Junta de Coordinación Política eran: del PAN, Jorge Salinas Osornio; del PRI, Juan Carlos Castellanos; del PRD, Samuel Romero Valle; del PT, Alfredo Zárate y del Panal, Guadalupe Madera Godoy; como secretario General de Congreso fungió Alfredo Argüelles, quien actualmente es diputado local.
No obstante, cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo advierte que los responsables del manejo de recursos son los integrantes de la Comisión de Administración, pues son ellos los que toman las decisiones en materia de aplicación de recursos.
El dictamen de la ASEJ establece que quienes deben responder por la aplicación de los recursos son quienes integraban la Comisión de Administración.
Irregularidades de forma en el dictamen que presenta observaciones a la cuenta pública 2009 del Congreso local:
1.- En la parte expositiva del dictamen, la ASEJ señala: "La Auditoría Superior del Estado recibió con fecha 19 de mayo de 2010 el oficio LIX, SG-O.170-2010, suscrito por Carlos A. Martín del Campo, en su carácter de secretario General del Congreso". Sin embargo, Carlos A. Martín del Campo no fungía entonces como titular de la Secretaría General del Poder Legislativo, el nombre correcto es Carlos Alberto Corona Martín del Campo.
2.- Se expone que los integrantes de la Comisión de Administración del Congreso en el año 2009 no dejaron dirección para ser notificados, por lo que el titular de la ASEJ determina que se da por notificados a los señalados por estrados.
3.- Los únicos dos ex legisladores que se deja constancia entregaron información con la finalidad de tratar de subsanar las observaciones detectadas por la ASEJ fueron el actual candidato a la presidencia municipal de Tonalá por el PRI, Jorge Arana, y el ex legislador del PRD, Samuel Romero Valle. Ambos solicitaron al actual presidente de esa comisión legislativa, Raúl Vargas, documentos con los que pretendían subsanar las irregularidades; no obstante, el perredista respondió que no era posible entregar los textos porque no existían tales datos.
4.- Algunas de las observaciones que sí pudieron solventarse, fue con el argumento que el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, remitió al Poder Legislativo por 120 millones de pesos, para ello Jorge Arana remite copia de un acuerdo fechado el 22 de enero de 2009 del mandatario estatal.
5.- Entre los acuerdos remitidos al Congreso para subsanar los cuestionamientos a la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo, los ex diputados locales entregaron copia de un acuerdo en el que facultaban al entonces secretario General del Congreso, Alfredo Arguelles Basave, para llevar a cabo transferencias mensuales de las partidas 1201, 1202, 3308, 3802, 3804, 3806 y 3827, recursos que se derivaban a los grupos parlamentarios del Ejecutivo.
6.- Los actuales diputados, a través de la Dirección Jurídica del Congreso (que encabeza Antonio Rocha Santos), dieron elementos al auditor estatal Alonso Godoy Pelayo para solventar los pagos que habría recibido en 2009 de los ex diputados, por un monto de seis millones 499 mil pesos.
Según el documento de la Auditoría Superior del Estado, remitido a la Comisión de Vigilancia el 23 de noviembre de 2011, de la partida 3827 de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios se observan nueve millones 719 mil 619 pesos, de los que seis millones 499 mil habrían sido entregados al propio Godoy Pelayo, "por su trabajo del 1 de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2009".
Detalla que recibió seis cheques, uno el 27 de marzo y otro el 2 de febrero, cada uno por un millón 500 mil pesos; tres cheques más por 833 mil 333 pesos y un último por un millón de pesos, con fecha 17 de diciembre. En total suman seis millones 499 mil pesos que recibió en 2009.
Para solventar este cargo, el auditor anota: "De la opinión jurídica ordenada por la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura para determinar la legalidad de las prestaciones cubiertas al auditor se desprende que el 2 de mayo de 2011, Luis Antonio Rocha Santos, en su carácter de director de Asuntos Jurídicos, determinó que dichas remuneraciones se encuentran debida y legalmente fundadas y motivadas". Alonso Godoy hace uso del razonamiento que emitió el director jurídico de la actual Legislatura para justificar el pago millonario.
¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo? ¿Quién es responsable de la aplicación del recurso en el Congreso?
En la Ley Orgánica del Congreso local se establece que las responsabilidades administrativas son tarea de la Comisión de Administración y que la Junta de Coordinación Política no cuenta con facultades administrativas.
