Jalisco
Puente vehicular de Ávila Camacho, en problemas legales
Los avances de la obra dependen de una suspensión judicial obtenida por la Sindicatura de Guadalajara contra una determinación de la Secretaría de la Función Pública
GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2011).- La
construcción del puente vehicular que se desarrolla en la confluencia de las avenidas
Ávila Camacho y Circunvalación, continúa en estos momentos sólo gracias a la suspensión legal que obtuvo el Ayuntamiento de Guadalajara para combatir una orden emitida por la Secretaría de la Función Pública que implica la detención del proyecto.
Informado primero por el regidor Jorge Salinas Osornio, del PAN, y luego confirmado por el síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, ayer se reveló que los avances de esta obra vial dependen enteramente de esta suspensión legal que el Tribunal Fiscal de la Federación le concedió al Ayuntamiento tapatío.
Según lo expuesto por Pizano Ramos, hace aproximadamente 45 días la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal, decretó la nulidad de la licitación del proyecto luego de que la empresa Fazort se inconformara por el procedimiento que en este sentido siguió la Comisión de Adjudicación de Obra Pública de Guadalajara.
A decir del abogado del Ayuntamiento, la declaración de nulidad de la Secretaría de la Función Pública tiene que ver con “cuestiones de forma”, pues al parecer se cuestiona la validez legal de documentación firmada por el que fuera titular de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Uranga García, en dicho procedimiento de adjudicación; Pizano Ramos afirma, por lo tanto, que estos actos son válidos pues el hoy ex secretario todavía permanecía en sus funciones al momento de plasmar su signatura (Uranga García saldría del Gobierno municipal por presuntos actos de corrupción).
La intervención de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal se explica en el origen de los recursos para financiar el puente vehicular, pues provienen del Consejo Metropolitano, que administra un fondo compuesto por aportaciones de los tres órdenes de Gobierno: federal, estatal y municipal.
La suspensión que obtuvo la Sindicatura de Guadalajara del Tribunal Fiscal de la Federación (al ser la Secretaría de la Función Pública una dependencia federal, se tuvo que recurrir a esa instancia judicial) es definitiva, afirma el síndico, y no provisional, por lo que se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del asunto, y por lo tanto, aúna, deberá ser suficiente para concluir con la obra que lleva un avance del 75%.
El recurso legal que protege a la obra vial se concedió hace aproximadamente 12 días, sin embargo, Pizano Ramos rechaza que haya habido alguna violación o desacato a la instrucción de la dependencia federal con la marcha del proyecto, pues la suspensión fue conseguida por la Sindicatura dentro del plazo de cumplimiento marcado por la misma Secretaría de la Función Pública:
“Nosotros pensamos que de acuerdo a los argumentos que esgrimimos no habrá materia para que quede firme esa resolución; sin embargo, hasta que no resuelva el Tribunal nosotros tenemos que ser muy atentos porque si se determinara algún incumplimiento tendríamos que ver en qué términos están y en qué forma; lo importante es que en el plazo que nos dieron para acatar en eso logramos la suspensión, por lo tanto, no incurrimos ni en incumplimiento ni en desacato”.
La inversión en este proyecto ronda los 180 millones de pesos y está previsto para ser concluido antes de octubre.
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA
Informado primero por el regidor Jorge Salinas Osornio, del PAN, y luego confirmado por el síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, ayer se reveló que los avances de esta obra vial dependen enteramente de esta suspensión legal que el Tribunal Fiscal de la Federación le concedió al Ayuntamiento tapatío.
Según lo expuesto por Pizano Ramos, hace aproximadamente 45 días la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal, decretó la nulidad de la licitación del proyecto luego de que la empresa Fazort se inconformara por el procedimiento que en este sentido siguió la Comisión de Adjudicación de Obra Pública de Guadalajara.
A decir del abogado del Ayuntamiento, la declaración de nulidad de la Secretaría de la Función Pública tiene que ver con “cuestiones de forma”, pues al parecer se cuestiona la validez legal de documentación firmada por el que fuera titular de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Uranga García, en dicho procedimiento de adjudicación; Pizano Ramos afirma, por lo tanto, que estos actos son válidos pues el hoy ex secretario todavía permanecía en sus funciones al momento de plasmar su signatura (Uranga García saldría del Gobierno municipal por presuntos actos de corrupción).
La intervención de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal se explica en el origen de los recursos para financiar el puente vehicular, pues provienen del Consejo Metropolitano, que administra un fondo compuesto por aportaciones de los tres órdenes de Gobierno: federal, estatal y municipal.
La suspensión que obtuvo la Sindicatura de Guadalajara del Tribunal Fiscal de la Federación (al ser la Secretaría de la Función Pública una dependencia federal, se tuvo que recurrir a esa instancia judicial) es definitiva, afirma el síndico, y no provisional, por lo que se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del asunto, y por lo tanto, aúna, deberá ser suficiente para concluir con la obra que lleva un avance del 75%.
El recurso legal que protege a la obra vial se concedió hace aproximadamente 12 días, sin embargo, Pizano Ramos rechaza que haya habido alguna violación o desacato a la instrucción de la dependencia federal con la marcha del proyecto, pues la suspensión fue conseguida por la Sindicatura dentro del plazo de cumplimiento marcado por la misma Secretaría de la Función Pública:
“Nosotros pensamos que de acuerdo a los argumentos que esgrimimos no habrá materia para que quede firme esa resolución; sin embargo, hasta que no resuelva el Tribunal nosotros tenemos que ser muy atentos porque si se determinara algún incumplimiento tendríamos que ver en qué términos están y en qué forma; lo importante es que en el plazo que nos dieron para acatar en eso logramos la suspensión, por lo tanto, no incurrimos ni en incumplimiento ni en desacato”.
La inversión en este proyecto ronda los 180 millones de pesos y está previsto para ser concluido antes de octubre.
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA
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