Jalisco
Roberto López descarta negociación con López Castro
El secretario de Gobierno afirma que la decisión de la consultora fue por actuación del Ejecutivo
GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2014).- El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, negó que el Poder Ejecutivo o su equipo de abogados se haya reunido con representantes de López Castro, refirió que no hubo negociaciones ni presiones para que la consultora decidiera no exigir el pago de 58 millones de pesos, y dar por concluido un proceso que llevaba más de cinco años y que en todas las etapas lo había ganado la consultora.
“No pactamos con nadie y menos con presuntos. Fue más la decisión del Gobierno de meterse a un asunto que era del Legislativo, el Gobierno fue solidario con el Legislativo y dijimos que retomaríamos todas las acciones jurídicas procesales que se puedan dar para llegar al esclarecimiento de los hechos. No hubo acercamiento con López Castro”.
Roberto López refirió que a pesar de que el Ejecutivo ya no tendrá que pagar el recurso que exigía un Juzgado para López Castro, las investigaciones del presunto delito de fraude en el Congreso por la firma de un convenio desventajoso para el Poder Legislativo continuarán su curso.
“La Fiscalía investigará los presuntos delitos contra quienes resulten responsables. Este Gobierno no permitirá que el presupuesto del Estado, que debe ser destinado para el bienestar de los jaliscienses, sea mal aplicado, es la indicación del gobernador Aristóteles Sandoval y así será ejecutado en todo momento”.
Por su parte, diputados locales también se dijeron sorprendidos por las medidas emprendidas por la Consultora López Castro. Sin embargo, las denuncias penales que se han interpuesto contra la firma no serán desistidas, pues se interpusieron en lo individual y en conjunto, por lo que se debe votar la renuncia al juicio.
Todo esto lo explica el coordinador de la fracción del PRI, Rafael González Pimienta, una vez que conoció la noticia dada por el secretario general de Gobierno. “Nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía, firmada por la Mesa Directiva, lo que nosotros debemos esperar es que actúe en consecuencia. (La institución) es la única que puede darle seguimiento a todos los señalamientos que se han hecho”.
Además de la denuncia interpuesta por la Mesa Directiva, existen otras dos cuyo seguimiento ha sido dado por el diputado Víctor Sánchez Orozco. De ahí se desprenden las declaraciones y las evidencias que se han mostrado en días recientes, como el caso de que el supuesto representante legal niega que haya prestado su rúbrica para firmar el contrato, o que la entonces diputada Patricia Retamoza haya dicho al Ministerio Público que ella no firmó el acuerdo donde el Legislativo se obligaba a pagar 58 millones de pesos.
Cinco años después
En marzo de 2009 la Comisión de Administración, presidida por el priista Jorge Arana, y el secretario general, Alfredo Argüelles, de la LVIII Legislatura, avalaron un contrato de prestación de servicios con la Consultora López Castro, que nunca se liquidó.
A principios de 2010 la Consultora demandó al Congreso, reclamando el pago de 42 millones 386 mil 521 pesos, así como de los intereses moratorios por 5% mensual, argumentando que los diputados avalaron un contrato de prestación de servicios con la firma, mismo que nunca se liquidó.
El 14 de enero de 2010, el Congreso reconoció el adeudo.
Una vez emplazado el Congreso, comparecieron, el 19 de mayo de 2010 el primer secretario general de la LIX Legislatura, Carlos Corona, los integrantes de la Comisión de Administración: Raúl Vargas, Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés, y los miembros de la Mesa Directiva del Congreso: el mismo Enrique Aubry, Patricia Retamoza y Gustavo Macías.
El 22 de marzo de 2011 se firma un convenio judicial dando por terminado el juicio de manera voluntaria, actuaron por parte del Congreso la Mesa Directiva y la Comisión de Administración, cuyos presidentes eran Enrique Aubry y Raúl Vargas, respectivamente.
Con este convenio renunciaron definitivamente a continuar la estrategia jurídica porque no esperaron a conocer el fallo definitivo que estaba por emitir el juez mercantil.
Ante esta situación, se formularon diversos requerimientos para que el Congreso cumpliera con el convenio judicial ya elevado a sentencia. El Congreso argumentó no poder cumplir por falta de recursos.
El 28 de octubre de 2011 se admite la demanda de amparo propuesta por López Castro ante la imposibilidad de lograr que el juez mercantil realice el efectivo cumplimiento del convenio judicial.
Patricia Retamoza, ex diputada de la anterior Legislatura, señaló que el contrato firmado entre el apoderado del despacho y los legisladores, fue falsificado. El 27 de junio de 2014, la priista declaró ante el Ministerio Público: “En ningún momento tuve participación en el convenio del Congreso con la Consultora... y en lo que respecta a la firma, la desconozco por completo, ya que esa no es mi firma ni yo la estampé, ignorando quién y por qué motivos lo hayan hecho”.
En julio de 2014 diputados de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia en contra del actual diputado federal Enrique Aubry y del ex legislador local Raúl Vargas, quienes durante la pasada Legislatura desempeñaron los cargos de presidente del Congreso y de la Comisión de Administración.
El Juzgado Tercero de Distrito en materia civil, requirió al Congreso información que acredite el pago del adeudo a la Consultora López Castro, por más de 58 millones de pesos.
El presidente de la Mesa Directiva, Trinidad Padilla López, afirmó a principios de noviembre pasado que estaba haciendo todo lo posible para saldar los 58 millones de pesos del adeudo. Sin embargo, el dinero no había caído a la caja. Ese mismo día el gobernador dijo que el Gobierno depositará el dinero que se requería, pero calificó el cobro como un robo.
