Jalisco
Río Santiago, desastre ecológico
La calidad del agua que corre por los causes del Río Santiago en los municipios de El Salto y Juanacatlán es realmente lamentable
Las cuencas del Río Lerma, la que forma el Lago de Chapala y el Río Santiago, son zonas de desastre ecológico. La calidad del agua que corre por los causes del Río Santiago en los municipios de El Salto y Juanacatlán es realmente lamentable, los aromas fétidos, la espuma evidente, son solamente manifestaciones de un hecho: se trata de una circunstancia que daña directamente al vida y la salud de más de 120 mil personas. Se han perdido vidas. Se registran graves enfermedades. Negar la realidad es irresponsable, constituye una afrenta a la dignidad de estas personas.
Hace más de dos años algunas voces se levantaron para llamar la atención. Se llamó a instancias nacionales, incluso el senador Ramiro Hernández convocó a una comisión especial de la Cámara alta y se emitieron exhortos a las autoridades locales. Pero no ha pasado nada.
El agua está dañando la salud de las personas. Las obras de saneamiento no han iniciado a pesar de su urgente necesidad y de que están dispuestos los recursos. La situación es realmente una afrenta. Para mayor abundamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación para tender el tema señalando que la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha se debió a las substancias nocivas contenidas en el agua del río al que cayó.
Las autoridades han sido incapaces de resolver un problema grave. Han preferido negarlo, induciendo al error o incluso emitiendo criterios erróneos. La contradicción oficial ha llegado al grado de que es claro que alguien ha mentido. Y que quien fuera que lo haya hecho debe ser castigado como muestra de congruencia. Pero sobre todo, que las autoridades deben reconocer el problema y resolverlo.
La forma más contundente de darse cuenta de la gravedad es recorrer los márgenes del Río Santiago. No hay palabras para describir la experiencia, y menos para justificar que las autoridades nieguen su responsabilidad. El Gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la CNA, todos tienen que responder de inmediato. Pero no se trata de convenios espectaculares o de declaraciones, sino de acciones contra quienes contaminan los cuerpos de aguas: granjas avícolas y porcícolas; industrias y centros de población.
¿Qué es lo que se trata de ocultar? cabe preguntarse. ¿O por qué se han demorado las obras por años y años? ¿Cuál es el interés por mentir? Es tiempo que los ciudadanos exijamos que las autoridades reconozcan que se trata de un desastre ecológico producido por la contaminación del agua. Que asuman la responsabilidad, que se asignen recursos para atender los problemas de salud pública de forma gratuita. Que se ejecuten de inmediato las obras de saneamiento y que se indemnice a los afectados de forma directa.
Todos somos Miguel Ángel López Rocha. El gobernador del Estado y las autoridades del agua, deben actuar de inmediato para compensar los daños a la salud de los miles de afectados. Establecer medidas emergentes de salud y sobre todo reconocer un hecho inocultable: hay un desastre ecológico que debe ser atendido. Los ciudadanos tienen todo el derecho de exigir. La única razón de ser de las autoridades es defender la dignidad de las personas. En este caso hay un quebranto tan grosero como evidente. Ya basta de ineficiencia.
Hace más de dos años algunas voces se levantaron para llamar la atención. Se llamó a instancias nacionales, incluso el senador Ramiro Hernández convocó a una comisión especial de la Cámara alta y se emitieron exhortos a las autoridades locales. Pero no ha pasado nada.
El agua está dañando la salud de las personas. Las obras de saneamiento no han iniciado a pesar de su urgente necesidad y de que están dispuestos los recursos. La situación es realmente una afrenta. Para mayor abundamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación para tender el tema señalando que la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha se debió a las substancias nocivas contenidas en el agua del río al que cayó.
Las autoridades han sido incapaces de resolver un problema grave. Han preferido negarlo, induciendo al error o incluso emitiendo criterios erróneos. La contradicción oficial ha llegado al grado de que es claro que alguien ha mentido. Y que quien fuera que lo haya hecho debe ser castigado como muestra de congruencia. Pero sobre todo, que las autoridades deben reconocer el problema y resolverlo.
La forma más contundente de darse cuenta de la gravedad es recorrer los márgenes del Río Santiago. No hay palabras para describir la experiencia, y menos para justificar que las autoridades nieguen su responsabilidad. El Gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la CNA, todos tienen que responder de inmediato. Pero no se trata de convenios espectaculares o de declaraciones, sino de acciones contra quienes contaminan los cuerpos de aguas: granjas avícolas y porcícolas; industrias y centros de población.
¿Qué es lo que se trata de ocultar? cabe preguntarse. ¿O por qué se han demorado las obras por años y años? ¿Cuál es el interés por mentir? Es tiempo que los ciudadanos exijamos que las autoridades reconozcan que se trata de un desastre ecológico producido por la contaminación del agua. Que asuman la responsabilidad, que se asignen recursos para atender los problemas de salud pública de forma gratuita. Que se ejecuten de inmediato las obras de saneamiento y que se indemnice a los afectados de forma directa.
Todos somos Miguel Ángel López Rocha. El gobernador del Estado y las autoridades del agua, deben actuar de inmediato para compensar los daños a la salud de los miles de afectados. Establecer medidas emergentes de salud y sobre todo reconocer un hecho inocultable: hay un desastre ecológico que debe ser atendido. Los ciudadanos tienen todo el derecho de exigir. La única razón de ser de las autoridades es defender la dignidad de las personas. En este caso hay un quebranto tan grosero como evidente. Ya basta de ineficiencia.
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