Jalisco
Quitan dinero a partidos que no obtuvieron 3.5% de votación
El sobrante del recurso no va al Instituto Electoral; se reparte entre PRI, PAN, Verde y PRD
GUADALAJARA, JALISCO.- Los consejeros electorales de Jalisco volvieron a sesionar, esta vez en un ambiente totalmente distinto al de semanas previas, que generaba una constante tensión durante la organización de las elecciones. Y aunque la sesión transcurría prácticamente sin debate, alcanzaron un punto álgido al hacer oficial la pérdida de prerrogativas para cuatro partidos políticos y con esto, el retiro definitivo del dinero público que recibían periódicamente
Los partidos del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza (Panal) y Socialdemócrata ( PSD), no alcanzaron el 3.5% de la votación total emitida, y en acatamiento al Código Electoral del Estado, perdieron su derecho al financiamiento público.
Los representantes de estas organizaciones políticas, sin embargo, protestaron durante la sesión y mantuvieron un dilatado debate. Apelaron, principalmente, a la interpretación de las fechas en que concluye el proceso electoral e intentaron infructuosamente que los consejeros electorales echaran atrás el acuerdo para dejarlos fuera del reparto de recursos, pues según ellos, la elección no acabó con la entrega de actas a los ganadores, sino que continúa hasta en tanto no se resuelvan las apelaciones y juicios de inconformidad en el Tribunal Electoral de Jalisco.
La discusión llegó a un grado en el que incluso se apeló al derecho que tienen todos los ciudadanos a contar con más opciones políticas e incluso, el representante del PRI, Rafael Castellanos, expuso una bibliografía para alegar que esta decisión deja sin minorías al espectro político. Fueron los argumentos que desde una posición de triunfo, asumió un partido que se beneficiará económicamente con el acuerdo aprobado, pues el dinero que se les quita a los otros cuatro partidos, se repartirá entre PRI, PAN, Partido Verde y PRD.
Al final, agotadas las rondas de argumentación, llegó la hora de la votación y fue definitiva: seis votos a favor y una sola abstención, la del consejero Armando Ibarra, “que se suma a la mayoría”.
Así, los “partidos chicos” se quedan sin recursos públicos, aunque tendrán derecho a mantener un representante en las sesiones de los consejeros electorales, excepto el PSD que al perder el registro nacional como partido, desaparece.
El presidente del Instituto Electoral, David Gómez Álvarez, lo expuso así: “En efecto se suprimen las prerrogativas a los partidos políticos que no alcanzaron el 3.5% del total de la votación (el pasado 5 de julio) y por tanto, eso obliga, por la aplicación de la fórmula, a reasignar el monto de la parte equitativa del 30% a los otros partidos políticos que sí conservan el registro y por lo tanto, los cuatro partidos no van a recibir financiamiento público por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque sí van a seguir acreditados en tanto que son partidos políticos con registro nacional, excepto el PSD”.
Detalló que “la última administración que se les entregó fue la correspondiente al mes de julio, y a partir de agosto ya no van a recibir recursos”.
Se trata, en palabras de Gómez Álvarez, de “300 y tantos mil pesos más por partido político que conserva el registro, y son dos y medio millones de pesos que dejan de percibir estos partidos políticos”.
En cuanto a la bizantina discusión que se forjó en la sesión sobre este tema, anotó: “Creo que los partidos políticos afectados por esta decisión por supuesto que manifestaron su preocupación por el hecho de que van a perder las prerrogativas desde el mes de agosto y no hasta el final del proceso, como ellos aducen que les corresponde. Por supuesto, en una argumentación de que como minoría tendrían que tener prerrogativas es en realidad, un debate muy amplio que es importante tener, pero aquí lo que estamos haciendo es la aplicación del Código Electoral”.
En otro tema igualmente relacionado con el dinero, los consejeros aprobaron el anteproyecto de presupuesto para ejercer en 2010: se trata de poco más de 111 millones de pesos que, naturalmente, deberá pasar por la aprobación de los diputados del Congreso local, cuando se arme el presupuesto estatal para el año entrante.
¿Cuándo acaba el proceso electoral?
La determinación de retirar los recursos públicos a cuatro partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación exigido en el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco no es un proceso cerrado.
Los afectados apuntan la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral para impugnar, pues alegan que tienen derecho a esas prerrogativas hasta que concluya el proceso electoral.
En la interpretación de este concepto está la discusión, pues el Instituto Electoral considera que no debe interpretarse como “proceso electoral” el período de tiempo que incluye las sentencias de autoridades judiciales a inconformidades e impugnaciones.
Sin embargo, el artículo 211 del Código Electoral anota: “El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos en el Estado de Jalisco”.
Se argumenta entonces que los tribunales electorales, estatal y federal intervienen en el proceso y no fuera de éste.
Básicamente por ello, los partidos afectados sostienen que tienen derecho a los recursos públicos hasta que todos los asuntos relacionados con Jalisco hayan sido desahogados por autoridades judiciales.