El 27 de noviembre de 2014, la Consultora López Castro se desistió de la demanda contra el Congreso y concluyó el caso.
“No pactamos con nadie y menos con presuntos. Fue más la decisión del Gobierno de meterse a un asunto que era del Legislativo, el Gobierno fue solidario con el Legislativo y dijimos que retomaríamos todas las acciones jurídicas procesales que se puedan dar para llegar al esclarecimiento de los hechos. No hubo acercamiento con López Castro”.
Roberto López refirió que a pesar de que el Ejecutivo ya no tendrá que pagar el recurso que exigía un Juzgado para López Castro, las investigaciones del presunto delito de fraude en el Congreso por la firma de un convenio desventajoso para el Poder Legislativo continuarán su curso.
“La Fiscalía investigará los presuntos delitos contra quienes resulten responsables. Este Gobierno no permitirá que el presupuesto del Estado, que debe ser destinado para el bienestar de los jaliscienses, sea mal aplicado, es la indicación del gobernador Aristóteles Sandoval y así será ejecutado en todo momento”.
Por su parte, diputados locales también se dijeron sorprendidos por las medidas emprendidas por la Consultora López Castro. Sin embargo, las denuncias penales que se han interpuesto contra la firma no serán desistidas, pues se interpusieron en lo individual y en conjunto, por lo que se debe votar la renuncia al juicio.
Todo esto lo explica el coordinador de la fracción del PRI, Rafael González Pimienta, una vez que conoció la noticia dada por el secretario general de Gobierno. “Nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía, firmada por la Mesa Directiva, lo que nosotros debemos esperar es que actúe en consecuencia. (La institución) es la única que puede darle seguimiento a todos los señalamientos que se han hecho”.
Además de la denuncia interpuesta por la Mesa Directiva, existen otras dos cuyo seguimiento ha sido dado por el diputado Víctor Sánchez Orozco. De ahí se desprenden las declaraciones y las evidencias que se han mostrado en días recientes, como el caso de que el supuesto representante legal niega que haya prestado su rúbrica para firmar el contrato, o que la entonces diputada Patricia Retamoza haya dicho al Ministerio Público que ella no firmó el acuerdo donde el Legislativo se obligaba a pagar 58 millones de pesos.
Cinco años después
En marzo de 2009 la Comisión de Administración, presidida por el priista Jorge Arana, y el secretario general, Alfredo Argüelles, de la LVIII Legislatura, avalaron un contrato de prestación de servicios con la Consultora López Castro, que nunca se liquidó.
A principios de 2010 la Consultora demandó al Congreso, reclamando el pago de 42 millones 386 mil 521 pesos, así como de los intereses moratorios por 5% mensual, argumentando que los diputados avalaron un contrato de prestación de servicios con la firma, mismo que nunca se liquidó.
El 14 de enero de 2010, el Congreso reconoció el adeudo.
Una vez emplazado el Congreso, comparecieron, el 19 de mayo de 2010 el primer secretario general de la LIX Legislatura, Carlos Corona, los integrantes de la Comisión de Administración: Raúl Vargas, Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés, y los miembros de la Mesa Directiva del Congreso: el mismo Enrique Aubry, Patricia Retamoza y Gustavo Macías.
El 22 de marzo de 2011 se firma un convenio judicial dando por terminado el juicio de manera voluntaria, actuaron por parte del Congreso la Mesa Directiva y la Comisión de Administración, cuyos presidentes eran Enrique Aubry y Raúl Vargas, respectivamente.
Con este convenio renunciaron definitivamente a continuar la estrategia jurídica porque no esperaron a conocer el fallo definitivo que estaba por emitir el juez mercantil.
Ante esta situación, se formularon diversos requerimientos para que el Congreso cumpliera con el convenio judicial ya elevado a sentencia. El Congreso argumentó no poder cumplir por falta de recursos.
El 28 de octubre de 2011 se admite la demanda de amparo propuesta por López Castro ante la imposibilidad de lograr que el juez mercantil realice el efectivo cumplimiento del convenio judicial.
Patricia Retamoza, ex diputada de la anterior Legislatura, señaló que el contrato firmado entre el apoderado del despacho y los legisladores, fue falsificado. El 27 de junio de 2014, la priista declaró ante el Ministerio Público: “En ningún momento tuve participación en el convenio del Congreso con la Consultora... y en lo que respecta a la firma, la desconozco por completo, ya que esa no es mi firma ni yo la estampé, ignorando quién y por qué motivos lo hayan hecho”.
En julio de 2014 diputados de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia en contra del actual diputado federal Enrique Aubry y del ex legislador local Raúl Vargas, quienes durante la pasada Legislatura desempeñaron los cargos de presidente del Congreso y de la Comisión de Administración.
El Juzgado Tercero de Distrito en materia civil, requirió al Congreso información que acredite el pago del adeudo a la Consultora López Castro, por más de 58 millones de pesos.
El presidente de la Mesa Directiva, Trinidad Padilla López, afirmó a principios de noviembre pasado que estaba haciendo todo lo posible para saldar los 58 millones de pesos del adeudo. Sin embargo, el dinero no había caído a la caja. Ese mismo día el gobernador dijo que el Gobierno depositará el dinero que se requería, pero calificó el cobro como un robo.
El 27 de noviembre de 2014, la Consultora López Castro se desistió de la demanda contra el Congreso y concluyó el caso.
Síguenos en