Jalisco
Que abran Puerta de Hierro, condicionan en Royal Country
Vecinos piden una mesa de negociación para tratar la propiedad de la zona federal del arroyo que corre por la vialidad, que argumentan tener en concesión
GUADALAJARA, JALISCO.- La Asociación Vecinal del Fraccionamiento Royal Country condicionó la apertura de la avenida Paseo Royal Country, con una serie de acciones viales por parte del
Ayuntamiento de Zapopan, entre las que destaca la conexión del Bulevar Puerta de Hierro, una vialidad pública actualmente de uso privado.
En rueda de prensa, el presidente de la Asociación Vecinal de Royal Country, Francisco Orozco Rubio, declaró que “si el Ayuntamiento cambia ese plan parcial y da alternativas de soluciones viales a la zona, como lo es la Avenida Universidad, a cuatro carriles, que no pasa por ninguna zona federal; y si abren la Avenida Pablo Neruda, que no debe de estar cerrada; y si se abre la Avenida Rafael Sanzio (o Juan Palomar); y si se conecta el Bulevar Puerta de Hierro; y la Avenida Acueducto se mejora, creo que el fraccionamiento (Royal Country) no tendría ninguna objeción (a la apertura de su vía de ingreso), porque el beneficio sería para toda esa parte de la ciudad”.
El 16 de enero por la noche, cuando la autoridad municipal recurrió a la fuerza pública para intervenir en Royal Country, y habilitarla para que tenga un aprovechamiento público, vecinos y algunos jóvenes le preguntaban a los funcionarios por qué no actuaban así en el Fraccionamiento Puerta de Hierro, por qué no llegaban con máquinas y abrían el paso por ese bulevar; reconocían un proceder distinto de la autoridad ante los privilegios de unos y de otros.
En este tema, Orozco Rubio declaró: “Los mexicanos y mexicanas somos iguales ante la ley, lo señala claramente la Constitución. Las autoridades, cuando toman el cargo público, lo primero que protestan es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, no les estamos pidiendo más que lo que la ley señala, no estoy pidiendo más que cumplan con lo que marca la Constitución, y dice, insisto: todos somos iguales”.
Desde el 30 de junio de 2008, el coordinador de la fracción del PAN, José Salcedo Martínez presentó para su estudio un punto de acuerdo para que se permitiera el aprovechamiento público de todas las vialidades propiedad del municipio, a través de la revocación de cuatro acuerdos del Ayuntamiento, con los que se autorizaron casetas de acceso como el de Bulevar Puerta de Hierro.
Orozco Rubio aseguró que presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, por fraude y despojo en un bien propiedad de la nación, refiriéndose a la zona federal del Arroyo de la Culebra, que corre por el Paseo Royal Country, y que está en concesión a la asociación.
En el dicho del líder vecinal, la constructora del fraccionamiento “8 de Diciembre”, para cumplir con las áreas de cesión a la autoridad municipal, donó al Ayuntamiento 14 mil 963 metros cuadrados; no obstante, 11 mil de éstos son la zona federal del arroyo, por lo que no tuvo que ser aceptada por la autoridad municipal en aquel momento, en 1995. Con esa escritura, el Ayuntamiento dice fundamentar su propiedad sobre la vialidad.
Por este conflicto, la Asociación Vecinal de Royal Country aceptaría una mesa de negociación únicamente si se encuentran presentes funcionarios de instancias federales y estatales para analizar este asunto.
En rueda de prensa, el presidente de la Asociación Vecinal de Royal Country, Francisco Orozco Rubio, declaró que “si el Ayuntamiento cambia ese plan parcial y da alternativas de soluciones viales a la zona, como lo es la Avenida Universidad, a cuatro carriles, que no pasa por ninguna zona federal; y si abren la Avenida Pablo Neruda, que no debe de estar cerrada; y si se abre la Avenida Rafael Sanzio (o Juan Palomar); y si se conecta el Bulevar Puerta de Hierro; y la Avenida Acueducto se mejora, creo que el fraccionamiento (Royal Country) no tendría ninguna objeción (a la apertura de su vía de ingreso), porque el beneficio sería para toda esa parte de la ciudad”.
El 16 de enero por la noche, cuando la autoridad municipal recurrió a la fuerza pública para intervenir en Royal Country, y habilitarla para que tenga un aprovechamiento público, vecinos y algunos jóvenes le preguntaban a los funcionarios por qué no actuaban así en el Fraccionamiento Puerta de Hierro, por qué no llegaban con máquinas y abrían el paso por ese bulevar; reconocían un proceder distinto de la autoridad ante los privilegios de unos y de otros.
En este tema, Orozco Rubio declaró: “Los mexicanos y mexicanas somos iguales ante la ley, lo señala claramente la Constitución. Las autoridades, cuando toman el cargo público, lo primero que protestan es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, no les estamos pidiendo más que lo que la ley señala, no estoy pidiendo más que cumplan con lo que marca la Constitución, y dice, insisto: todos somos iguales”.
Desde el 30 de junio de 2008, el coordinador de la fracción del PAN, José Salcedo Martínez presentó para su estudio un punto de acuerdo para que se permitiera el aprovechamiento público de todas las vialidades propiedad del municipio, a través de la revocación de cuatro acuerdos del Ayuntamiento, con los que se autorizaron casetas de acceso como el de Bulevar Puerta de Hierro.
Orozco Rubio aseguró que presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, por fraude y despojo en un bien propiedad de la nación, refiriéndose a la zona federal del Arroyo de la Culebra, que corre por el Paseo Royal Country, y que está en concesión a la asociación.
En el dicho del líder vecinal, la constructora del fraccionamiento “8 de Diciembre”, para cumplir con las áreas de cesión a la autoridad municipal, donó al Ayuntamiento 14 mil 963 metros cuadrados; no obstante, 11 mil de éstos son la zona federal del arroyo, por lo que no tuvo que ser aceptada por la autoridad municipal en aquel momento, en 1995. Con esa escritura, el Ayuntamiento dice fundamentar su propiedad sobre la vialidad.
Por este conflicto, la Asociación Vecinal de Royal Country aceptaría una mesa de negociación únicamente si se encuentran presentes funcionarios de instancias federales y estatales para analizar este asunto.
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