Jalisco

Rezagada, la certificación de los centros de rehabilitación

Autoridades sanitarias aseguran que sí hay más interes de estos espacios por profesionalizarse

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAY/2017).- En mayo de 2016, el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) reportó que existían 251 centros o refugios para el tratamiento de adicciones, y que de estos, sólo 36 cumplían con la normatividad, al tener el reconocimiento del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Estos 36 centros lograron la certificación tras haberse capacitado con el CECAJ. Sin embargo, a un año de distancia, ningún otro centro se ha certificado, de acuerdo a datos de su propio secretario técnico, Gustavo Iglesias Robles.

“Nosotros en este momento hemos capacitado aproximadamente a 75 centros, de los cuales 36 tienen un reconocimiento de la Conadic y el resto está en proceso de certificación. Esto se refiere a que nosotros capacitamos, pasan cierto tipo de parámetros y enviamos a la Conadic a que vengan a hacerles la evaluación”.

Las cifras con las que cuenta el CECAJ siguen siendo las mismas que hace un año, pese a que existió el compromiso de hacer una revisión puntual y actualizar la lista de cuántos centros existen realmente en el Estado.

De los centros a los que el consejo ha capacitado, únicamente 36 tienen el reconocimiento de la instancia nacional, lo que no ha cambiado desde el año pasado, cuando se informaron los mismos datos.

Además, Iglesias Robles señaló que la revisión de los 251 centros no ha terminado, pues el último dato que tiene de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal) es que se han revisado sólo 172.

Esta información contradice lo que informa la propia Coprisjal pues asegura que los centros ya tuvieron una visita para verificar que todo esté en orden y una segunda vuelta para supervisar que ya hayan cambiado lo que se les pidió. Sus estadísticas no coinciden a pesar de ser dos instancias pertenecientes a la misma dependencia estatal, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

“Se ha mejorado sustancialmente el nivel de atención a los centros de tratamiento, eso es algo innegable, nosotros año con año capacitamos a un promedio de entre mil 500 y mil 800 consejeros, tanto profesionales como no profesionales” concluyó  Gustavo Iglesias Robles.

Afirman que sí hay revisiones

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal) afirma que va por la tercera vuelta de revisión de centros que atienden adicciones, para verificar que se cumplió con los faltantes que se observaron en la primera y segunda visita.

En 2016, la Comisión indica que hizo doble verificación en los 251 centros de todo el Estado. Lo hallado fue hacinamiento, pacientes de ambos sexos en un mismo centro, menores de edad alojados, alimentos descompuestos, medicamentos sin permiso sanitario, falta de aseo y de espacios adecuados para la rehabilitación de personas.

Derivado de ello se hicieron suspensiones de trabajo en 49 centros, informó el titular de la Coprisjal, Dagoberto García Mejía.

“Algunos cerraron. Cuando nosotros los suspendimos, al verse imposibilitados de cumplir con la norma, prefirieron mejor cerrar”.

El funcionario menciona que el cierre de 40% de estos centros fue decisión de los propietarios de los centros, no de Coprisjal. Sin embargo, cuando un centro invitado a que corrigiera anomalías, no lo hizo y sigue operando, puede hacerse una clausura definitiva de parte de la dependencia.

En cuanto a sanciones administrativas, se amonestó a 20, mientras que tres fueron acreedores a multas que ascendieron a 59 mil pesos, por no corregir las anomalías encontradas previamente. También se aseguraron 10 productos alimenticios en mal estado y farmacéuticos sin registro.

En lo que va de 2017 se han realizado 78 verificaciones nuevas, sin suspensión de trabajos. Cuatro fueron amonestados y tres multados por un monto de 28 mil 385. No se han confiscado productos.

PODRÁN PARTICIPAR EN LA REVISIÓN DE ALBERGUES
Reformarán leyes para darle más facultades al CECAJ

La reforma integral a la Ley General de Salud que pretende hacer la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del Estado, facultaría al Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECAJ), para tener más responsabilidad en la revisión de los albergues para personas con adicciones a las drogas.

Actualmente, las funciones del CECAJ son limitadas, pues sólo se encargan de dar capacitación a los centros que lo solicitan, sin meterse a revisar si cumplen con todo lo que se requiere para atender a los usuarios de sustancias psicoactivas.

La presidenta de la comisión, María del Consuelo Robles Sierra, señaló que con la reforma, el CECAJ deberá tener una revisión más puntual.

Sin embargo, no se contempla que el consejo reciba más recursos para contratar personal o ampliar sus responsabilidades, hasta que no se tenga un diagnóstico exacto de la situación de las adicciones en el Estado. Al tenerlo, podría acceder a recursos federales.

Esta reforma también obligaría a los municipios a contar con su propio consejo de adicciones, en el cual, con un diagnóstico específico sobre qué tipo de drogas son las que utilizan sus habitantes y las zonas más problemáticas, se hagan políticas públicas desde los ayuntamientos.

Robles Sierra lamenta que, a un año de haber solicitado al CECAJ un registro puntual acerca del número exacto de centros de rehabilitación en el Estado, todavía no se haya entregado esa información.

La iniciativa de reforma de ley, comentó la diputada, se trabajó con la participación de expertos de la Universidad de Guadalajara, el CECAJ y representantes de centros de atención.

La diputada espera que sea presentada y aprobada a finales de mayo, en sesión del pleno.

ANIVERSARIO DEL RESCATE DE 271 INTERNOS
Víctimas le dan la espalda al caso

A pesar de que ya se cumplió el primer aniversario del rescate de 271 personas de un albergue para tratar adicciones en Tonalá, la Fiscalía General de Jalisco todavía tiene pendientes: seis averiguaciones de las 15 que se abrieron en ese entonces.