-Responsabilidades de la Junta de Coordinación Política
Artículo 38. La Junta de Coordinación Política es un órgano plural y colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas (...)
(...) La Junta de Coordinación Política puede presentar propuestas de proyecto de presupuesto anual a la Comisión de Administración (art. 43)
-Responsabilidades de la Secretaría General del Congreso
Artículo 46. Es el órgano administrativo dependiente de la Asamblea que se encarga de la coordinación, supervisión y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas y financieras.
-Responsabilidades de la Comisión de Administración
Artículo 75. Corresponde a la Comisión de Administración:
La suscripción de acuerdos sobre asuntos administrativos del Congreso
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuesto y aplicación de recursos del Congreso.
La administración de los recursos económicos del Congreso
Algunas de las observaciones
Pólizas sin información comprobatoria: 74 millones 377 mil 882 pesos.
Pólizas que no coinciden con reportes contables: 35 millones 250 mil pesos.
Sueldos de personal: 32 millones 102 mil 308 pesos.
Mantenimiento inmuebles: 23 millones 516 mil 521 pesos.
Honorarios: 22 millones 763 mil 162 pesos.
Gastos de representación: 10 millones 768 mil 172 pesos.
Otros: 10 millones 725 mil 459 pesos.
Pólizas de egresos no encontradas: nueve millones 719 mil 619 pesos.
Total: 280 millones 793 mil 14 pesos.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
El líder de los legisladores tricolores confirmó que en la orden del día de la sesión ordinaria que se realizará este martes en el pleno del Congreso sí está programado analizar la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo; no obstante, no descartó que los diputados soliciten que se regrese para su revisión a la ASEJ, pues considera que faltan elementos para que el dictamen, con observaciones de esa fiscalización, esté sólido.
En los temas que preocupan a Marrufo Torres está que dentro de los responsables sólo se enumeran a los entonces integrantes de la Comisión de Administración, entre los que están los ex legisladores, del PRI, Jorge Arana y Jorge Villanueva; del PAN, Norma Angélica Aguirre Varela; del PRD, Samuel Romero Valle; del Partido Verde, Luis Manuel Vélez Fregoso; del Panal, Lorenzo Moccia, y del PT, Alfredo Zárate.
De acuerdo con el legislador, existen elementos para responsabilizar no sólo a los integrantes de la Comisión de Administración, por el presunto mal manejo de recursos, sino a quienes entonces fungían como integrantes de la Junta de Coordinación Política.
"Hemos encontrado algunas inconsistencias. El dictamen no hace responsable a la Junta de Coordinación Política y creemos que eso es lo que se debe revisar. Queremos responsables, no solo en un área (Comisión de Administración), también donde se dio la sustracción de recursos", dijo el legislador, quien consideró que también deben incluirse como responsables de los malos manejos administrativos de la pasada Legislatura a los responsables de las áreas administrativas, a la ex Junta de Coordinación Política, y a ex diputados; "a todos los actores que sustrajeron dinero".
Marrufo Torres prefirió no personalizar la acusación. Los ex integrantes de la Junta de Coordinación Política eran: del PAN, Jorge Salinas Osornio; del PRI, Juan Carlos Castellanos; del PRD, Samuel Romero Valle; del PT, Alfredo Zárate y del Panal, Guadalupe Madera Godoy; como secretario General de Congreso fungió Alfredo Argüelles, quien actualmente es diputado local.
No obstante, cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo advierte que los responsables del manejo de recursos son los integrantes de la Comisión de Administración, pues son ellos los que toman las decisiones en materia de aplicación de recursos.
El dictamen de la ASEJ establece que quienes deben responder por la aplicación de los recursos son quienes integraban la Comisión de Administración.
Irregularidades de forma en el dictamen que presenta observaciones a la cuenta pública 2009 del Congreso local:
1.- En la parte expositiva del dictamen, la ASEJ señala: "La Auditoría Superior del Estado recibió con fecha 19 de mayo de 2010 el oficio LIX, SG-O.170-2010, suscrito por Carlos A. Martín del Campo, en su carácter de secretario General del Congreso". Sin embargo, Carlos A. Martín del Campo no fungía entonces como titular de la Secretaría General del Poder Legislativo, el nombre correcto es Carlos Alberto Corona Martín del Campo.
2.- Se expone que los integrantes de la Comisión de Administración del Congreso en el año 2009 no dejaron dirección para ser notificados, por lo que el titular de la ASEJ determina que se da por notificados a los señalados por estrados.