El Tribunal Electoral del Estado tiene un plazo que vence hasta el 30 de septiembre para terminar su trabajo. El Tribunal Electoral de la Federación cuenta para la conclusión de su trabajo hasta el 31 de enero de 2010.
Los partidos del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza (Panal) y Socialdemócrata ( PSD), no alcanzaron el 3.5% de la votación total emitida, y en acatamiento al Código Electoral del Estado, perdieron su derecho al financiamiento público.
Los representantes de estas organizaciones políticas, sin embargo, protestaron durante la sesión y mantuvieron un dilatado debate. Apelaron, principalmente, a la interpretación de las fechas en que concluye el proceso electoral e intentaron infructuosamente que los consejeros electorales echaran atrás el acuerdo para dejarlos fuera del reparto de recursos, pues según ellos, la elección no acabó con la entrega de actas a los ganadores, sino que continúa hasta en tanto no se resuelvan las apelaciones y juicios de inconformidad en el Tribunal Electoral de Jalisco.
La discusión llegó a un grado en el que incluso se apeló al derecho que tienen todos los ciudadanos a contar con más opciones políticas e incluso, el representante del PRI, Rafael Castellanos, expuso una bibliografía para alegar que esta decisión deja sin minorías al espectro político. Fueron los argumentos que desde una posición de triunfo, asumió un partido que se beneficiará económicamente con el acuerdo aprobado, pues el dinero que se les quita a los otros cuatro partidos, se repartirá entre PRI, PAN, Partido Verde y PRD.
Al final, agotadas las rondas de argumentación, llegó la hora de la votación y fue definitiva: seis votos a favor y una sola abstención, la del consejero Armando Ibarra, “que se suma a la mayoría”.
Así, los “partidos chicos” se quedan sin recursos públicos, aunque tendrán derecho a mantener un representante en las sesiones de los consejeros electorales, excepto el PSD que al perder el registro nacional como partido, desaparece.
El presidente del Instituto Electoral, David Gómez Álvarez, lo expuso así: “En efecto se suprimen las prerrogativas a los partidos políticos que no alcanzaron el 3.5% del total de la votación (el pasado 5 de julio) y por tanto, eso obliga, por la aplicación de la fórmula, a reasignar el monto de la parte equitativa del 30% a los otros partidos políticos que sí conservan el registro y por lo tanto, los cuatro partidos no van a recibir financiamiento público por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque sí van a seguir acreditados en tanto que son partidos políticos con registro nacional, excepto el PSD”.
Detalló que “la última administración que se les entregó fue la correspondiente al mes de julio, y a partir de agosto ya no van a recibir recursos”.
Se trata, en palabras de Gómez Álvarez, de “300 y tantos mil pesos más por partido político que conserva el registro, y son dos y medio millones de pesos que dejan de percibir estos partidos políticos”.
En cuanto a la bizantina discusión que se forjó en la sesión sobre este tema, anotó: “Creo que los partidos políticos afectados por esta decisión por supuesto que manifestaron su preocupación por el hecho de que van a perder las prerrogativas desde el mes de agosto y no hasta el final del proceso, como ellos aducen que les corresponde. Por supuesto, en una argumentación de que como minoría tendrían que tener prerrogativas es en realidad, un debate muy amplio que es importante tener, pero aquí lo que estamos haciendo es la aplicación del Código Electoral”.
En otro tema igualmente relacionado con el dinero, los consejeros aprobaron el anteproyecto de presupuesto para ejercer en 2010: se trata de poco más de 111 millones de pesos que, naturalmente, deberá pasar por la aprobación de los diputados del Congreso local, cuando se arme el presupuesto estatal para el año entrante.
¿Cuándo acaba el proceso electoral?
La determinación de retirar los recursos públicos a cuatro partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación exigido en el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco no es un proceso cerrado.
Los afectados apuntan la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral para impugnar, pues alegan que tienen derecho a esas prerrogativas hasta que concluya el proceso electoral.
En la interpretación de este concepto está la discusión, pues el Instituto Electoral considera que no debe interpretarse como “proceso electoral” el período de tiempo que incluye las sentencias de autoridades judiciales a inconformidades e impugnaciones.
Sin embargo, el artículo 211 del Código Electoral anota: “El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos en el Estado de Jalisco”.
Se argumenta entonces que los tribunales electorales, estatal y federal intervienen en el proceso y no fuera de éste.
Básicamente por ello, los partidos afectados sostienen que tienen derecho a los recursos públicos hasta que todos los asuntos relacionados con Jalisco hayan sido desahogados por autoridades judiciales.
El Tribunal Electoral del Estado tiene un plazo que vence hasta el 30 de septiembre para terminar su trabajo. El Tribunal Electoral de la Federación cuenta para la conclusión de su trabajo hasta el 31 de enero de 2010.
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