Nueve de estas averiguaciones, con personas detenidas, se consignaron a juzgados por los delitos de maltrato infantil, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas y robo.

El estatus de las nueve personas lo desconoce la Fiscalía General, pues es información del Poder Judicial, señaló la directora general de Atención a Delitos contra la Indemnidad Sexual y la Integridad de las Personas, Blanca Trujillo Cuevas. Mencionó que las seis averiguaciones restantes deben quedar listas en breve.

“Queda trabajo por hacer. Un trabajo que considero importante es concluir en su totalidad estos quince asuntos; nos quedan seis. Se seguirá trabajando en ellos... como se cumplía el año, tenemos la instrucción que en los primeros días del próximo mes darlos totalmente por concluidos”.

Aseguró que parte del retraso ha sido por la falta de “cooperación” por parte de las víctimas, quienes han faltado a las citas ante la Fiscalía General, cambiaron de domicilio y no se les ha visto interés en continuar con el asunto.

“Se trabajó intensamente y en su momento se tuvieron declaraciones; pero ya ahorita que falta la fase en que se terminen las determinaciones periciales, traigan algún testigo o algún documento, no hemos visto una cooperación efectiva de las víctimas. A algunas se les ha localizado y no tienen interés de venir”.

En cuanto a los cinco menores que fueron rescatados en el operativo, se comprobó y documentó que sufrieron abuso sexual. Sin embargo, todavía no se han terminado los expedientes y falta por culminar la parte de dictámenes psicológicos de la investigación.

En cuanto a las revisiones de centros para atención de adictos, que se inició con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), se han hecho en Zona Metropolitana e interior del Estado.

“Este albergue sí tuvo magnitudes y características muy especiales y de gran trascendencia. Las revisiones que se han hecho no han tenido resultados tan gravosos o tan fuertes”.

Por otro lado, la funcionaria refirió que, hasta el momento, se descarta una línea de investigación de que las actividades del albergue o con las víctimas esté relacionada con el crimen organizado.

“Se verifica si hay algún tema de delincuencia organizada. Hasta el momento no se acredita, en ninguno de los asuntos, de que realmente fuera así. Incluso algunas víctimas daban una versión, después se les volvía a cuestionar y cambiaban un poquito... modificaban los hechos”.

LA VOZ DEL EXPERTO
Incompetencia del Estado causa proliferación de centros

María Antonia Chávez Gutiérrez (investigadora del CUCSH de la Universidad de Guadalajara)

El Estado ha sido incompetente para responder al problema de las adicciones y a las necesidades de las personas que consumen drogas, advierte la investigadora del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), María Antonia Chávez Gutiérrez.

Esto generó que proliferen centros de ayuda mutua, refugios, albergues o asilos, sin cumplir las normas básicas, tanto en materia de instalaciones, acordes a los estándares de protección civil, así como de capacitación y tratamientos adecuados.

“Seguramente con la mejor intención surgieron varios centros para responder a esta necesidad no atendida por el Estado. Desafortunadamente, estos programas que surgen, muchas veces no están idealmente supervisados por las instancias de salud, que deberían de estar al pendiente de cómo se generan los tratamientos”.

La experta menciona que muchos de estos lugares son liderados por personas que pasaron por una adicción a las drogas, quienes intentan dar sus consejos a quienes ingresan, pero sin capacitación o profesionalización que garantice éxito en el abordaje.

Además, considera importante que se dimensione el problema de adicciones a nivel estatal, para crear protocolos de atención de acuerdo al tipo de drogas más usadas, y que sea la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) quien controle que se cumpla con estos lineamientos.

“No es raro encontrar de pronto una serie de problemas en el interior. Los mismos centros no se pueden autoregular… no se puede dejar a libre albedrío y que sean las organizaciones particulares las que intentan dar respuesta a lo que el Estado no ofrece”.

VOCES
Opinan los involucrados

“Dentro de la Secretaría de Salud (lo sigo repitiendo) no hay un diagnóstico de la salud...  Cuestiones tan graves como las adicciones deberían estarse atacando y tener un verdadero diagnóstico sobre en qué municipios y qué drogas se manejan, para saber cómo tratar el problema”.

María del Consuelo Robles Sierra, presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública.

“Prácticamente ya terminamos de hacer estas revisiones. Ya estamos casi en la tercera vuelta para corregir las observaciones y estamos verificando que, lo que se está operando como centros de adicciones, cumple a cabalidad con la legislación existente”.

Dagoberto García, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

NUMERALIA
Operación  y personal

35% de los centros existentes son de tipo mixto, es decir, que son atendidos por profesionales y personas que han pasado por adicciones.

47% de ayuda mutua.

10% atendidos exclusivamente por profesionales, como psicólogos y trabajadores sociales.

¿QUÉ SE BUSCA?
Cambios en la legislación

• Los municipios tengan su propio consejo municipal contra adicciones.

• Registro actualizado del número de instalaciones contra adicciones.

• Que el CECAJ tenga facultades para revisar los centros de rehabilitación.

• Que se elaboren protocolos estandarizados de la atención, así como tratamientos y manuales, para que se utilicen en estos espacios.

LAS CIFRAS

36 de 251 centros de rehabilitación documentados en Jalisco tienen certificación nacional, según Cecaj.

172 de los 251 centros de rehabilitación han sido revisados por la autoridad estatal, según Cecaj.

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