3.- Los únicos dos ex legisladores que se deja constancia entregaron información con la finalidad de tratar de subsanar las observaciones detectadas por la ASEJ fueron el actual candidato a la presidencia municipal de Tonalá por el PRI, Jorge Arana, y el ex legislador del PRD, Samuel Romero Valle. Ambos solicitaron al actual presidente de esa comisión legislativa, Raúl Vargas, documentos con los que pretendían subsanar las irregularidades; no obstante, el perredista respondió que no era posible entregar los textos porque no existían tales datos.
4.- Algunas de las observaciones que sí pudieron solventarse, fue con el argumento que el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, remitió al Poder Legislativo por 120 millones de pesos, para ello Jorge Arana remite copia de un acuerdo fechado el 22 de enero de 2009 del mandatario estatal.
5.- Entre los acuerdos remitidos al Congreso para subsanar los cuestionamientos a la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo, los ex diputados locales entregaron copia de un acuerdo en el que facultaban al entonces secretario General del Congreso, Alfredo Arguelles Basave, para llevar a cabo transferencias mensuales de las partidas 1201, 1202, 3308, 3802, 3804, 3806 y 3827, recursos que se derivaban a los grupos parlamentarios del Ejecutivo.
6.- Los actuales diputados, a través de la Dirección Jurídica del Congreso (que encabeza Antonio Rocha Santos), dieron elementos al auditor estatal Alonso Godoy Pelayo para solventar los pagos que habría recibido en 2009 de los ex diputados, por un monto de seis millones 499 mil pesos.
Según el documento de la Auditoría Superior del Estado, remitido a la Comisión de Vigilancia el 23 de noviembre de 2011, de la partida 3827 de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios se observan nueve millones 719 mil 619 pesos, de los que seis millones 499 mil habrían sido entregados al propio Godoy Pelayo, "por su trabajo del 1 de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2009".
Detalla que recibió seis cheques, uno el 27 de marzo y otro el 2 de febrero, cada uno por un millón 500 mil pesos; tres cheques más por 833 mil 333 pesos y un último por un millón de pesos, con fecha 17 de diciembre. En total suman seis millones 499 mil pesos que recibió en 2009.
Para solventar este cargo, el auditor anota: "De la opinión jurídica ordenada por la Junta de Coordinación Política de la 59 Legislatura para determinar la legalidad de las prestaciones cubiertas al auditor se desprende que el 2 de mayo de 2011, Luis Antonio Rocha Santos, en su carácter de director de Asuntos Jurídicos, determinó que dichas remuneraciones se encuentran debida y legalmente fundadas y motivadas". Alonso Godoy hace uso del razonamiento que emitió el director jurídico de la actual Legislatura para justificar el pago millonario.
¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo? ¿Quién es responsable de la aplicación del recurso en el Congreso?
En la Ley Orgánica del Congreso local se establece que las responsabilidades administrativas son tarea de la Comisión de Administración y que la Junta de Coordinación Política no cuenta con facultades administrativas.
-Responsabilidades de la Junta de Coordinación Política
Artículo 38. La Junta de Coordinación Política es un órgano plural y colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas (...)
(...) La Junta de Coordinación Política puede presentar propuestas de proyecto de presupuesto anual a la Comisión de Administración (art. 43)
-Responsabilidades de la Secretaría General del Congreso
Artículo 46. Es el órgano administrativo dependiente de la Asamblea que se encarga de la coordinación, supervisión y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas y financieras.
-Responsabilidades de la Comisión de Administración
Artículo 75. Corresponde a la Comisión de Administración:
La suscripción de acuerdos sobre asuntos administrativos del Congreso
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuesto y aplicación de recursos del Congreso.
La administración de los recursos económicos del Congreso
Algunas de las observaciones
Pólizas sin información comprobatoria: 74 millones 377 mil 882 pesos.
Pólizas que no coinciden con reportes contables: 35 millones 250 mil pesos.
Sueldos de personal: 32 millones 102 mil 308 pesos.
Mantenimiento inmuebles: 23 millones 516 mil 521 pesos.
Honorarios: 22 millones 763 mil 162 pesos.
Gastos de representación: 10 millones 768 mil 172 pesos.
Otros: 10 millones 725 mil 459 pesos.
Pólizas de egresos no encontradas: nueve millones 719 mil 619 pesos.
Total: 280 millones 793 mil 14 pesos.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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