Jalisco
Revelan que red de tráfico de menores operaba desde 1990
La Procuraduría estatal trabaja con la embajada irlandesa en las investigaciones sobre supuestas adopciones
La jefa de división de delitos en agravio de menores, sexuales, y violencia intrafamiliar, la maestra Blanca Araceli Barrón Rosales, informó que están trabajando de manera estrecha con la embajada irlandesa —algunas de las supuestas adopciones tenían como destino Irlanda— para obtener más datos de todas personas involucradas en torno a las indagatorias de los menores afectados.
La funcionaria comentó que hay indicios de adopciones completas, pero aún investigan. Sin embargo no se ha determinado cuántos niños han sido dados en adopciones, ni cuántos viven actualmente en otro país.
Barrón Rosales explicó que todas las indagatorias relacionadas con las personas arraigadas y los niños asegurados fueron informadas ante a la Procuraduría General de la República (PGR) para que tomen cartas en el asunto, y que se esperará el que la instancia federal en un futuro atraiga el caso completo.
La jefa de división explicó que ya son nueve casas cateadas tanto de los abogados, mujeres y hombres arraigados en torno a las adopciones y que en dichas fincas se han encontrado recibos, actas de nacimiento y otros documentos que son integrados a la averiguación previa, y que se esperan los resultados periciales de éstos con el fin de saber si son documentos originales, falsificados, y si pertenecen a los niños asegurados u otros pequeños afectados.
Los citados no se presentan
Por el caso, Salvador Cosío Gaona, miembro de Conciencia Cívica, así como Juan Manuel Estrada, de la Fundación Find, han sido citados a declarar. Barrón Rosales dijo que el citatorio era para ayudar en la aportación de datos sobre las adopciones ilegales. “Se han citado y están acorde a la legalidad que hasta el momento ellos, han difundido información que puede ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Sin embargo, las personas citadas no comparecieron. De hecho, Cosío Gaona y Estrada Juárez tramitaron un amparo para evitar ser “privados ilegalmente” de su libertad tras recibir el citatorio de la PGJEJ para declarar sobre la red de tráfico que opera en Jalisco y Colima.
Según Estrada Juárez, el citatorio era “un cuatro” para detenerlos ilegalmente y contenía irregularidades, como no aclarar en calidad de qué se les citaba.
TELÓN DE FONDO
Un pleito devela la red de tráfico
En un principio parecía ser un pleito familiar entre mujeres jóvenes de Zapopan, pero el hecho evidenció la operación de traficantes de menores, pues tras la detención de una madre de familia que “rentaba” a uno de sus hijos y que pretendía vender a otro, se descubrió una red de tráfico de niños que, supuestamente, serían dados en adopción a extranjeros.
La aprehensión de una mujer por parte de la Policía de Zapopan, la semana pasada, a quien se le aseguraron contratos para “rentar” a uno de sus hijos, develó que en complicidad con otras mujeres conferían los menores a parejas de irlandeses afincados en Ajijic, municipio de Chapala. Presuntamente, las ahora arraigadas hacían creer a los extranjeros que se tramitaba un proceso de adopción en el vecino Estado de Colima.
Por el caso, hasta el momento hay nueve personas arraigadas, de las cuales siete son mujeres y los otros dos son varones.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) ha rescatado y asegurado a 10 niños de entre dos meses y dos años de edad, de los cuales cuatro presentan síntomas de abuso sexual.
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